A lo largo del último mes, hemos sido testigos de impresionantes escenas de represión de las protestas de personas migrantes en Estados Unidos. Las televisoras nos han mostrado a miles de personas protestando en ciudades de todo Estados Unidos, como Nueva York, Washington, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas. En Los Ángeles, vimos con horror el despliegue de militares que fueron enviados por el presidente Trump, incluso en contra de los deseos del gobernador del Estado de California.
¿Por qué protestan las personas en Estados Unidos?
Las personas se manifestaron durante el mes de junio, desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una serie de redadas y deportaciones masivas.
El ICE intensificó sus acciones a principios de junio, ante la presión del presidente Trump para "mostrar progresos": según NBC News, el 4 de junio la agencia detuvo a 2 mil 200 personas en un solo día, una cifra récord que, sin embargo, no satisface a las autoridades de la Casa Blanca. Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete, indicó que ICE podría aumentar el número de arrestos a 3 mil al día.
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Cabe señalar que el carácter masivo de las redadas implica la violación de muchos de los derechos de las personas migrantes, incluido el derecho de las infancias a no ser separadas de sus familias. Además, como suele ocurrir, durante las detenciones se practican actos de discriminación por parte del personal, como el establecimiento de perfiles raciales.
A este respecto, cabe recordar que más de 300 millones de personas han emigrado en el mundo, y más de 47,8 millones de inmigrantes residen en Estados Unidos, entre los cuales casi 25 millones son ya ciudadanos naturalizados.
El derecho a migrar está reconocido en diversos instrumentos internacionales, entre ellos: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Además, los derechos de los migrantes están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por instrumentos específicos como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Las normas internacionales sobre migración establecen lo siguiente:
- Las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen todos los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia y a los servicios básicos.
- El principio de no devolución: Los gobiernos no pueden devolver a una persona a un país donde pueda sufrir persecución o peligro. Eso incluye su propio país de origen u otros países a los que sea enviada o deportada.
- En el caso de las infancias migrantes, siempre debe prevalecer el interés superior del niño y de la niña, que incluye no ser separado de su familia y tener acceso a la educación y a otros servicios básicos, independientemente de su situación migratoria y la de sus padres.
- Protección de las personas en situación de vulnerabilidad: especial atención a las necesidades de personas como las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las víctimas de trata.
- Migración segura y ordenada: Los Estados deben establecer medidas para prevenir y combatir la trata y la explotación sexual y laboral.
- Cooperación internacional: Los países deben cooperar entre sí para gestionar la migración de forma eficaz, compartiendo información, buenas prácticas y recursos.
¿Qué está ocurriendo en las protestas?
Los miles de personas que están saliendo a protestar en Estados Unidos contra las redadas de inmigración están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Estos derechos están protegidos por la legislación internacional de derechos humanos.
Residentes de comunidades de Los Ángeles salieron a la calle para defender a sus amigos y vecinos cuando agentes del ICE enmascarados y armados irrumpieron en sus comunidades y detuvieron al presidente del sindicato SEIU de California, sin mostrar siquiera una orden judicial.
A pesar de que la gran mayoría de las protestas han sido pacíficas, el presidente Trump decidió desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Esta decisión es alarmante y demuestra que la administración Trump tiene la clara intención de castigar a quienes ejercen y defienden sus derechos humanos. Lo decimos claro y contundente: el objetivo no es proteger a las comunidades, sino aplastar la disidencia y sembrar el terror en la población. La participación de militares en la detención de inmigrantes y en respuesta a las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, no debería tener cabida en un país que presume de valorar la justicia y los derechos humanos.
Desde que Trump llegó a la presidencia, la población migrante ha sufrido múltiples violaciones a sus derechos humanos: las autoridades han cometido arrestos ilegales, detenciones arbitrarias y masivas, deportaciones masivas, expulsiones a cárceles peligrosas en países como El Salvador, separaciones familiares y han negado el debido proceso.
¿Qué proponemos en Amnistía Internacional?
Amnistía Internacional ha advertido de los riesgos inminentes que conlleva el uso del ejército en protestas en todo el mundo, pero en Estados Unidos en particular. El recuerdo de la dispersión de manifestantes en Lafayette Park en junio de 2020 tras la tortura y ejecución extrajudicial de George Floyd debe alertarnos sobre las consecuencias del despliegue de personal militar o policial que carece de formación en control de multitudes y gestión de la tensión en las manifestaciones.
Los derechos humanos son universales. Por eso nuestro llamamiento urgente a las autoridades estadounidenses es que respeten el derecho a la protesta pacífica, pongan fin al despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en las comunidades, y cumplan con su deber de desescalar la tensión en las ciudades donde la gente se está manifestando.
México y el mundo están observando a Estados Unidos. Hacemos un llamado al Congreso estadounidense para que no financie el sistema de detención y deportación masiva que viola el derecho internacional de los derechos humanos. Pedimos a las autoridades federales estadounidenses que pongan fin a las prácticas de detención y deportación masivas de inmigrantes y que garanticen la presunción de inocencia y el debido proceso.
Los migrantes también deben poder ejercer su derecho a recibir asesoramiento en los procedimientos migratorios, así como a recibir asistencia letrada y servicios de interpretación. Además, las organizaciones de la sociedad civil que prestan ayuda y servicios humanitarios a la población migrante, tanto en México como en Estados Unidos, deben seguir teniendo acceso a fondos suficientes, especialmente en este contexto. Por su parte, las autoridades mexicanas deben continuar brindando servicios de protección a las personas que han migrado a Estados Unidos.
En México también tenemos mucho que hacer: debemos seguir alzando la voz contra la represión, la militarización, la discriminación y el racismo. Ni en México ni en Estados Unidos debemos permitir que las autoridades limiten nuestro derecho a protestar o nuestro legítimo derecho a migrar.
Recordemos que los migrantes no son el problema. La solución de fondo está en crear un sistema migratorio justo, humano, que respete los derechos humanos, que ponga en el centro la dignidad de las personas, garantice la seguridad y fortalezca a las comunidades.
* Edith Olivares Ferreto, (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico
** Paul O'Brien, es Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos media@aiusa.org