Grupo Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, recibió una resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que revoca la declaratoria de Agente Económico con Poder Sustancial en el servicio de televisión y audios restringidos, poniendo fin a un conflicto de cuatro años con el regulador del sector.
La resolución, entregada este viernes por el IFT en cumplimiento a una sentencia de un tribunal federal, afecta a 35 mercados en siete estados de la República.
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“Con esta resolución queda sin efecto también el procedimiento iniciado por el IFT para imponer medidas asimétricas a la compañía y sus subsidiarias, y se dejan de aplicar las medidas directamente previstas para estos efectos en la normatividad vigente”, dijo Televisa en un comunicado.
¿Qué pasó antes?
La empresa y sus filiales fueron declaradas con poder sustancial en el Servicio de Televisión y Audio Restringidos (STAR) a finales de 2020, tras la compra de activos de Axtel en 2018, lo que provocó una investigación por parte de la Autoridad Investigadora del IFT un año después.
En la resolución de 2020, el pleno del IFT determinó que Grupo Televisa era líder en cada uno de los 35 mercados relevantes, una posición que reforzó tras la compra de activos de Axtel y que no había sido contrarrestada por sus competidores. Los mercados afectados incluyen:
- Aguascalientes
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Estado de México
- Jalisco, Nuevo León
- San Luis Potosí
“La compañía considera que la determinación del IFT es inconsistente con anteriores resoluciones emitidas por dicho Instituto en otras investigaciones sobre poder sustancial en ese mismo mercado. Por lo anterior, considerará los medios de defensa a su alcance”, dijo Grupo Televisa en un comunicado en aquella ocasión.
Posteriormente, la empresa presentó una demanda de amparo, y dos años después un juzgado federal le concedió la protección bajo argumento de irregularidades en el proceso de investigación por parte del IFT.
El caso llegó a un tribunal colegiado que en febrero invalidó la declaratoria de poder sustancial, al determinar que el regulador habías excedido el periodo legal de 90 días para tomar esta decisión. Además, consideró que la investigación del IFT debía incluir no solo el mercado de televisión y audio restringido, sino también las redes de comunicaciones de servicios de voz, datos y video.
El fallo del tribunal colegiado incluso llevó a la empresa a incrementar 10% el precio de las acciones de Televisa en febrero, alcanzando su mayor precio desde inicio del año.