Llovía en la mañana del pasado lunes 26 de mayo cuando recibí la noticia del cese de 180 servidores públicos, en su mayoría abogados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Fueron llamados uno a uno para decirles que las oficinas donde laboraban quedaban suprimidas, y, por tanto, ellos también.
“Discúlpenme”, decía el funcionario ejecutor, “son órdenes de arriba, no podemos hacer nada”. Hay un acuerdo del Secretario del Trabajo publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación en el que anuncia la supresión de seis Juntas especiales con residencia en la Ciudad de México donde, en promedio laboran 30 servidores públicos en cada una.
A funcionarios con 10, 15 o más años de antigüedad les informaban de su cese y los conminaban a abandonar las instalaciones, estando a su disposición un mísero finiquito, a cambio de firmar su renuncia. Sin remordimiento alguno, les decían, hagan lo que hagan, no hay marcha atrás.
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Los que no aceptaban esa burla de ofrecimiento fueron retirados a la calle por personal de seguridad. Ni siquiera los dejaron sacar sus cosas personales.
El trozado finiquito no consideraba sus años de antigüedad, solo los de su último puesto. Tampoco su salario real, sin contemplar las prestaciones de los trabajadores.
Otros trabajadores con hasta 16 años de antigüedad, a quienes les llaman eventuales, les hacían firmar contratos cada tres meses y en los últimos tiempos cada mes. Para ellos, ni un ofrecimiento económico, solo una patada.
Personal de estructura, confianza, sindicalizados y eventuales continuaban saliendo por esas puertas, ya sin empleo. Momentos antes estuvieron ante representantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quienes vigilaban que se firmaran las renuncias.
La palabra suprimir, que ahora se inserta como un nuevo término del catálogo del derecho exterminador, al que algunos le llaman derecho laboral, es sinónimo de eliminar, anular, abolir, quitar, erradicar, extinguir, omitir o liquidar garantías consagradas en favor del trabajador.
Es una pena que, sólo después de seis años de haberse implementado la reforma laboral, que lleva zapatos viejos, se hayan olvidado de disposiciones que ordenaron y exigían a las autoridades, a respetar los derechos de los trabajadores en esta etapa de transición.
Es posible que se haya suprimido en la mente de los funcionarios el Transitorio Vigésimo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 1º de mayo de 2019, que señala de manera clara:
“Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad. (…)”
El derecho más importante es el de la estabilidad en el empleo, en lugar de buscar que a los trabajadores se les reubicara, se les separó del trabajo.
Me pregunto y reclamo a quien corresponda: ¿para qué sirven esas leyes que dicen proteger a los trabajadores si no se respetan?
No sólo se supone, sino que es una obligación, sin pretexto alguno, el respetar y hacer respetar las leyes del trabajo y más cuando hay un ordenamiento claro y preciso que indica el respeto “en su totalidad” de los derechos de los trabajadores, incluyendo a los encargados de atender casos de justicia laboral.
¿Por qué se trata de manera indigna a empleados, echándolos a la calle sin miramiento alguno? Les dijeron que o firmaban su renuncia o se atenían a las consecuencias, amenazándolos de que se quedarían sin nada, que las puertas se cerrarían para ellos en todos lados.
El acuerdo que suprime las Juntas Especiales no establece la separación de los trabajadores de dichas oficinas. ¿Dónde está la congruencia de los funcionarios que ven a las personas como si fueran cajas de cartón para echarlos a la calle?
¿Dónde está esa responsabilidad de desacatar una ley laboral que ordena el respeto total a sus derechos? ¿Lo hacen así, de esa manera impune porque saben que nadie los va a juzgar ni reclamar?
Es falso lo que dice el acuerdo de supresión. El índice de expedientes no ha bajado en las seis Juntas Especiales que ahora desaparecen. Muchos abogados hemos tenido que recurrir a amparos por meses y meses porque los juicios no avanzan. Es manifiesta la falta de personal ante el exceso de asuntos.
Los trabajadores, que deberían ser el centro de esta reforma, siguen esperando resoluciones que nunca llegan. Mientras tanto, los funcionarios que sí se han comprometido con su labor, sin herramientas ni personal suficiente, enfrentan una sobrecarga que hace imposible cumplir con los tiempos procesales. Esta supuesta “reestructura” no es más que una forma de barrer el polvo bajo la alfombra.
Tengo pruebas en mis manos de la existencia de amparos que no han sido acatados por el exceso de trabajo de esos funcionarios que ahora se van a la calle, y los puedo presentar ante cualquier instancia.
Lo más grave es que mientras se ordena el desorden del caos, los plazos quedan suspendidos, en el buen español quiere decir que harán inventarios de inventarios, apilarán expedientes sobre otros, y habrá más pretextos para que los juicios se sigan alargando. Dicho de otro modo, la justicia laboral estará suspendida en el lodo del abandono.
No se trata solo de eficiencia administrativa, se trata del derecho humano al acceso a la justicia. Los retrasos, las omisiones, la indiferencia institucional, y ahora la desaparición de estas Juntas, convierten el proceso laboral en un laberinto sin salida para quienes dependen de su resolución para “sobrevivir”. Resulta irónico que, en nombre de una modernización, se impongan más obstáculos a quienes ya enfrentan una posición de vulnerabilidad.
¿Por cuánto tiempo? Nadie lo responde. No está en las prioridades de quienes redactan acuerdos de supresión además porque, su salario está seguro.
Mientras escribo estas líneas observo que la lluvia está apretando, y parece que esos derechos que se encuentran en las leyes laborales, escritas en pluma fina, se están yendo, como el agua sucia, a la coladera.