TIJUANA.- Una de las rutas legales para que el senador Jaime Bonilla responda por el fallido contrato que entregó durante su gubernatura para la construcción y operación de una planta fotovoltaica en Mexicali, Baja California, es el desafuero, afirmó el consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez.
Aseguró que una solicitud de ese estilo ante la Cámara de Diputados es procedente para sumarlo al proceso judicial que ya tiene a una decena de personas vinculadas a proceso, entre ex funcionarios bonillistas y representantes de la empresa Next Energy.
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Pon Méndez explicó que comparado con el procedimiento en contra dell fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en este desafuero la responsable de solicitarlo es la Fiscalía de Baja California, y para lograrlo “se requieren de mayores elementos”.
Además, destacó, en este caso la solicitud requeriría la votación de la mayoría absoluta de legisladores federales que estuvieran presentes durante esa sesión.
“En este tiempo hemos llevado a cabo investigaciones conjuntas con la fiscalía general del estado con el propósito de recabar mayores elementos. Lo que les quiero decir es que este tiempo que ha transcurrido no ha pasado en balde”, afirmó el abogado del estado.
EL PROCESO PENAL
Actualmente hay media docena de ex funcionarios estatales vinculados a proceso y amparados ante el inicio de un juicio oral, además de dos representantes de la empresa Next Energy con orden de aprehensión activa.
Ambos dejaron de presentarse a las audiencias y son señalados de retener 123 millones de pesos de participaciones federales mediante un fideicomiso acordado en el contrato que licitó el gobierno de Bonilla Valdez.
Las denuncias fueron presentadas en marzo del 2022 por el gobierno de su sucesora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y en la primera audiencia celebrada en octubre de ese mismo año, el juez de control decidió no procesar a Amador Rodríguez Lozano, quien fue secretario general de gobierno en el bienio del hoy senador.
El pasado mes de noviembre, el mismo consejero jurídico del estado dijo al Congreso local durante la glosa por el segundo año de la administración estatal, que el daño patrimonial de la fotovoltaica que nunca recibió permisos federales, pudo haber alcanzado los 37 mil millones de pesos.
La planta fotovoltaica, había ofrecido el ex gobernador Jaime Bonilla, alimentaría el acueducto que bombea desde Mexicali, a través de La Rumorosa, el agua que llega del Río Colorado para cubrir las necesidades de la zona costa del estado: Tijuana, Tecate, Rosarito y en menor medida, Ensenada.