Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra "chivato" es un adjetivo coloquial que se usa para referirse a una persona que delata o denuncia a un tercero en beneficio propio. Este delator se concibe, en muchas ocasiones, como un traidor, y sus sinónimos son: soplón, acusador, chismoso, acosón, denunciante, entre otros. Ser un chivato implica, en cierta medida, saber que sobre su persona puede recaer un castigo; en el crimen organizado, la lealtad que se jura debe ser inquebrantable; de lo contrario, la vida está en juego.
Tomemos, por ejemplo, Italia, donde la Cosa Nostra hace una promesa de silencio denominada “Omertà”, que prohíbe explícitamente la cooperación con las autoridades estatales; romperla puede acarrear incluso la muerte. La revancha, por su parte, sí está permitida y se denomina “vendetta”. Por ejemplo, Tommaso Buscetta fue el primero en romper ese pacto; detenido en Brasil en los años 60 y extraditado, su apertura le permitió al Gobierno conocer las actuaciones, el funcionamiento y el método de esa organización.
Desde hace ya varios meses o años, tal vez, estos delatores caminan libremente por el partido de Morena, perdiendo la disciplina política, algunos de los cuales se han acercado a las agencias americanas con el ánimo de buscar su beneplácito como informantes o testigos colaboradores para que, en el mejor de los casos, no sean imputados ante una corte penal ni sean procesados por el Departamento de Justicia (DOJ).
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Los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, del NY Times, hace unos días documentaron en su medio cómo casi una docena de funcionarios serían ya colaboradores del gobierno americano, en este caso, los gobernadores Américo Villarreal de Tamaulipas y, por supuesto, Alfonso Durazo de Sonora, este último, prontamente, negando categóricamente estos “infundios” a los que se advierte expuestos. El caso de Durazo cobra mucho más importancia cuando se trata del ex secretario de Seguridad Ciudadana del ex presidente López Obrador.
La gota que derramó el vaso se encuentra en la filtración de una llamada telefónica entre la gobernadora Marina del Pilar, un intermediario y un agente supuestamente del gobierno americano, en la que, si bien todo el mundo preguntaba por su contenido, nunca se preguntó cómo se obtuvo. ¿Sonaría descabellado que hubiera sido el propio aparato de inteligencia del Estado quien diera un mensaje a la misma gobernadora y, de paso, a todos los cooperantes?
Parece un despropósito que, mientras la Presidencia de la República hace su mayor esfuerzo por controlar el daño, soportar presiones e incluso que la presidenta reciba el escarnio y ponga cara en este episodio, sus protegidos, según información a la que tuvo acceso esta columna, ya tenían vasos de comunicación para su hasta ahora malograda colaboración.
El caso es que Morena no es la Cosa Nostra y, en política, pasa esto y más, sobre todo cuando parece que esta situación ya se desbordó y que la linealidad y el control del Estado sobre los colaboradores de Washington son nulos, para nadie es mentira que más nombres serán públicos, y muchos de estos gobernantes que engrosarán las nuevas listas comienzan a ser presionados para mantenerse discretos ante la andanada por venir. Parece que el capítulo dos se presentará con nombres que ni siquiera pensábamos posbiles, sobre todo y cuando el de Rocha Moya es uno de los casos que tiene la DEA, aun no sabemos lo que devenga de casos del FBI o de otros testigos colaboradores como Ismael “el Mayo” Zambada entre otros.
Si las investigaciones avanzan, los expedientes terminarán hablando por sí solos. Pero, independientemente de lo que ocurra en las cortes estadounidenses, el daño político ya está hecho: cuando los propios integrantes de un proyecto comienzan a buscar protección fuera de él, el mensaje es claro: la mayor amenaza para Morena quizá no venga de Washington, sino de sus propios chivatos.
MONEDA AL AIRE: Venezuela entre la tragedia y la intransigencia.
Llenan de tristeza las imágenes de miles de familias que perdieron a sus seres queridos, su patrimonio y su futuro inmediato tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. A la tragedia natural se suman las denuncias de corrupción, abandono institucional y deterioro de la infraestructura, factores que podrían haber agravado las consecuencias del desastre y que deberán ser esclarecidos. Cuando un Estado deja de invertir en la seguridad de sus ciudadanos, la naturaleza termina cobrando una factura mucho más alta. Hoy Venezuela no sólo enfrenta la reconstrucción de sus ciudades, sino también la de la confianza en sus instituciones.