PUEBLA.- El Congreso de Puebla aprobó la Ley Sabina para que los deudores alimentarios aparezcan en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias nombre, apellidos, CURP, clave y homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, lo que les impedirá salir del país, tramitar licencias de manejo, ocupar cargos de servicio público, realizar compraventa de inmuebles, y participar en algún proceso electoral.
Sin embargo, en la armonización que hizo con la Ley Sabina aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, los legisladores de Puebla evitaron la creación de un padrón de deudores local que había propuesto le legisladora Mónica Silva Ruiz.
Con 39 votos a favor los diputados locales aprobaron reformar el Código Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.
Te podría interesar
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
La Ley Sabina también contempla la creación de un registro de deudores alimenticios, de un laboratorio genético para el reconocimiento de la paternidad, que el deudor alimentario ingrese al buró de crédito y que se alerte al Registro Civil cuando nuevamente intenten contraer matrimonio.
La aprobación implica que se reforman y adicionan disposiciones en el Código Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, para que los órganos jurisdiccionales incluyan en el Registro Nacional a los deudores alimentarios.
Ahora quien sea deudor alimentario en Puebla estará obligado a informar cualquier cambio en su empleo, ubicación y puesto; además, la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes podrá tener acceso a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
A nivel nacional la Ley Sabina es impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, madre de la niña Sabina que comenzó una lucha legal para que su ex pareja se hiciera responsable de sus obligaciones económicas y reconociera su paternidad.
La ley establece que para procedimientos y para trámites las autoridades podrán pedir como requisito un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentaria cuando un interesado quiera tramitar licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular, participar en la selección para asumir como juzgadores; o bien para realizar trámites para la constitución o transmisión de derechos reales y solicitudes de matrimonio.
La Ley Sabina y la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias aprobados tanto en la Cámara de Diputados federal como en el Senado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo pasado y a partir de esa fecha los Congresos locales y los Tribunales Superiores de Justicia debieron comenzar a armonizar su marco jurídico y a emitir las normativas necesarias para que las autoridades locales puedan cumplir con ello.