TUXTLA GUTIÉRREZ.- Una orden oficial de desalojo de una caseta de cobro del Parque Nacional Lagos de Montebello y de la zona arqueológica de Chincultik, municipio de La Trinitaria, Chiapas, ejecutada el 3 de octubre del año 2008, provocó que policías estatales y ministeriales asesinaran a seis campesinos, hirieran a 17 y arrestaran a una treintena más.
Según un documento emitido tres días después por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), cerca de 40 elementos policiacos primero ingresaron a la comunidad Miguel Hidalgo, pero ahí los lugareños los acorralaron y los despojaron de alrededor de 77 armas de fuego, así como de escudos y toletes.
Sin embargo, horas más tarde, cerca de 300 uniformados de varias corporaciones “entraron al quite” y, mediante el uso de gas lacrimógeno, golpes y balazos, generaron el terror en esa región; la población respondió a pedradas y palos, pero no pudo contener a la fuerza pública.
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Como el hecho conmocionó a nivel no solo nacional sino mundial, se emitió una orden para arrestar a los agentes que, mediante el uso de la fuerza bruta, mataron personas; sin embargo, esa orden estaría “manipulada”, pues fue detenido Amílcar Corzo Díaz, mando policiaco del estado que, en ningún momento, le disparó o hirió a alguien.
No obstante, ese hecho lo llevó a estar 10 años encerrado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, municipio de Cintalapa de Figueroa, y fue hasta el 2018 que, tras un “¡discúlpeme usted!”, obtuvo su libertad absolutoria, como él mismo lo demuestra con un documento, debido a que no hubo pruebas que lo vincularan con los crímenes de los labriegos que bloqueaban la caseta de cobro; sus manos estaban limpias.
Por ello, Amílcar se paró este martes cerca del Palacio de Gobierno de esta entidad sureña, porque ahora reclama que le paguen los sueldos caídos del tiempo que estuvo en prisión y, además, le den el visto bueno para que se pueda pensionar, como lo establece la ley, y al menos recuperar algo de lo mucho que perdió, sobre todo su libertad.
¿UNA TRAMPA?
Ese 3 de octubre, Amílcar estaba en San Cristóbal de Las Casas, cuando recibió una llamada de sus mandos superiores para que se trasladara al crucero de Tzimol, donde se uniría a un convoy; él se encargaría de llevar un remolque con caballos.
Cuando llegaron a la comunidad Miguel Hidalgo, prácticamente se había dado el enfrentamiento; además, según la versión del exagente, los pobladores estaban “calientes” porque sus líderes fueron arrestados. Pese a ello, él y otros compañeros huyeron del lugar.
“Pero alguien tenía que pagar esto, y me culparon del delito de homicidio”, rememora quien, de paso, aprovecha para hablar de su transparente historial mientras se desempeñó en esa corporación.
SOBREVIVE COMO PUEDE
Sin embargo, el ahora policía de seguridad privada, con 67 años de edad y un sueldo que apenas le alcanza para mantener a su esposa y atender a su madre en silla de ruedas, lamenta que la Cuarta Transformación no le quiera hacer justicia, pese a que fue un “chivo expiatorio”.
Cuando lo detuvieron, dice, él poseía el rango de subcomandante de región (analista C) y su ingreso salarial al mes era de 12 mil pesos.
“El fideicomiso no quiere pensionarme, no hay respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, y por eso busco a los medios de comunicación porque necesito que me apoyen, ya son casi cuatro años de insistir”, argumenta.
Pero el daño es mayor, agrega, porque tiene tres hijos, quienes en ese tiempo estaban pequeños, y de hecho uno de ellos quedó dañado de su mente, “a esto se le suma que todos dejaron de estudiar, nadie culminó una carrera, o si mucho la primeria y secundaria”.
En 2018, una vez que quedó libre, lo recibió en Palacio de Gobierno el entonces encargado de la política interna del estado y hoy diputado federal morenista, Ismael Britos Mazariegos, quien prometió que lo atenderían y le darían una solución, pero no prosperó.
HORAS DE DOLOR Y ANGUSTIA
Antes de ser procesado el 7 de octubre de 2008 durante la administración del gobernador Juan José Sabines Guerrero, Amílcar Corzo, quien dio todo por su corporación porque amaba lo que hacía, advierte que fue llevado a una casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez, donde lo torturaron.
Durante varias horas, por órdenes de un comandante de nombre Celestino, le pusieron una bolsa en la cabeza y le aplicaron agua mineral en la nariz. Además, le vendaron de los ojos y, como le hicieron otras cosas, su oído derecho quedó afectado y, hasta la fecha, no escucha bien.
De acuerdo con él, los policías que lo sometieron le exigían que se declarara culpable porque, de lo contrario, la tortura no cesaría. “Pero logré hablar con mi esposa, quien fue en busca de apoyo a Derechos Humanos, pero no pasó nada, pues es parte de gobierno; aunque por esa acción paró la tortura”.
Pero a partir de ese momento, el hombre de estatura alta, ojos verdes y tez blanca perdió su libertad, su trabajo, y a su familia y, en la actualidad, la incertidumbre pesa sobre sus hombros.
“Si es posible, traeré a mi jefecita (su mamá enferma) acá a Palacio de Gobierno, para ver si les damos lástima y me dan una solución”. Si de esa manera no hay respuestas, amaga con viajar a la Ciudad de México y tocar puertas con autoridades federales.
(djh)