Enerflex, de origen canadiense, espera que en las próximas semanas la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco emita una resolución favorable sobre un laudo laboral contra la empresa, que inició un ex empleado desde 2015, de lo contrario traería "consecuencias catastróficas" para su negocio y para el país, así lo advirtió Juan Francisco Torres Landa, abogado y vocero de la compañía. La Secretaría de Economía no ha fijado postura, aunque se le solicitó desde días pasados.
El laudo, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, obliga a las subsidiarias de Enerflex a pagar más de 2 mil millones de pesos (alrededor de 120 millones de dólares) de indemnización a un ex colaborador de nivel medio, lo cual pondría en riesgo no solo la viabilidad de la empresa.
En entrevista con La Silla Rota, Juan Francisco Torres Landa advirtió que "esta contingencia implicaría cerrar las operaciones de la compañía porque no puede pagar un laudo de ese tamaño, habría problemas para la industria de gas comprimido en México porque Enerflex maneja 50% del gas comprimido tierra adentro en el país y generaría contingencias a la industria y mandaría mala señal en cuanto a estado de derecho, lo cual- sin duda- afectaría las inversiones en el país
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¿Qué fue lo que sucedió?
El abogado Torres Landa explicó que el trabajador que ocupaba un cargo gerencial fue indemnizado en 2017 con 1.4 millones de pesos, y únicamente restaba pagarle lo correspondiente a horas extra y bonos, pero casi 5 años después- "en un caso muy extraños"- la junta de Conciliación en Tabasco determinó que el monto a pagar es muy superior.
“Lo que hicieron en la Junta fue que modificaron el salario que se tomó en cuenta para la liquidación original, que fue validado por el Tribunal Colegiado, el cual era equivalente a unos 240 dólares diarios para que fueran 21 mil dólares", detalló.
Esto es, tomaron el salario mensual y lo convirtieron a salario diario, "lo cual ya es grave", y además lo convirtieron de pesos a dólares. Pasaron de 21 mil pesos mensuales a 21 mil dólares diarios. "Es una la locura el cambio y esto genera un atropello que generaría una contingencia que implicaría cerrar las operaciones de la compañía porque no puede pagar un laudo de ese tamaño".
Si el laudo no se revoca, Enerflex podría continuar con el arbitraje internacional, situación que le costaría a México indemnizar a la compañía por los daños que ocasione la ejecución de dicha orden y resarcir el valor del negocio de la empresa, que genera 50 por ciento del gas natural que se maneja en el interior del territorio nacional, y que se vería obligada a cerrar sus operaciones en el país.
"En todo esto hay irregularidad manifiesta"
Torres Landa advirtió que si el laudo se pretende ejecutar habría consecuencias nocivas, pues se debería daños y perjuicios- a la empresa- y una mala señal, "sentaría un mal precedente para atraer inversiones".
"Al igual que con la Secretaría de Economía, estamos luchando por un buen resultado. Estamos a la espera de saber frentes judiciales", dijo.
La Silla Rota consultó a la Secretaría de Economía pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Juicios que han salido caros al gobierno mexicano
- Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó en 2021 que México violó el tratado invocado en el arbitraje contra la inmobiliaria canadiense Lion Consolidated por diversas acciones tomadas por el Poder Judicial mexicano. El tribunal ha condenado a México al pago de 47 millones de dólares a la canadiense, como indemnización por los daños, más el pago de una parte proporcional de los costos del procedimiento.
- En octubre de 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debió pagar a Dunor 20 millones 760 mil dólares (unos 415 millones 200 mil pesos) luego de perder un arbitraje internacional por incumplir el contrato de construcción de una central de ciclo combinado en el estado de Sonora
- El 20 de septiembre de 2021, el tribunal arbitral en el caso Lion Mexico Consolidated vs. Estados Unidos Mexicanos (Lion v. México) ordenó al Estado mexicano pagar más de $47 millones de dólares, como consecuencia del actuar de ciertos juzgados y tribunales del Poder Judicial de Jalisco y del Poder Judicial de la Federación.