TLAXCALA.- Mario, Jorge y Sergio han pasado los últimos 21 años de su vida tras las rejas, víctimas de una detención arbitraria y de tortura. En 2002 fueron detenidos con una orden de comparecencia, no de aprehensión, que requiere autorización judicial, por las acusaciones que por secuestro hizo en su contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala durante la administración del perredista Alfonso Abraham Sánchez Anaya.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Jorge Hernández Mora y Sergio Rodríguez Rosas fueron detenidos sin orden de aprehensión el 13 de agosto de 2002 por agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia.
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Cumplen una condena de 30 años, aunque en el caso hay múltiples sentencias que en su mayoría han sido revocadas por tribunales superiores y se han determinado violaciones de derechos humanos: el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dictó sentencias condenatorias el 26 de septiembre de 2008, el 30 de abril de 2012 y el 30 de septiembre de 2019; el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el entonces Distrito Federal dictó sentencia en tres momentos: el 31 de julio de 2005, el 26 de marzo de 2008 y el 28 de marzo de 2019.
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A los tres, de acuerdo con la procuraduría de Tlaxcala encabezada por Eduardo Medel Quiroz, les encontraron cocaína: fueron detenidos y presentados en una conferencia de prensa como integrantes de una banda de secuestradores a la que denominaron como Los Kempes.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha denunciado que en la detención y el proceso judicial Mario, Jorge y Sergio fueron torturados para que confesaran un crimen que no cometieron y que los agentes tlaxcaltecas sembraron la droga.
Al adoptar las conclusiones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que la detención fue arbitraria ya que no fueron informados de las razones de su arresto y las autoridades no contaban con órdenes de aprehensión.
Hernández y Rodríguez residían fuera de Tlaxcala, por lo que la Procuraduría General de Justicia debió emitir una solicitud de colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, donde ellos residían. Sin embargo, lo hizo con la Procuraduría General de la República.
Y en el caso de Almanza “fue detenido cuando se encontraba en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a las que acudió voluntariamente. En este caso, es imposible justificar la legalidad de la detención, no solo por la ausencia de una orden o por el hecho de que la detención se realizó con engaños, sino porque fue detenido dado que a la procuraduría le hacía falta una persona. Ello sucedió habida cuenta de que la otra persona contra quien existía orden de comparecencia era un niño de 10 años”.
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Además, encontró que al exhibirlos como delincuentes se comprometió su presunción de inocencia y consideró que el Estado mexicano violó su derecho a un juicio sin demora, ya que llevan más de 20 años en prisión sin que haya una resolución definitiva. El Grupo de Trabajo también determinó que no se les garantizó un juicio justo al someterlos a tortura y mal trato.
Pidió al gobierno de México liberar a los implicados y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, e instó a las autoridades a investigar las circunstancias de las detenciones y adoptar medidas contra los agentes que cometieron las violaciones a los derechos humanos.
Contra Jorge, una emboscada
El 13 de agosto de 2002, Sergio Rodríguez Rosas recibió una llamada en la que le informaban que uno de sus hijos había sido detenido. Fue a su casa y luego, junto a otro hijo, a la agencia de policía de San Agustín donde le dijeron que su hijo podría estar en el Centro de Justicia de Ecatepec.
Alrededor de las 11:00 horas ambos fueron interceptados por una camioneta sin placas en la vía Morelos de Ecatepec: tres personas armadas los sometieron, les cubrieron el rostro, les amarraron las manos hacia atrás y los forzaron a abordar la camioneta donde los golpearon.
Ambos fueron llevados a una construcción de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde estaba torturando al hijo que ya había sido detenido; Sergio Rodríguez Rosas fue llevado a un cuarto, lo obligaron a desnudarse, lo arrojaron al suelo y lo sofocaron. Con su bota un policía le aplastó la cabeza contra el piso alrededor de 20 minutos, «le patearon las costillas, pero se detuvieron cuando le vieron la cicatriz de una operación. Recibió un golpe en el rostro que le hizo sangrar de la nariz y le rompió un diente», señala el informe de las organizaciones.
