MÉRIDA.- Continuar con las obras del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, se viola el acuerdo de Escazú y el derecho de las personas a un medio ambiente sano. Con estos argumentos, la organización internacional Greenpeace informó que se admitió la ampliación de la demanda de amparo -expediente 1216/2022- que interpusieron el viernes 29 de julio.
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“El Tren inició en ilegalidad, sin permisos, consultas y sin la manifestación de impacto ambiental, tampoco hubo derecho a la información de las personas. Violan la ley y derechos de las personas a un ambiente sano y la libre determinación y participación. En el amparo convocamos el acuerdo de Escazú”, explicó en conferencia Viridiana Lázaro, de Greenpeace.
La ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya resulta inconstitucional, ya que menoscaba los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.
Se trata de los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú)
Mencionaron que hasta la semana pasada se encontraba vigente la suspensión de las obras del tramo 5 del Tren Maya; misma que el juez revocó porque consideró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cumplió con las condicionantes que les solicitaron.
“Sabíamos que la semana pasada la suspensión del proyecto estaba vigente con todo y la autorización nacional porque se tenían que cumplir condicionantes. Lo que se intuye es que ya las cumplieron y el juez considera que puede revocar la suspensión. La única condicionante que se ve en la síntesis es una garantía de millones de pesos para compensar los daños ambientales”, comentó el asesor legal de Greenpeace, Luis Miguel Cano.
En la ampliación de la demanda de amparo, Greenpeace solicitó que como medida de reparación de daño se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento.
Que el Congreso de la Unión ponga en marcha medidas legislativas necesarias para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú.
Otra de las demandas es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú.
Además, de dictar medidas de restauración de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Tren Maya tramo 5.
Apenas este miércoles, el director general del Fonatur, Javier May, informó que fueron revocadas al menos tres suspensiones definitivas en contra del Tramo 5 sur del Tren Maya. Se trata de las suspensiones concedidas a los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022.
A través de redes sociales, el funcionario aseguró que la obra siempre fue legal, "pero atendimos todos los requerimientos del juez para no dejar duda".
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