Muchos años le tomó a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sacar un nuevo informe del caso Ayotzinapa, que resulta por lo menos curioso, ya que existe una resolución previa que le quitaría validez al de ahora.
Y es que, a los doce años, algunas de las lecturas más relevantes de la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están en el papel del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que califica sus resultados de búsqueda como nulos y los acusa de utilizar una narrativa sensacionalista, orientada a sostener la hipótesis de una responsabilidad institucional del Ejército y la existencia de un crimen de Estado, la COVAJ se empeñaba en demostrar una conspiración militar de la mano de Alejandro Encinas, una antiverdad para responsabilizar al ejército y, en consecuencia, del crimen de Estado.
De esto, nada es falso, si entendemos un poco que el acompañamiento que tienen las víctimas en las organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, está inmerso en un ecosistema donde sus raíces se compenetran con la Compañía de Jesús, y el fundador de Tlanchinollan, el antropólogo Abel Barrera, fue formado en el seminario dentro de la tradición pastoral de las diócesis guerrerenses, influidas por esa corriente con narrativas extremas influenciadas también por una parte ideológica de los movimientos subversivos de la región.
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Algo rescatable del informe es que corrige lo relativo al estudiante normalista Julio César Mondragón, a quien le arrebataron, lamentablemente, la vida y se le retiró el rostro. La primera versión atribuía dichas lesiones a fauna depredadora post mortem, mientras que la nueva reconoce la tortura y objetos cortopunzantes previos a una ejecución extrajudicial.
Resulta muy importante que se revise con puntualidad los informes del GIEI y el COVAJ, puesto que ningún mecanismo debería ser incuestionable, y es que al final ninguna de sus actuaciones lograron esclarecer el paradero de los estudiantes ni contribuyeron al condenas firmes en contra de los verdaderos implicados. Se convirtió en el ariete de intereses ajenos a los de la justicia y lograron revictimizar a sus representados; terminaron en absolutas pifias dejándolos en medio de la verdad y una antiverdad revisionista, en muchos casos sesgada y cínica
Lo deleznable del informe es que insiste en culpar a personajes como el exprocurador del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, de una supuesta relación con la delincuencia organizada, cuando, en contra de todo, fue quien más lastimó a la estructura criminal de los Guerreros Unidos. La CNDH insiste en victimizar e imputar con base en el testimonio del testigo colaborador “Juan” o Gildardo López Astudillo; hasta el chiste se cuenta solo.
Pero lo más lamentable es que la penosa COVAJ de Encinas se equivocó, al igual que el GIEI, y la FGR de Gertz. Entonces, ¿quién tiene razón? Por lo pronto, si el ejército no tomó acciones dolosas en contra de los estudiantes, eso significaría que la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, la CNDH de González Pérez tenían razón, al igual que la PGJ del Estado de Guerrero de Iñaki Blanco, que identificó a la mayoría de los policías involucrados en los hechos, pero ahora son ellos los responsables.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con esta resolución del caso, lo enreda más, no protege a los padres de los normalistas que siguen engañados con agendas particularísimas, como la de la PRODH, Tlanchinollan, el GIEI y no señala posibles responsabilidades y la necesidad de llevar a cabo acciones penales en contra de personas como Alejandro Encinas u Omar Gómez Trejo, mientras que otros arribistas como Emilio Alvarez Icaza caminan con total impunidad creyendose los garantes de la democracia.
La CNDH parece mantenerse fiel a una lógica según la cual los únicos villanos posibles son quienes estuvieron vinculados a las instituciones del Estado. Bajo esa visión, ignora que el caso Ayotzinapa también dejó víctimas indirectas convertidas en trofeos políticos de una investigación que, doce años después, sigue sin ofrecer respuestas definitivas a los padres de los normalistas. Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y Gualberto Ramírez no son solamente exfuncionarios sometidos a procesos judiciales, son perseguidos y presos políticos de una narrativa que necesitaba culpables visibles para sostenerse.
MONEDA AL AIRE: Harfuch
Llama la atención que la presunta responsabilidad de los militares sea trasladada a la Policía Federal, no vaya a caer Rosario Ibarra en la tentación de Alejandro Encinas de apuntar sus señalamientos a Omar García Harfuch.