Rodríguez Rosas fue llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado donde fue exhibido públicamente por el procurador Eduardo Medel Quiroz, junto con otros coacusados, como secuestrador.
En el documento se indica que fue llevado a celdas con paredes de cristal, desde donde podía ver a sus hijos. Ahí fue golpeado para que leyera en voz alta un escrito donde confesaba ser secuestrador, mientras grababan su voz; fue llevado a una celda donde un policía lo amenazó con matar a sus dos hijos si no firmaba unas hojas.
Cuando las firmó sin leerlas, fue llevado de nuevo a las celdas de cristal donde pudo ver cómo uno de sus hijos era sometido a descargas de agua gasificada con picante en la nariz. Durante la madrugada lo sacaron a un jardín y simularon su ejecución. Luego fue llevado a una celda donde pasó el resto de la noche del 13 de agosto de 2002 hasta su traslado a la Procuraduría General de la República.
A Jorge lo estuvieron cazando
Jorge Hernández Mora fue detenido el 13 de agosto de 2002: al llegar a su domicilio tres sujetos bajaron de un automóvil, se dirigieron hacia él y le tomaron de los brazos. Él gritó solicitando ayuda y se resistió mientras lo arrastraban e ingresaban al vehículo sin informarle qué sucedía. Vecinos y familiares salieron a la calle. Entre ellos, Mario Almanza Cerriteño.
Cuando los agentes obligaron a Hernández Mora a abordar el automóvil de los agentes, Mario Almanza Cerriteño y un familiar del detenido pidieron acompañarlos, los agentes les dijeron que irían a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Tlaxcala. Al llegar al estacionamiento de la procuraduría, un policía les pidió que se separaran.
A las 14 horas, un comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a Hernández Mora a una oficina donde le puso una grabadora, lo golpeó y lo obligó a grabar su voz diciendo que era un secuestrador. Quiso obligarlo a firmar unos papeles y como se negó lo tomó del cuello y lo llevó a una celda individual a la que entraron tres policías: le vendaron pies y manos, mientras uno de ellos se sentó sobre él y le dio un puñetazo que lo sofocó. Y siguieron: en al menos cinco ocasiones le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza mientras se reían de él y le introdujeron agua picante gasificada por la nariz.
El comandante entró a la celda y le preguntó si ya iba a “cooperar” y como se negó ordenó que lo llevaran a una diligencia de confrontación y luego a una oficina donde fue encerrado con 15 policías encapuchados que lo colocaron boca abajo sobre el piso mientras caminaban sobre su espalda. Uno de los policías tomó su brazo y lo estiró hacia atrás hasta que “tronó”. Otro le pisó la mano.
Después de ser presentado como secuestrador por el procurador Medel Quiroz, lo trasladaron a una construcción cercana a la procuraduría donde fue obligado a desnudarse y a hacer 250 sentadillas y 250 lagartijas; lo ataron boca arriba a una tabla y lo amarraron hasta el cuello para dejarlo “momificado”. El comandante le dijo: “ya sé cómo te vas a morir” y ordenó a los policías que lo llevaran hasta una cisterna donde introdujeron su cabeza en el agua y le dejaron caer la tapa.
Fue llevado a una enfermería y al terminar la revisión nuevamente ante el comandante que colocó una pistola sobre su cabeza y le obligó a firmar documentos sin poder leerlos. Finalmente, lo dejaron en una celda para que pasara la noche del 13 de agosto de 2002 hasta su traslado a la Procuraduría General de la República.
“Ni modo, por pendejo ya te chingaste"
Como Jorge Hernández Mora y Sergio Rodríguez Rosas, Mario Almanza Cerriteño fue detenido la mañana del 13 de agosto alrededor de las 10:30 horas: cuando se encontraba en casa de una amiga vecinos le avisaron que se llevaban preso a Hernández Mora. Un policía le preguntó si él era un tal “Alejandro”, ya que existía una orden de comparecencia bajo ese nombre, a lo que contestó que no, que ese era un conocido, menor de edad, que entonces tendría 10 u 11 años.
