PUEBLA.- Almaden Minerals sigue violentando a las comunidades de Ixtacamaxtitlan, en Puebla, por medio de la ruptura del tejido social, denunciaron representantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua.
En el zócalo de la ciudad de Puebla, acusaron que, a partir del 16 de febrero de 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó cancelar a la transnacional Almaden Minerals -concesiones para el proyecto minero “Ixtaca”-, la minera ha incrementado su intervención en la comunidad, provocando la ruptura del tejido social en la comunidad de Santa María Sotoltepec.
Afirmaron que gente contratada por la empresa reparte a habitantes dádivas monetarias y en especie, como 10 bultos de fertilizante, y les hacen la promesa de otorgarles, en un futuro cercano, un bulto de maíz híbrido, cinco bultos de fertilizante, dos litros de biofertilizante y dos horas de tractor agrícola, sin que les deje claro a cambio de qué les entregará esos apoyos.
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Los representantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua afirman que estas acciones de la minera pretenden dividir y confrontar a los integrantes de la comunidad.
“La minera se inmiscuye de manera descarada en eventos escolares, sociales y religiosos con el discurso de que le importa el desarrollo del ejido Santa María Sotoltepec, aunque dicho desarrollo no pasa de beneficios materiales que para ellos significan inversión a mediano plazo”.
En la primaria y el bachillerato ha otorgado recursos materiales para la mejora de los espacios y ha organizado cursos para fomentar en la niñez y juventud la idea de que la presencia de la mina es positiva en la comunidad. Fuera de los planteles, Almaden Minerals promete construir una presa en una brecha donde hay escasez de agua a sabiendas de que desde hace años existen dos unidades de riego que cuentan con sus presas y su red de distribución a cada parcela.
Denunciaron también que este año se infiltraron en el proceso de elección de las autoridades comunitarias, presionando para que se repitiera la elección del juez de paz y se apoderó del palacio comunitario para sus eventos informativos. Agregaron que el grupo de ejidatarios que respalda a la minera quiere suplantar a la actual comisariada porque no se ha prestado a la privatización de las tierras ejidales.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua hacen “responsable a la empresa transnacional Almaden Minerals de la integridad física, psicológica, moral y patrimonial ante cualquier atentado que menoscabe la dignidad humana” de los que integrantes de la unión, y de las organizaciones y personas que se han solidarizado con su lucha.
Pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la secretaría de Economía, “asumir su responsabilidad de no otorgar nuevas concesiones en el municipio y exijan a la trasnacional que se retire del país evitando así siga generando violencia”.
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