En San Luis Potosí, la Arquidiócesis dio a conocer que enfrenta una situación difícil pues sacerdotes son coaccionados por miembros del crimen organizado para oficiar rituales religiosos en propiedades privadas. El vocero arquidiocesano, Tomás Cruz Perales, admitió que han existido casos en los que clérigos han sido forzados a realizar servicios como bautizos en las fincas de presuntos delincuentes.
Aunque no hay incidentes recientes, la iglesia sostiene que no puede negar los sacramentos a ninguna persona, lo que ha llevado a algunos sacerdotes a acceder a estas peticiones bajo coacción. La Arquidiócesis también enfatizó su posición en contra del financiamiento de actividades de la iglesia con "dinero de sangre", descartando así la aceptación de donativos de estas personas.
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Además, se ha informado sobre la presencia de sacerdotes suspendidos por la iglesia, operando sin permiso en la región. Los nombres de J. Isabel Macías Alcalá y Gerardo Cuéllar han sido mencionados como individuos suspendidos que han oficiado sacramentos sin autorización, representando oficios nulos y sin valor eclesiástico.
La Arquidiócesis ha emitido una advertencia a los feligreses sobre estos exsacerdotes, quienes fueron separados de sus diócesis por faltas graves y ahora venden servicios religiosos en la zona de Saucito Angostura. A pesar de conocerse su situación, la institución religiosa ha optado por no presentar denuncias formales, limitándose a alertar a la comunidad para prevenir que sean engañados por estos individuos.
DJC