Almanza solicitó acompañar a los policías que detuvieron a Hernández Mora. Con él iban cuatro personas sin identificación. Al llegar, el vehículo entró al estacionamiento. Él intentó bajar del auto, pero los policías se lo impidieron y dos personas permanecieron vigilando hasta que llegó otro vehículo donde lo tuvieron 30 minutos y le pidieron su credencial para votar y tomaron sus datos.
Al bajarlo del auto lo llevaron a un comedor a donde llegaron tres personas que hablaban entre sí y lo observaban; lo llevaron a un pasillo, donde le pidieron permanecer con las manos atrás y contra la pared. Un policía lo tomó del cuello y lo obligó a caminar. Almanza indicó que él estaba ahí para pedir información, pero fue insultado y le dijeron “ni modo, por pendejo ya te chingaste”. Ante la falta de Alejandro, quien tenía una orden de comparecencia, él iba a “entrar”.
Lo llevaron a otro edificio, tipo hospital, y lo colocaron contra la pared para revisarlo. Después lo ingresaron a otro edificio con celdas de cristal hasta que un policía encapuchado le preguntó “¿para quién trabajas?” Y comenzó a golpearlo junto con el comandante. El policía lo arrojó sobre las cobijas y le obligó a que se cubriera con una para después golpearlo en el estómago, las costillas y las piernas, haciendo que se cayera. En el piso, un oficial se dejó caer de rodillas sobre sus costillas.
Un policía lo llevó a una habitación con silla metálica. Ahí lo esperaban tres personas: un policía encapuchado, el comandante y otro policía. Lo sentaron en la silla y el comandante le echó un balde de agua; sacaron unos cables, uno tenía un anillo de cobre que le obligaron a ponerse en la mano, otro tenía una lámina de metal que le obligaron a ponerse en la boca.
Le aplicaron descargas eléctricas, cuya intensidad lo hizo llorar. Los policías se burlaban, le rompieron el pantalón y le desnudaron y amenazaron con darle descargas eléctricas en los genitales intentando hacerle confesar que él “era el que estaba a cargo”. Le decían que ya todos los demás habían dicho que él era el “mero mero”.
También fue presentado por el procurador como integrante de la banda de secuestradores “los Kempes”. Durante la rueda de prensa, Almanza gritó que él no estaba involucrado y para callarlo, un policía le golpeó el rostro y el estómago.
Al finalizar la rueda de prensa lo llevaron a una oficina donde lo obligaron a simular que él era un secuestrador y lo regresaron al cuarto donde había sido torturado donde una vez más fue víctima de golpes en costillas, estómago, piernas y brazos, así como de amenazas contra su familia.
El 17 de agosto de 2002 los tres fueron trasladados al Reclusorio Sur de Ciudad de México y al decretárseles prisión preventiva, permanecieron en dicho reclusorio, pero durante los años siguientes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social 5, en Veracruz; el Centro Federal de Readaptación Social Número 6, en Tabasco; el Centro Federal de Readaptación Social 8, en Sinaloa; el Centro Federal de Readaptación Social 14, en Durango; y el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México.
Cuando Jorge Hernández Mora fue detenido tenía 21 años de edad; Sergio Rodríguez Rosas, 43 años; y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, tenía 25 años de edad. Hoy día Jorge Hernández Mora tiene 42 años; Sergio Rodríguez Rosas, 64 y Almanza Cerriteño, 46.
Tanto Jorge como Almanza Cerriteño han pasado la mitad de su vida en prisión por las arbitrariedades que se cometieron en la administración de Alfonso Sánchez Anaya como gobernador de Tlaxcala y quien el 1 de diciembre fue nombrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Secretaría de Gobernación; el entonces procurador Eduardo Medel Quiroz es director general de recursos humanos en el Senado de la República, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.