MONTERREY .- Este miércoles, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 40 de la Ley de Administración Financiera, por lo que el gobierno estatal no podrá tener libre manejo de los recursos excedentes que para el próximo año se estiman en alrededor de 17 mil millones de pesos.
La votación quedó: 28 votos a favor (PAN, PRI y Jessica Martínez e independientes), 11 en contra (MC) y las abstenciones de Waldo Fernández, de Morena, y Raúl Lozano, del PVEM.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora los acusó de andar como fieras en busca de recursos para beneficiarse,
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"Qué tremenda actuación, cuánta falsedad dicha en unos cuantos minutos, de verdad, increíble es escuchar que hablen de sensibilidad e interés de los ciudadanos cuando han encabezado, sexenio tras sexenio, a los gobiernos más corruptos", añadió.
"Es una total falsedad, una hipocresía el que justifiquen, el querer agandallar los recursos del estado a través del Poder Legislativo, qué triste que aquí lo único que buscan es ver de qué manera se allegan de más recursos", insistió Pámanes.
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La iniciativa de reforma fue de los coordinadores del PAN, Carlos de la Fuente, y del PRI, Heriberto Treviño, así como por la diputada local sin partido, Jessica Martínez, y se le dio entrada el 28 de noviembre-, ante la posibilidad de que en el 2023 se aplique el mismo Presupuesto de Egresos de este año.
EL ORIGEN DE LA CRISIS POLÍTICA
Desde hace casi ocho meses, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha tenido diversos enfrentamientos con el Congreso local por la retención de participaciones estatales, la modificación del escudo local y ahora, el “veto” al otrora candidato priista a la gubernatura, Adrián de la Garza, para que ocupe la fiscalía estatal.
Ello, tras la renuncia, el pasado 5 de octubre, del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien permaneció en el cargo cuatro años.
Tras la vacante que dejó Gustavo Adolfo Guerrero, el pasado 13 de octubre, el Congreso de Nuevo León aprobó la convocatoria para la designación del nuevo fiscal.
El 8 de noviembre pasado y, sin el respaldo de la bancada de Movimiento Ciudadano, el Congreso local avaló la terna de aspirantes a encabezar la Fiscalía General del estado:
- Adrián de la Garza, egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que cuenta con más de 25 años en el servicio público, en los que se ha desempeñado como procurador de Justicia estatal y, en dos trienios, alcalde de su ciudad natal, Monterrey.
- Pedro Arce, exsubprocurador de Ministerios Públicos.
- Guadalupe Saldaña, exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones.
- Genaro García, exsecretario del ayuntamiento de Monterrey.
Samuel García vetó, de inmediato, al priista Adrián de la Garza Santos.
EL ENFRENTAMIENTO
El 11 de noviembre, la diputada del PRI, Marcela Guerra, anunció un juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por violar la Constitución y los derechos de los neoleoneses, al negar la liberación de recursos y no realizar las transferencias federales a los municipios.
Mediante un comunicado, la Cámara de Diputados federal informó que “Al negar la liberación de los recursos, así como no realizar las transferencias de las aportaciones federales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, viola los derechos de los neoleoneses, por lo que diputados federales del PRI y PAN presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), informaron la diputada Marcela Guerra y el diputado José Luis Garza, del PRI”.
Además de lo anterior, adelantaron, “que el titular del Ejecutivo estatal no se salvará de enfrentar un juicio político por sus violaciones graves al federalismo, a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
El 17 de noviembre, el Congreso local decidió “reactivar” una denuncia contra el mandatario naranja, para someterlo a juicio político, además para supeditarlo a una consulta popular de revocación de mandato, con modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana local.
Este asunto tiene su origen desde octubre del 2021, cuando al inicio de su administración, modificó el escudo estatal, quitándole todos los colores (azul, amarillo, rojo, negro, blanco) y dejando únicamente la silueta.
Además, retiró el lema en latín Semper Ascendends (Siempre ascendiendo) por la leyenda El Gobierno del Nuevo Nuevo León, lo que causó polémica entre la población.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
En días pasados, Javier Navarro, secretario de Gobierno de NL, informó que se le otorgó un amparo contra el juicio político que detiene el proceso en su contra al señalar la existencia de irregularidades que respetaron los procedimientos debidos, ya que la ley marca cinco días para contestar la demanda de juicio y a él sólo le fueron concedidas 24 horas.
El proceso en su contra se sustenta en la Constitución Local, misma que establece que una de sus obligaciones como secretario de Gobierno consiste en asegurarse de que las iniciativas de ley aprobadas se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.
Navarro también enfrenta una investigación penal por la fiscalía Anricorrupción, motivo por el que fue desaforado por los diputados del Congreso local, que también refiere a la falta de publicación de iniciativas legislativas en el Periódico Oficial.
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