Hay coincidencias que dejan de serlo cuando se repiten. En menos de tres meses, Estados Unidos acusó formalmente a dos gobiernos estatales de Morena —Sinaloa y Baja California— de tener, en el círculo más cercano al poder, vínculos con el crimen organizado. No se trata de rumores de pasillo ni de columnas sin sustento: son acusaciones del Departamento de Justicia, documentos de extradición y audios que, hasta hoy, nadie ha podido desmentir con hechos, solo con comunicados.
El patrón es casi idéntico en ambos casos: primero la acusación, después la negación absoluta, luego el blindaje desde Palacio Nacional y, al final, la pregunta que nadie en el gobierno quiere contestar: ¿cómo llegó el crimen organizado a sentarse, literal o figuradamente, en la mesa de gobierno? Estos son los hechos que Morena preferiría que no atáramos.
- El primer gobernador en funciones acusado de narcoterrorismo. El 29 de abril de 2026, fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaron formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de asociación delictuosa para el narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas de fuego. Es la primera vez que un gobernador mexicano en funciones —no un exgobernador, no un exfuncionario— es procesado penalmente por Estados Unidos mientras gobierna.
- La alianza habría empezado antes de ganar la elección. Según la acusación, Rocha Moya se reunió con los hijos de “El Chapo” Guzmán antes de los comicios de 2021 y les prometió nombrar funcionarios afines a sus intereses si llegaba al poder; a cambio, según los fiscales, miembros del Cártel de Sinaloa sustrajeron urnas e intimidaron a rivales políticos para asegurar su triunfo. No es, según Washington, un gobernador que después cayó en las redes del narco: es uno que habría llegado gracias a ellas y que podría estar por regresar al cargo en total impunidad.
- No fue un caso aislado: fue una red de diez. Junto a Rocha Moya fueron acusados otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntamente facilitar durante años la importación masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de protección institucional. Cuando media estructura de un gobierno estatal aparece en la misma acusación, ya no hablamos de manzanas podridas: hablamos de un huerto sembrado por el cártel y de un sistema totalmente cohesionado.
- La licencia llegó; la rendición de cuentas, no. Dos días después de conocerse la acusación, Rocha Moya pidió licencia al cargo, y el pasado 8 de julio la Cancillería confirmó la existencia de solicitudes de detención provisional con fines de extradición en su contra y en la de los otros nueve señalados. Sinaloa sigue, mientras tanto, gobernada desde la ambigüedad de un mandatario “con licencia” que nadie en Morena se atreve a llamar lo que las autoridades estadounidenses dicen que es.
- En Baja California el patrón se repite con otro nombre. Documentos de una corte estadounidense señalan que Carlos Torres Torres, expareja de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, habría recibido pagos mensuales de hasta 500 mil dólares —unos nueve millones de pesos cada quincena— de parte de un operador señalado de “Los Rusos”, célula ligada al Cártel de Sinaloa. Estados Unidos canceló primero la visa de Torres Torres y, después, la de la propia gobernadora.
- La gobernadora que se niega a pedir licencia. A diferencia de Rocha Moya, Marina del Pilar ha insistido en que su nombre “no aparece en ninguna parte” de las acusaciones formales presentadas por autoridades estadounidenses y ha descartado, una y otra vez, separarse del cargo. El argumento tiene un problema: la investigación sobre su expareja sigue abierta, y que ambos hayan perdido la visa el mismo año resulta, cuando menos, difícil de archivar como casualidad, además Torres es su expareja a partir del conflicto internacional, era su pareja formal y la separación ha sido un montaje para manejar la crisis.
- Los audios que contradicen el discurso oficial. El 13 de julio (el lunes pasado), el periodista Héctor de Mauleón difundió un audio en el que una persona identificada como asesor externo del FBI le dice a la gobernadora que las agencias estadounidenses sienten haber “perdido el tiempo” con ella y le ofrece una última oportunidad de negociar antes de que se presenten cargos; en la grabación, ella misma pregunta “¿me quieren llevar de extradición?” y ofrece compartir información de las mesas de seguridad en las que participa. Marina del Pilar respondió que se trata de “una conversación privada” sacada de contexto, pero no negó que la voz fuera la suya… es a su partido al que le encanta hablar de “soberanía”, mientras su gobernadora ofrece acceso extranjero a información sensible con tal de salvarse… los grandes líderes de Morena…
- El blindaje desde Palacio Nacional. En vez de exigir resultados o distancia institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por proteger a Rocha Moya y a los funcionarios acusados, calificando las imputaciones de Washington como un asunto “político” cuando “no hay pruebas claras”. Es la misma lógica con la que López Obrador defendió a Rocha en 2024 diciendo tener “toda la confianza” en él, y la misma que hoy alimenta reportes de que la 4T prepara ya el regreso del gobernador con licencia a Culiacán.
Ninguno de estos casos ha llegado todavía a una sentencia, y la presunción de inocencia es un principio que debe respetarse incluso cuando incomoda. Pero la presunción de inocencia no es lo mismo que la protección política automática, y eso es exactamente lo que Morena le ha ofrecido a sus gobernadores señalados: blindaje antes que investigación, silencio antes que transparencia, licencias administrativas antes que licencias morales.
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El partido que se fundó prometiendo la honestidad como bandera —“no mentir, no robar, no traicionar”— tiene hoy a dos gobernadores estatales bajo la sombra directa del crimen organizado y ha respondido con la fórmula de siempre: negar, proteger, esperar a que pase de moda. La diferencia con los sexenios que Morena juró superar es cada vez más difícil de encontrar. Al final, la pregunta no es si el crimen organizado llegó a Morena. Es cuánto de Morena llegó gracias al crimen organizado y si no acaba resultando que hasta la primera magistratura del país se consolidó en un acuerdo entre criminales.