Desde hace ya demasiado tiempo, México se ha convertido en un nido de violencia. La delincuencia ha cobrado miles de vidas, y el reclamo social por mejores condiciones de seguridad y justicia se ha hecho cada vez más fuerte. Frente a ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la propia presidenta de la República han presentado un proyecto para crear un verdadero sistema nacional de inteligencia e investigación, capaz de responder a la magnitud del problema.
Todo Estado moderno tiene el deber de dotarse de herramientas legales y tecnológicas para enfrentar a la criminalidad. Resulta, cuando menos, ridículo exigirle al gobierno que frene la violencia, pero negarle los mecanismos para hacerlo. No vayamos lejos: desde el sexenio calderonista no se ha logrado consolidar siquiera un registro nacional de telefonía funcional. ¿Cómo se pretende investigar sin información?
Tener acceso a información patrimonial, fiscal, financiera, registral, comercial y de comunicaciones es fundamental para llevar a cabo cualquier investigación. Con suerte, pueden pasar días para obtener esos insumos; en la mayoría de los casos, pasan semanas o incluso meses. Hoy, esto debería ser sistemático e inmediato. La iniciativa legal no se queda ahí: delimita también la posibilidad de diagnosticar, con base en datos, las capacidades del Estado frente a los diversos fenómenos delictivos.
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¿De verdad podemos darnos el lujo de rechazar un aparato como este cuando el crimen organizado trafica drogas, armas y personas; roba hidrocarburos, lava dinero y destruye comunidades enteras? ¿Cuando Estados Unidos presiona cada vez más por los flujos de fentanilo y las muertes que este ocasiona en su país?
No podemos pedir menos cuando, por ejemplo, el sexenio pasado nos dejó una estela de muerte que ronda los 200 mil homicidios: 94 por día, 3.9 cada hora. Súmele a eso las 156,066 víctimas del sexenio de Peña Nieto y las 120,463 del de Calderón. Estamos hablando de cerca de 500 mil personas muertas en 18 años.
Y, sin embargo, la desconfianza persiste. En un país como el nuestro, donde la supervisión ilegal ha sido una constante, cualquier intento por fortalecer los aparatos de inteligencia despierta sospechas. Esto se agudiza cuando, al mismo tiempo, se aprueba una reforma judicial que pone en entredicho la división de poderes, o cuando gobiernos estatales —como los de Puebla y Campeche— persiguen la libertad de expresión.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y su titular, Omar García Harfuch, pueden tener las mejores intenciones. Pero si estas capacidades terminan secuestradas por intereses ajenos a la legalidad, el resultado será aún peor que el mismo de siempre: más control para el poder, menos justicia para el pueblo. Los elementos que acercan a las democracias a las autocracias.
Moneda al aire
Lo que el gobierno federal debe demostrar es algo muy elemental: que sobre estas capacidades exista una supervisión férrea y contundente. Es fundamental entender que estas herramientas no son del gobierno en turno, sino del Estado, como ocurre en cualquier democracia —más o menos funcional— que cuenta con un sistema de inteligencia moderno y oportuno.
Poco abona a esta confianza cuando dos bancos y una casa de bolsa son señalados con gravísimas acusaciones por parte del FinCEN, y una de ellas goza de la cercanía con un expresidente de la República. No es cosa menor: la bomba estalló con precisión. Un excolaborador muy cercano al exmandatario está involucrado, con una acusación doble: primero, por lavar dinero del narcotráfico, y segundo, por lavar dinero de Genaro García Luna. ¿Todos comen del mismo plato? Porque, a estas alturas, parece que sí.