TIJUANA.- Colectivos de búsqueda de desaparecidos de Baja California mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión local en Tijuana a causa de un conflicto por el control del organismo. Los inconformes con el actual comisionado, Rafael Hernández Murrieta, llegaron a las oficinas el pasado miércoles 11 de enero para exigir su renuncia.
“Estamos bien decididos a no irnos de aquí hasta tener resultados”, dijo Angelita Almeraz, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, de la ciudad de Tecate.
Ese día los manifestantes pidieron la presencia de medios de comunicación ante la posibilidad de que otros colectivos se presentaran para tratar de liberar las oficinas que pertenecen a la Secretaría General de Gobierno (SGG), donde además se procesan trámites relacionados con notarías públicas y registro civil.
Te podría interesar
El problema no escaló pero un grupo de tres colectivos más firmó después un comunicado de prensa para pedir una solución al paro forzado de actividades.
Exigimos que la autoridad establezca el orden y la justicia, y mantenga la comisión local de búsqueda ajena a estas irreverentes seudo manifestaciones que carecen de honorabilidad en la medida que solo violentan a los ciudadanos”, indicaron.
Los grupos están divididos entre quienes apoyan a Hernández Murrieta y a Juan Manuel León Martínez, el primer titular que tuvo la Comisión local de búsqueda en este estado y dejó el cargo en mayo del 2022.
Cuando se fue habían pasado tres años y tres meses desde su nombramiento realizado en el último año de la administración del ahora ex gobernador panista, Francisco “Kiko” Vega.
La convocatoria para sustituirlo fue lanzada en diciembre del 2021, ya en la actual administración estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, y causó molestia entre el grupo de colectivos que hoy se manifiesta nuevamente.
Producto de esa convocatoria, en mayo del año pasado llegó a la titularidad Rafael Hernández Murrieta, Director en la misma Comisión durante la gestión de León Martínez.
Pero el nombramiento duró apenas un mes porque en junio el gobierno estatal cedió a las protestas emitiendo una nueva convocatoria en la que participaron otra vez tanto Hernández Murrieta como León Mártínez, además de otros 6 especialistas.
Luego de la evaluación de un comité integrado por Derechos Humanos, asociaciones civiles relacionadas con la búsqueda de personas, la SGG y el congreso local, la gobernadora eligió en octubre del año pasado nuevamente a Hernández Murrieta dentro de una terna de finalistas.
“Estuvo mal, siempre estuvo mal de nuevo porque Rafael era un funcionario público, no podía entrar a la terna y aún así entró. Sabían que traíamos nosotros a Juan Manuel León y solamente hubo trabas para que no se presentara a exámenes”, afirmó Angelita Almeraz en medio de las nuevas manifestaciones.
De acuerdo con un comunicado de prensa del comité, difundido durante el proceso de selección, Juan Manuel León no se presentó a la prueba escrita y tampoco justificó su ausencia, por eso quedó fuera del concurso.
BÚSQUEDAS Y PRESUPUESTO
Ambos bandos dedicados a la búsqueda de personas, cuando el titular de la Comisión local no ha sido el que cada uno respalda, se han acusado mutuamente de favoritismo.
Aseguran que los calendarios para búsquedas en campo son en beneficio del grupo opositor, y que no hay resultados en labores “institucionales”; esto es, búsquedas no acompañadas por colectivos.
Ahora quienes tienen tomadas las instalaciones denunciaron también un posible mal manejo presupuestal, aunque en la Secretaría General de Gobierno afirman que la Comisión no dispone libremente de recursos porque depende de una subsecretaría.
De cualquier manera los inconformes anunciaron que en estos días interpondrán las denuncias correspondientes. “Pruebas sí las hay”, afirmó la presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos.
De acuerdo con los manifestantes, en el plantón hay alrededor de 12 colectivos, mientras que la SGG de Baja California tiene conocimiento de al menos 23 colectivos en todo el estado.
Al iniciar la actual administración, en octubre del 2021, el gobierno bajacaliforniano tenía comunicación con una docena, pero la cantidad ha crecido a causa de rompimientos internos que han dado paso a nuevos grupos.
“No tengo problema con ningún colectivo, cada quien. Veo que hay personas que defienden intereses monetarios (...) pero sí no estoy de acuerdo en muchas maneras de trabajar de otros colectivos, la verdad solamente buscaría lo que es equitativo para todos”, respondió Angelita cuestionada por la confrontación entre familiares que buscan a sus desaparecidos.
(djh)