TUXTLA GUTIÉRREZ.- A los 16 años de edad, María Luisa Etzín Pérez, en estado de gestación, recibió una golpiza por parte de su pareja, Diego, quien prácticamente la hizo abortar. El pasado 15 de noviembre, la mujer indígena originaria de Chanal, Chiapas, ya no la libró: el hombre le disparó en el corazón y le arrebató la vida.
Artemio Entzín López cuenta que, a los 15 años, su hija se juntó con el joven campesino, pero fue una relación violenta; “varias veces llegó ella a pedirnos ayuda, pues la había golpeado”, relata.
Este martes, él, su esposa y otros familiares y amigos viajaron al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes “Villa Crisol”, ubicado en el municipio de Berriozábal, donde permanece encerrado Diego “L. V.”, el presunto feminicida, pues temen que lo dejen en libertad.
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María Luisa, joven que hablaba la lengua tseltal y en la actualidad de 17 años, era la segunda de cinco hermanas y seis hermanos; por las mañanas y parte de las tardes, acudía al centro de su localidad para vender frituras y otras golosinas, y con ello obtener un poco de recursos. Mientras que Diego, su feminicida se dedicaba 100 por ciento al campo.
Ella le echaba un poco más de ganas porque, desde hace ocho meses, un bebé crecía en su vientre, testifican algunos de sus seres queridos y conocidos.
Susana Entzín Gómez, prima de la víctima, lamenta que las autoridades de Chanal no los quieran ayudar e, incluso, revela que el Juzgado Municipal de su localidad intentó iniciar un proceso al feminicida con base en sus usos y costumbres.
Aclara que Candelaria Pérez, su tía y madre de María, no ha recibido ningún apoyo para trasladarse y buscar la justicia. Sin embargo, le pide a la Fiscalía para Adolescentes integrar de forma adecuada los elementos de prueba, como la declaración del detenido.
Lo que desean, dice, es que Diego sea juzgado con la pena máxima. Además, acudirán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar su intervención.
“No queremos más que justicia, porque fueron dos vidas las que se perdieron, luego la información que nos llegó es que los padres del asesino piden las pruebas suficientes, pero qué más pruebas quieren…”.
IRREGULARIDADES
El día en que Diego asesinó a María Luisa en el barrio Bajo de Chanal, los médicos intentaron sara salvarle la vida al feto, pero ya no lo lograron. Además, Susana confiesa que, cuando el cadáver fue levantado, no estuvieron presentes los familiares.
Basada en versiones de los vecinos, se supo que María llevaba varias horas tirada en el suelo de la vivienda de su suegra, donde vivía con su pareja. Además, revela Susana, se enteraron de que el presunto feminicida huyó con el apoyo de la madre.
Si lo lograron capturar, dice, es porque gente de otras comunidades se enteraron del crimen, se organizaron y lo “pillaron”, para luego entregarlo a autoridades de Chanal.
Los familiares no saben cuál fue el verdadero motivo del feminicidio; no obstante, en estos días ha circulado una versión: María habría decidido acabar la violenta relación con él, lo que lo motivaría para acabar con su vida.
Antes de ingresar al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes “Villa Crisol” para participar en una audiencia, Artemio Entzín advierte que el mismo yerno lo amenazó de muerte en reiteradas ocasiones, por intentar defenderla cuando era violentada.
Reprueba que un fiscal del Ministerio Público de San Cristóbal de Las Casas no quisiera atender el caso, y los mandara hasta Tuxtla Gutiérrez, al argumentarle que no era de su competencia.
De nueva cuenta, Susana Entzín culpa de forma directa a los familiares de Diego en caso de que le pase algo a los padres de María, pues advierte que, en los últimos días, vehículos “sospechosos” se estacionan cerca de su casa.
“Tememos por nuestras vidas, ya mataron a dos personas, no queremos que esto se repita”. Según ella, revela, en otras ocasiones han ocurrido feminicidios en su pueblo, pero todos quedan en la impunidad.
PREOCUPA VIOLENCIA
Para la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias), a 34 años de la creación de la Convención de los Derechos de la Niñez, “nos encontramos ante escenarios sumamente complejos. El mayor obstáculo se ha convertido en garantizar la sobrevivencia, vida y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; uno de los cuatro principios clave del enfoque de derechos”.
En los últimos años, dice en un documento que emitió hace un par de horas, se ha incrementado la violencia en el estado de forma alarmante. Esto se entiende, agregó, al considerar el carácter estratégico que tiene el territorio a nivel internacional, siendo parte de rutas clave para el tráfico de armas, drogas y personas.
En ese contexto, las niñas, niños y adolescentes de 13 municipios han quedado al centro de la espiral de violencia. Durante el ciclo escolar 2023-2024 se han suspendido clases por la violencia armada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Motozintla y Siltepec.
Esto se debe, agrega, a que no existían condiciones para garantizar la integridad de profesores y estudiantes, lo que afectó a un aproximado de 5,000 niñas, niños y adolescentes.
“La violencia armada no solo coarta el acceso a la educación, sino también el acceso a otros servicios básicos como la salud. A la vez, afecta a otros derechos, como el derecho a la cultura, el deporte y el juego”.
Para dimensionar esta violencia basta ver las cifras del 2023 respecto a distintos fenómenos: 428 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes: 4 adolescentes asesinados por arma de fuego; 2 eventos de desplazamiento forzado de comunidades en Chenalhó, Frontera Comalapa y Motozintla.
En este escenario, las niñas, niños y adolescentes se han convertido en objetivo de grupos criminales a través del reclutamiento forzado, que en Chiapas tiene la modalidad de enganche mediante endeudamiento. De acuerdo con la organización Melel Xojobal, 2,507 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados en San Cristóbal, y 8.1 % en el estado.
Estas situaciones, comentó, impactan profundamente la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. “Podemos notarlo en las cifras de suicidio, que se han incrementado sobre todo en comunidades de la región Altos: para el 2022, la tercera causa de muerte de adolescentes de 12 a 17 años en Chiapas fue el suicidio, según el Inegi”.