Un análisis que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las cuentas bancarias de ex funcionarios, notarios y abogados que integraron el "Cártel Inmobiliario" que operó con el respaldo de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a su titular Santiago Nieto a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por el delito de enriquecimiento ilícito.
Entre los nombres que figuran en la carpeta de investigación CI-FIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020 está el de Fausto "G", quien fungió en la administración pasada como coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad en Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), puesto que le fue asignado en 2012 por su ex compañero de generación en la carrera de Derecho Miguel Ángel Mancera, cuando éste tenía las riendas de la capital.
De acuerdo a las indagatorias, el ex mandatario capitalino y Fausto también habrían trabajado juntos en la desarrolladora inmobiliaria BAITA, donde ambos entablaron una amistad con el propietario Simón Neumann, con quien impulsaron decenas de contratos entre los años 2012 y 2014, periodo en el que el empresario llegó a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2012- 2014), cargo que también le fue asignado por Mancera, quien actualmente es senador de la República Mexicana.
A pesar de que las investigaciones colocan a Neumann en la estructura principal del denominado "Cártel Inmobiliario", su nombre no obra en la denuncia interpuesta por Nieto; sin embargo hay otras siete personas más que son señaladas. Una de ellas es la esposa de Fausto "G", Vanessa "A" quien quedó a cargo de la desarrolladora DEKAH ASOCIADOS S.A. de C.V, luego de que su pareja y dueño de esta inmobiliaria se integrara al gabinete de Mancera, con el fin de evitar un "conflicto de interés"; no obstante esta empresa también fue beneficiada con contratos en la gestión pasada.
En 2018, cuando La Silla Rota dio a conocer las operaciones del "Cártel Inmobiliario", el mismo Fausto confirmó que había cedido sus acciones a su esposa, "para no caer en conflicto de interés", así como Neumann a sus hijos; aunque estos cambios no aparecen en registros públicos. "Pero son sus familiares directos, ¿no tienen intereses?", se le cuestionó en aquella ocasión. "Es una suposición, pero tampoco es que así sea", respondió el abogado.
En la lista de cercanos al ex jefe de Gobierno que también son indagados, están los hermanos Alejandro y Raúl "R", amigos de Mancera y trabajadores de las notarias 215 y 233, desde las cuales se escrituraron los inmuebles involucrados en las indagatorias e incluso desde una de estas se certificó a la inmobiliaria de Fausto "G".
Los movimientos y negocios que se hicieron en la notaria 215 fueron respaldados por su titular Uriel "O", de las que obtuvo "jugosas" ganancias, según las pesquisas realizadas por las autoridades, por esto forma parte de las personas indagadas y denunciadas por la UIF por uso de recursos de procedencia ilícita.
VAN POR MÁS NOTARIOS Y EMPRESARIOS INVOLUCRADOS CON EL "CÁRTEL INMOBILIARIO"
Como parte de las pesquisas que lleva a cabo la unidad encabezada por Santiago Nieto, se ha derivado una línea de investigación que apunta a que los notarios cercanos a Mancera tienen cuentas en el extranjero. Uno de estos es Uriel "O" y al cual se le suma el titular de la notaria 233 Ángel Gilberto "A", sobre de quien pesan averiguaciones previas y carpetas de investigación que habían sido detenidas durante la época mancerista, pero que actualmente son nuevamente revisadas.
Debido a que los análisis de la UIF continúan en torno a este circulo cercano al senador, se prevé que en los próximos meses se presenten más denuncias en contra de los investigados, entre ellos un grupo de notarios y personajes del grupo empresarial.
El resto de los nombres que obran en la denuncia presentada por Santiago Nieto son los de Diana Marcela "C", Rafael "M" y Fabio "P", abogados y ex funcionarios que forman parte de la estructura del denominado "Cártel Inmobiliario", del cual la jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum aseguró en su segundo informe de labores que ya se "acabó".
En una investigación realizada desde 2017, La Silla Rota documentó 11 desarrollos departamentales que fueron construidos y/o vendidos por funcionarios del jefe de gobierno como accionistas o representantes legales de las compañías, o por quienes son sus mismos socios en otras empresas, lo que representa un conflicto de interés.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción XIII, señala que el servidor público debe "excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte".
Algunos de estos desarrollos violaron normas ambientales, de uso de suelo y construcción.