Miles de personas servidoras públicas en todo el país enfrentan este domingo 31 de mayo la fecha límite para presentar su Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses correspondiente a 2026.
A horas del cierre del plazo, plataformas digitales como DeclaraNet y sistemas estatales registran una alta demanda de usuarios que buscan completar el trámite obligatorio antes de que concluya el día.
La obligación aplica para trabajadores de los tres órdenes de gobierno y forma parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la legislación mexicana.
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Quienes no cumplan con el trámite pueden enfrentar procedimientos administrativos que, en algunos casos, derivan en la pérdida del cargo.
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¿Quiénes deben presentarla?
Por ley, la declaración patrimonial abarca a la totalidad del aparato burocrático y no solo a funcionarios de alto nivel. Actualmente deben presentarla todas las personas que desempeñan funciones dentro del servicio público.
La medida incluye personal operativo, trabajadores de base y confianza, policías, bomberos, personal médico, enfermeras, maestros, personal administrativo, directivos y titulares de dependencias.
La obligación también alcanza a integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos de los ámbitos federal, estatal y municipal.
Además, aplica para cualquier persona que haya laborado al menos un día dentro del servicio público durante 2025.
Qué pasa si no se presenta
La omisión de la declaración constituye una falta administrativa prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cuando una persona servidora pública incumple con esta obligación, los órganos internos de control y las contralorías pueden iniciar una investigación para determinar las causas del incumplimiento.
Posteriormente, la autoridad emite un requerimiento formal y concede un plazo adicional de 30 días naturales para regularizar la situación.
Si después de ese periodo la declaración sigue sin presentarse, la ley establece que el nombramiento o contrato puede quedar sin efectos, lo que abre paso a la separación del cargo.
En el caso de ex servidores públicos que no cumplen con esta obligación, las sanciones pueden incluir periodos de inhabilitación para ocupar nuevamente puestos gubernamentales.
Contexto: campaña para acelerar declaraciones
Durante mayo, distintas dependencias impulsaron acciones para promover la presentación anticipada de esta obligación.
En la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General capacitó a más de mil personas servidoras públicas y habilitó herramientas informativas para facilitar el proceso.
La dependencia recordó que la declaración patrimonial representa uno de los instrumentos utilizados para transparentar la evolución patrimonial de quienes ejercen funciones públicas.
Las autoridades también exhortaron a evitar la presentación de último momento para reducir problemas operativos derivados de la alta demanda en los sistemas electrónicos.
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Hidalgo reportó que, a menos de 48 horas del cierre, aproximadamente 4 mil servidores públicos municipales aún no habían cumplido con su declaración patrimonial, registrándose el mayor rezago en los ayuntamientos.
Ante este panorama, el SEA exhortó a los municipios a agilizar el proceso y advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones como la inhabilitación temporal, que va de cuatro meses a un año.
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Problemas por saturación
Uno de los principales obstáculos reportados por usuarios durante las últimas horas corresponde a la intermitencia de algunos portales debido a la concentración simultánea de accesos.
Especialistas recomiendan verificar que el sistema genere el acuse de recibo electrónico con sello digital, ya que ese documento constituye la única constancia oficial de presentación.
Sin ese comprobante, el trámite no puede acreditarse ante revisiones o auditorías posteriores.
La declaración patrimonial es gratuita y se realiza de manera independiente a las obligaciones fiscales que los contribuyentes mantienen ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Qué se necesita para hacer el trámite
Para completar la declaración, las personas servidoras públicas deben contar con su CURP y las credenciales de acceso al sistema correspondiente.
Dependiendo del nivel del cargo y de las reglas aplicables en cada entidad, también puede requerirse la firma electrónica para concluir el envío.
Las autoridades recomiendan conservar el acuse digital una vez finalizado el procedimiento, ya que ese documento acredita el cumplimiento de la obligación dentro del plazo legal.
VGB