Mérida.- El 28 de octubre, en el municipio de Ticul, Yucatán, se registró el asesinato de un hombre de 37 años. Horas después presentaron a siete personas presuntamente involucradas en el homicidio. Esperanza era una de ellas, pero ese día fue a comprar bolsas -ahí se maquilan- con su esposo e hija de 4 años. Los acusaron de estar involucrados en el delito y su hija fue enviada al Centro de Atención del Menor al Desamparo. La liberaron tras 48 horas, pero logró recuperar a la pequeña un mes después y sólo gracias a que promovió un amparo.
En el caso particular de Esperanza sobresale que, incluso, fue presentada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 48 horas después liberada. Se demostró que no tuvo participación en los hechos. A la par, inició su odisea por recuperar a su hija.
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“La señora es enviada a la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de resistencia de particulares, permanece 48 horas y la niña va con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY)”, declaró su asesor legal, Moisés Velazquez Cuevas.
La mujer no fue arrestada una vez, sino dos veces. Tras las 48 horas en FGE, al salir, de nuevo la detuvieron, está vez por más de 10 horas. Al no hallar elementos de su participación la dejaron ir. En esta ocasión los oficiales la llevaron a la PRODENNAY para qué recupere a su hija.
“La dejan libre y al salir la vuelven a subir a una patrulla por 12 o 13 horas. El 31 de octubre que la dejan ir la llevan a PRODENNAY y le dan un billete de 50 pesos. Pidió informes y la trataron mal, además, no llevaba su identificación porque la Fiscalía de Yucatán no se la regresó”, relató el abogado.
En cuanto a la víctima fatal, solo fue identificado como un contratista de 37 años, de la Ciudad de México, que laboraba en ese municipio, presuntamente en el hospital que se construye en el lugar.
El calvario para recuperar a su hija
Las semanas que la menor permaneció en el Centro de Asistencia Social (CAS) del Estado, que es lo mismo que el CAIMEDE, a Esperanza no le permitieron ver a su hija. Los requisitos para recuperarla eran los mismos que pedían a una madre o padre, cuyo hijo (a) fue enviado por maltrato o alguna violencia. Moisés Velázquez los calificó de desproporcionados.
“PRODENA Y pidió la carta de antecedentes no penales, el antidoping, un estudio psicológico y trabajo social. Cumplimos con los requisitos, pero los de trabajo social pidieron que se realice en la casa donde viven en Cancún y nos advirtieron que demoraría entre 8 y 10 meses porque pedían auxilio a sus homólogos en Cancún. Es excesivo para una menor que nada tiene que hacer separada de su madre”, criticó.
Esperanza decidió junto con su abogado promover un amparo, el juez la concede y ordena al DIF permitirle ver a su hija y agilizar la entrega del menor. Sin embargo, como el criterio era vago, interponen una queja y el Tribunal Colegiado falla a favor de la mujer. Ordena a la PRODENNAY entregar a la menor de inmediato, ya que no existían motivos para estar separada de su madre.
“No hay un motivo fundado de por qué no se le regresa, la discriminaron por haber sido detenida, pese a que se demostró su inocencia y no participación en el delito”, apuntó Moisés.
“Ella tuvo la fortuna de poder pagar un abogado, que calvario sufre la gente que llega sola a buscar a sus hijos sin recursos. Los requisitos son desproporcionados porque la niña no llegó por ser violentada, siguen el mismo requisito sea quien sea, no manejan un criterio para cada caso”, explicó.
Esperanza continúa en libertad y regresó a casa junto con su hija. Demostró ser inocente ante la acusación de un delito que no cometió.