La decisión del gobierno estadounidense de poner fin, el 11 de mayo de este año, a la aplicación del Título 42, que limitaba drásticamente el acceso al procedimiento de asilo en la frontera Estados Unidos–México, dio paso a la implementación de una serie de políticas punitivas, violentas y abusivas que siguen afectando gravemente la dignidad de las personas migrantes que buscan asilo en ese país.
Tras de conocerse el levantamiento de la medida, se integró una delegación de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, en la que participaron mis colegas de Amnistía Internacional para las Américas y de Estados Unidos, Erika Guevara Rosas y Paul O´Brian, respectivamente. El objetivo fue constatar ese proceso y la entrada en vigor de las nuevas disposiciones migratorias. El grupo visitó el Valle del Río Grande en Texas, así como lugares de Reynosa y Matamoros donde se concentran las personas que están a la espera de hacer el trámite de asilo en Estados Unidos.
Se pudo comprobar que la aplicación CBP One, implementada por la administración Biden para tramitar el asilo, no funciona debidamente, de tal forma que las personas migrantes que huyen de sus países por la crisis económica o la violencia que padecen deberán esperar sin remedio, en campamentos insalubres y ubicados en zonas peligrosas, por una cita que probablemente nunca obtendrán.
Las nuevas medidas en materia de migración regional, si bien amplían la reunificación familiar y las vías de solicitud de permisos humanitarios a Estados Unidos, también externalizan sus obligaciones de protección y penalizan duramente a quienes ejercen su derecho humano de solicitar asilo en la frontera sur estadounidense.
En la visita a la zona fronteriza, mi colega Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que el gobierno estadounidense ha externalizado el control de sus fronteras a México, Colombia y Guatemala, pero no asume la responsabilidad del caos creado por su política migratoria, por lo que instó a dar un paso adelante para abordar esta crisis humanitaria y el sufrimiento que causa.
A su vez, mi colega Paul O’Brien, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, señaló que la administración Biden tuvo más de dos años para invertir en sistemas de acogida y seguridad, para que las personas solicitantes de asilo tuvieran la posibilidad de entrar de un modo humano y ordenado y presentar su solicitud de asilo con el respaldo de servicios jurídicos y sociales. Sin embargo, dijo, “la administración (Biden) ha dado la espalda a los derechos humanos y planea implementar nuevas medidas fronterizas draconianas”.
Invito a las personas lectoras a ver la conferencia que ofreció la delegación de OSCs en la siguiente liga.
México, muro de contención de migrantes
Las personas migrantes se encuentran entre la espada y la pared pues a los obstáculos que enfrentan para migrar a Estados Unidos se suma la política migratoria mexicana, que está totalmente plegada a la estadounidense desde que Donald Trump gobernaba ese país.
Como se recordará, el 7 de junio de 2019, en un acuerdo suplementario de la Declaración conjunta México-Estados Unidos, publicada en esa fecha, se estableció que si el gobierno estadounidense no estaba satisfecho con las medidas adoptadas por México para detener el flujo de personas migrantes a su territorio, se elaboraría un acuerdo binacional para regresarlas a suelo mexicano, lo que implica considerar a México como Tercer País Seguro.
Un país como México que en 2022 registró 109 mil casos de personas desaparecidas y cuyas autoridades son incapaces de garantizar la seguridad de quienes vivimos aquí, no puede considerarse como país seguro y mucho menos para las personas migrantes.
En su periplo para llegar a Estados Unidos, las personas migrantes son estigmatizadas y discriminadas; carecen de cualquier tipo de apoyo económico; de servicios de salud o de vivienda; están a merced de grupos delictivos que las involucran en redes de trata de personas o de narcotráfico, además de que pueden ser detenidas y deportadas en cualquier momento, como lo han advertido la ONU y diversas OSCs.
Además, el gobierno mexicano militarizó su política migratoria. En junio de 2019 envió seis mil elementos de la militarizada Guardia Nacional (GN) a la frontera con Guatemala, para detener a las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. En la frontera con este último país posicionó otros 15 mil elementos.
La GN ha protagonizado diversas violaciones a derechos humanos de la población migrante, como detenciones arbitrarias, muchas de ellas basadas en perfilamiento racial, ha participado en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos; incluso ha hecho uso excesivo de la fuerza al practicar detenciones y ha cometido violación sexual, acoso e intimidación, como lo documentó la Fundación para la Justicia (FJEDD) en su informe Bajo la bota.
