El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, obtuvo una suspensión definitiva (freno) para no ser detenido por el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía General de la República (FGR). Las investigaciones contra el aspirante del partido político Movimiento Ciudadano (MC), incluyen supuestos delitos relacionados con desvío de recursos públicos, lavado de dinero, así como ilícitos electorales.
El actual gobernador tramitó un amparo desde el pasado mes de septiembre para evitar ser detenido. La solicitud también fue hecha para distintos integrantes de su familia.
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La suspensión definitiva del juez frena, por el momento, cualquier orden de detención por delitos que no ameriten previsión oficiosa, como delincuencia organizada. El gobernador de Nuevo León busca parar cualquier orden que autorice el juez Primero de Distrito en materia Penal de esa entidad.
Samuel García protege a su familia
Al conceder la suspensión, el juez de amparo en Tamaulipas argumentó que el gobernador tiene fuero, por lo que las investigaciones en su contra son una persecución política. También, evita que cualquier Ministerio Público local o federal solicite audiencia inicial. En caso de que se haya pedido, la suspensión frena las investigaciones en contra del gobernador y su familia.
La resolución no se encuentra disponible por el momento, sin embargo, en septiembre pasado el amparo y suspensión tramitada incluye a su padre Samuel Orlando García Mascorro; su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade; sus hermanos Silvia Catalina y Ana Cecilia, y su esposo David Jonathan Sánchez Quintanilla, alcalde por Movimiento Ciudadano en el municipio de General Terán.
También, a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, así como al papá de ella Jorge Gerardo Rodríguez Valdés; su mamá, Luisa María Cantú Aranda; y sus hermanos Eugenia y Jorge Rodríguez Cantú.
Los principales argumentos del gobernador Samuel García al solicitar el amparo son: “la posible orden de detención, presentación y/ó aprehensión que se ordene librar y ejecutar por parte de la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, en contra de la totalidad de los quejosos, para privarlos de su libertad y posiblemente de su vida”.
La decisión no es definitiva. El Ministerio Público de Nuevo León o de la Fiscalía General de la República pueden presentar una queja o revisión ante un Tribunal Colegiado, quien se encargará de ratificar o revocar el fallo.