TUXTLA GUTIÉRREZ.- Empresarios del ramo inmobiliario, en contubernio con servidores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como de algunas notarías de Chiapas, se han empecinado, desde hace más de una década, en defraudar a decenas de personas, las cuales podrían perder su patrimonio.
Ante la lentitud con que autoridades estatales han tratado cada uno de sus casos, el martes pasado, al menos cuatro víctimas decidieron dar la cara y ventilar las omisiones de las autoridades y el sufrimiento que han vivido desde que, en distintos momentos, se dieron cuenta de que sus inversiones estaban en riesgo.
En 2009, Heyne González Velázquez adquirió una casa en el fraccionamiento Jardines de las Flores, sección I, de Tuxtla Gutiérrez, por la cual pagó 3.5 millones de pesos; sin embargo, en la actualidad vive en la incertidumbre.
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Grupo Constructor Líneas del Sur SA de CV o GCI, Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar SA de CV y Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas son las empresas que, desde hace años, se han dedicado a defraudar a la gente, según las denuncias presentadas por las víctimas.
LOS NOMBRES DEL “JUEGO SUCIO”
Los empresarios denunciados son Erick Romero Peimberth, Viviana Leticia Zuarth Flores, Gustavo Adolfo Flores, Luis Ernesto Sauza y Juan José y Alejandro Javier, ambos de apellidos Gutiérrez Chapa.
De acuerdo con los denunciantes, el modus operandi de estas personas morales es el siguiente: se apoderan ilegalmente de una propiedad o terreno, donde luego edifican un complejo habitacional. Obtienen dinero de potenciales clientes, a quienes les piden acelerar sus pagos para que no gasten más y les entreguen más rápido sus viviendas. Sin embargo, al realizar el pago completo por la propiedad, la escritura nunca llega. Lo único que les da la bienvenida son problemas.
Los denunciantes afirman tener información sobre 30 o 40 casos de defraudación inmobiliaria, aunque advierten que podrían ser muchos más, pues son gente que adquirieron sus viviendas en diferentes fraccionamientos, como La Arbolada, Santa Fe, La Antigua, San Agustín y La Vista, entre otros.
Entre las denuncias contra los empresarios inmobiliarios destacan que han dejado fraccionamientos “a medias”, cometen fraudes o no cumplen con las normativas. “No titubean al engañar”, dicen los afectados.
Heyne González cuenta que a él le falsificaron las escrituras, por medio de la notaría pública 118, pese a que estaban asentadas ante el Registro Público de la Propiedad, con su respectivo pago predial.
No obstante, menciona que hay otras escrituras embargadas con Banorte, con la hipoteca de la misma casa que a él le dieron tras haberla pagado. “Un día entro a lo que según era mi casa y me topo con otra persona que regaba el pasto; me dijo que esa propiedad era de él… ¡revendieron la propiedad!”.
Como demandó a la empresa, le otorgaron otra casa, pero esta era propiedad de Viviana Zuarth, esposa de Erick Peimberth, representante de la empresa GCI; sin embargo, pasaron ocho años para que se solucionara la situación.
El problema se “reavivó” hace algunos meses debido a que, mediante un requerimiento, le advirtieron que debe un semestre del préstamo hipotecario “por la casa donde vivo, ¡cuando ya tengo escrituras! Entonces qué pasa, cómo puedo pagar impuestos si hay dos escrituras… hay delincuencia organizada”.
Con base en documentos oficiales, sobresale el nombre de Leonardo Daniel López Gálvez, quien aparece como encargado de despacho del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chiapas. “Voy a demandar”.
TIMADA Y DEMANDADA
Por su lado, Carolina González Godoy cuenta que, en febrero de 2017 firmó un contrato de compra-venta por alrededor de 3 millones de pesos para tener su propia casa en el fraccionamiento Jardines de Mactumactzá, por medio de la compañía Grupo Constructor Líneas del Sur SA de CV, cuyo representante legal es Erick Romero.
El 7 de mayo de 2021, recuerda, le llegó un requerimiento por parte de Banorte, a nombre de Gustavo Adolfo Flores, donde se le advierte que debía varias mensualidades por una hipoteca de la propiedad que ella adquirió.
Tras el intento de comunicarse con la empresa y la respuesta negativa, a ella no le quedó de otra que demandarla vía penal, por lo que se abrió la carpeta de investigación por el delito de fraude específico, con causa penal 103/2022.
“Viví un viacrucis porque esa carpeta no caminaba, hasta que un día se me hizo justicia con la fiscalía general, y en la actualidad Erick Romero está vinculado a proceso y aparece como imputado el señor Gustavo (Adolfo Flores)”.