Política migratoria inhumana
Kica Matos, presidenta entrante de la National Immigration Law Center, quien formó parte de la delegación ya referida que visitó el Valle del Río Grande en Texas, fue muy clara al expresar que “buscar seguridad es un derecho legal y humano”. Nada más cierto, cientos o miles de personas migran de sus países de origen debido a la crisis económica, por motivos políticos o bien por la violencia que pone en riesgo su vida.
En nuestros informes Sin lugar que me proteja: Solicitantes de asilo en México por razón de su orientación sexual de género provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras (2017); México: Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México (2018); y Empujados al peligro: Devoluciones forzadas de niños y niñas migrantes no acompañados efectuadas por Estados Unidos y México (2021) hemos advertido en reiteradas ocasiones cómo la inhumana política migratoria del Estado mexicano menoscaba los derechos humanos de las personas que migran.
Aquí un ejemplo. En México: Ignoradas y sin protección: La mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México referimos el caso de Saúl, persona hondureña quien en 2016 solicitó asilo a la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) porque estaba en riesgo su vida. Su petición fue negada y dicha dependencia lo deportó. Tres semanas después, en julio de ese año, fue asesinado. El Estado mexicano incumplió así su obligación de dar protección a la persona que la necesitaba y violó el principio de no devolución.
Otra grave deficiencia detectada es que las personas enviadas a los centros de detención del INM no son informadas de su derecho a solicitar asilo en México. Como resultado de ello, en nuestro Informe 2022/2023 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo, damos cuenta como en 2022 las autoridades mexicanas recluyeron al menos a 281 mil 149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98 mil 299, en su mayoría de Centroamérica, entre ellas había miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados.
Además, es preocupante que el Estado mexicano persista en su política de detención generalizada de personas migrantes, lo que contraviene los estándares internacionales. Indigna que recurra a un discurso con el que hace creer que los centros de detención del INM son “albergues”, cuando en realidad las personas que ahí se encuentran no están “alojadas”, sino claramente privadas de su libertad. Esos lugares tampoco son adecuados para recibir al flujo de migrantes, ni tienen capacidad para ofrecerles la debida alimentación y alojamiento.
En enero de 2020, detectamos que el INM impedía el acceso a sus estaciones migratorias del sur del país a las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, pese a que estas contaban con sus permisos vigentes para realizar sus labores de monitoreo de la situación de las personas detenidas. Por ello, dirigimos una carta al titular del INM Francisco Garduño Yañez, pidiéndole que les garantizara el acceso.
Ante esta terrible realidad, en el olvido quedaron las declaraciones que hizo en el último trimestre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en un mitin efectuado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En ese entonces, ante las personas migrantes que se congregaron en la frontera de México con Guatemala para dirigirse a Estados Unidos, López Obrador dijo: “cuentan con nosotros, yo ofrecí visas de trabajo a los centroamericanos pobres que salen de su país porque no tienen opciones”.
En otra parte de su discurso señaló: “el que sale de su pueblo no sale por gusto, sale por necesidad”. Más aún, dijo, “no se puede estar enfrentando este problema (el de la migración) sólo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, hay que garantizar los derechos humanos”.
El deber ser
Nuestros informes incluyen una amplia gama de recomendaciones, entre ellas que las y los migrantes deben acceder sin restricciones a los procedimientos de asilo y que se detengan las prácticas ilegales de devolución. Es importante que el gobierno mexicano se abstenga de recluir a niños y niñas migrantes no acompañados en refugios cerrados y que los trate conforme a las Directrices del ACNUR.
Respecto de las personas de la comunidad LGBTI, son necesarias políticas públicas de prevención y sensibilización que promuevan el respeto a sus derechos y prevengan toda forma de violencia en su contra.
Al Congreso mexicano le recomendamos que incremente los fondos destinados a la COMAR para que, entre otras cosas, amplíe su presencia en las fronteras norte y sur de México y mejore su capacidad para tramitar el creciente número de solicitudes de asilo en México.
En la conferencia mañanera del lunes 24 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se refirió al “viacrucis migrante” que en esa fecha salió de Chiapas hacia Estados Unidos como: “nuestros migrantes” y aseguró que “el gobierno federal procura garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional, sino que estén muy bien atendidos en cuanto a alimentación, en cuanto a prevención de la salud”.
Más allá del lenguaje condescendiente es urgente que el gobierno mexicano pase a los hechos y estructure una política migratoria que ponga en el centro a las personas migrantes.
El Estado mexicano no debe perpetuar más los mismos errores que han sido la causa de que las personas migrantes sufran tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hablamos de dar a las personas migrantes un trato digno, de respetar los derechos humanos de miles de mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños y bebés. Todas y todos merecen una migración segura y respeto a su condición humana.
* Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.