Con el desgaste económico, moral y sicológico, la madre de familia advierte que tiene que esperar la audiencia intermedia para seguir el proceso legal.
Lo más lamentable, dice, es que el pasado 6 de enero le llegó una notificación del Juzgado Segundo de lo Civil, debido a que el empresario Erick Romero Peimberth ahora la demandaba a ella por recisión de contrato y cambio de situación jurídica, “cuando él está vinculado y ya ni es dueño de la casa… esto es desgastante…”.
“Hemos caído en manos de seudoempresarios que han hecho de las suyas, bajo el amparo de dependencias federales, del estado y hasta municipales; ellos atacan a personas que, con base en su esfuerzo, han conseguido algo”, señala Heyne González.
“PELEARÉ POR LA MEMORIA DE MI MADRE”
A Guillermina Flores López prácticamente le robaron un predio superior a las tres hectáreas y media dentro de Tuxtla Gutiérrez; nunca le dieron un peso y, para colmo, hace un lustro falleció.
Sin embargo, María del Rosario Gómez Flores, su hija, advierte que está dispuesta a todo hasta que les paguen hasta el último peso de su propiedad, es decir, los más de 30 millones de pesos que valen esas tierras donde, en la actualidad, hay filas de viviendas residenciales con un valor, cada una, de al menos 3.5 a 5 millones de pesos. Es un fraccionamiento “bautizado” como Ámbar, ubicado en la 15ª Poniente de Tuxtla.
Como se trató de un robo, aclara que en 2017 se abrió una carpeta de investigación, misma que no avanza. Incluso, a ellos les prometieron ocho casas o un monto de 14 mdp, pero no han visto nada de eso. “Esos seudoempresarios engañan a la población, como a nosotros”.
La supuesta compra de la tierra se dio a través de Grupo Constructor Líneas del Sur SA de CV, cuyos representantes son Erick Romero y Viviana Zuarth, mismos que luego traspasaron la propiedad a diferentes grupos de empresas, como la Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar, entre otras.
“Ellos se confabulan con los hermanos Gutiérrez Chapa, quienes manejan una Sofom, y entre ellos mismos hacen todo, y así han ganado muchísimo dinero; solo en el fraccionamiento Ámbar hicieron 91 casas”.
Por ello, recuerda que en 2015 emprendió una acción legal mercantil, pero en 2017 se enteró que Grupo Constructor Líneas del Sur SA de CV traspasó todo, de manera ilegal y mañosa, a otras compañías.
Tras dejar ver una serie de irregularidades, María del Rosario Gómez comenta que no ha tenido comunicación con los estafadores. “Tengo que decir que, en la actualidad, mi carpeta de investigación comienza a caminar un poco más”.
De hecho, dice que quisieron tumbar el proceso penal en tres ocasiones: una por sobreseimiento, otra por no ejercicio de la acción penal y una más por prescripción.
“Pero hoy puedo decirles que tenemos una sentencia firme, pues el magistrado advierte que se cometió fraude genérico en contra de mi madre, de la tercera edad, vulnerable y viuda”.
Miguel Ángel Vázquez, médico de profesión, lamenta haber conocido a Gustavo Adolfo Flores en 2009 y adquirir, con él, una propiedad por más de 1.7 millones de pesos en el fraccionamiento La Vista.
Para 2010, el proyecto, en principio, contemplaba una torre de consultorios médicos y un hospital de tercer nivel, además de algunos desarrollos residenciales.
Interesado, Miguel participa, recibe un contrato de compra-venta (el cual ya no tiene), y tiempo después se entera que ese proyecto no fue autorizado por el ayuntamiento, y que su dinero no se le podía regresar. En cambio, le darían un departamento en el desarrollo La Antigua.
“Se elabora un nuevo contrato, ya hablamos del año 2011 y tenía que pagar el resto, y en 2013 se me entregaría; la construcción no avanzaba, hasta la fecha sí hay un edificio color blanco, pero no está terminado, y lo que está se deterioró”.
A pesar de que ya estamos en 2023 y que liquidó todo, Miguel Ángel Vázquez no ha recibido nada; sin embargo, manifiesta que no descansará hasta recuperar su patrimonio y que el “grupo de delincuentes” pague por lo que le hizo a “muchas familias”.
De lo que están seguros todos, coinciden, es que se enfrentan a un “monstruo de mil cabezas”, asesorado por defensores legales que utilizan un “abanico de argucias” legales para que los expedientes sean cerrados y archivados.
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