Desde la captura y entrega de Iván Archivaldo Guzmán Salazar e Ismael “El Mayo Zambada”, ha habido mucha especulación sobre los posibles acuerdos que podrían haber alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Este fenómeno se ha observado también con varios miembros de su grupo delincuencial, cuyo objetivo principal es reducir sus sentencias.
Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado"; Emma Coronel; Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”; Sergio Villarreal, alias “El Grande”; y Jesús Reinaldo, alias “El Rey Zambada”, han sido algunos de los muchos miembros del cártel de Sinaloa que han participado activamente en programas de testigos que les han permitido ofrecer sus testimonios en casos de interés para el gobierno estadounidense. Entre estos casos se encuentran el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”; y el desarrollo de diversas investigaciones en curso que podrían ser judicializadas en alguno de los circuitos y cortes de Estados Unidos.
Valdría la pena recordar ciertos elementos necesarios para convertirse en un testigo colaborador. En primer lugar, es fundamental contar con una sentencia en alguno de los juicios en curso. Esto comúnmente se logra mediante un acuerdo formal entre el testigo y el gobierno, conocido como “plea bargain” o acuerdo de culpabilidad. Este acuerdo especifica las condiciones de la colaboración y los beneficios para el testigo, como la reducción de la sentencia o la inmunidad para él o sus familiares en ciertos casos.
Te podría interesar
Existen varios tipos de testigos dentro del sistema judicial estadounidense. Por ejemplo, los testigos de acuerdo “cooperating witness” son aquellos que han llegado a un acuerdo con las autoridades para testificar a cambio de ciertos beneficios, como la reducción de su condena. También está el informante confidencial “confidential informant”, quien proporciona información de manera confidencial, a menudo a cambio de promesas de inmunidad. Este tipo de testigo no puede testificar en el juicio, pero colabora de otras maneras. Muchos narcotraficantes mantienen una relación activa con las agencias, lo que a menudo resulta en su entrega y van tejiendo una relación incluso con alguna contraprestación económica
Otro tipo de testigo es el testigo colaborador “protected witness”, que está bajo el Programa de Protección de Testigos debido al riesgo personal que implica su testimonio. Estos individuos han colaborado en casos de alto perfil y han proporcionado información crucial para los procesos judiciales. En algunos casos, pueden ingresar al Witness Security Program (WITSEC), que les proporciona una nueva identidad, excarcelación, nacionalidad, asistencia financiera y laboral, así como una reubicación.
En el caso de Ovidio Guzmán, aún no ha recibido una sentencia. Aunque en el sitio de consulta del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos se indica que su estatus es "Liberado", esto suele ocurrir cuando el imputado cambia de distrito judicial o es trasladado de penal. Además, “El Ratón” también enfrenta procesos en México, por lo que sus beneficios de excarcelación podrían verse restringidos si el gobierno mexicano, a través de su Fiscalía General, solicita su entrega por los procesos pendientes, incluyendo los cargos de secuestro y traición a la patria que enfrenta Iván Archivaldo, ninguno de ellos puede tener beneficio alguno o negociación si no tienen sentencia.
Esto solo es cuestión de tiempo, pues, el interés de las autoridades americana y general está en lo que podrían revelar sobre las operaciones de su organización, no solo para personajes en México, sino también en relación con las redes de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos, que les permiten mantener una operación “sana” al otro lado de la frontera. Estas relaciones abarcan armeros, casinos, hoteles, bancos, despachos contables, mafias locales, empresas de paquetería, despachos legales, tiendas de autoservicio, importadoras, laboratorios, tiendas de artículos de lujo, restaurantes, entretenimiento, negocios de todo tipo, desde grandes hasta pequeños, así como actividades de contrabando, trata de personas, inmigración, hospitales, películas, (recordemos el interés que tenía la actriz Kate del Castillo en producir alguna película con dinero del Chapo) entre otros.
Un claro ejemplo del resultado de la colaboración es el de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel de los Zetas y exlíder del Cártel del Golfo. Cárdenas Guillén fue liberado tras cumplir una sentencia reducida gracias a su colaboración. Se declaró culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico, mientras que doce cargos fueron retirados. Según la DEA, Cárdenas Guillén no será incluido en ningún programa de protección y podrá moverse con libertad en Estados Unidos o donde él decida. Actualmente, tiene 57 años. ¿Volver a empezar?
La otra cara de la moneda: Hace apenas un par de días, Martí Batres decretó cambios en los principios de propiedad de la Ciudad de México a través del artículo 3 de la Constitución local. Es alarmante que el decreto publicado modifique lo relacionado con la propiedad privada, declarando que los bienes de dominio público, de uso común y los privados pasarán a ser propiedad de la Ciudad.
Esto generará enormes riesgos para los propietarios y desarrolladores, ya que, si así lo determina la autoridad, tu casa podría dejar de ser tuya, estando subordinada al interés de la nación y de la ciudad. Se altera, literalmente, el artículo 27, que establece que ninguna propiedad podrá ser expropiada "si no es por causa de utilidad pública" y mediante indemnización.
Estos cambios representan una modificación significativa en la protección de la propiedad privada, lo que podría disuadir la inversión y afectar negativamente el desarrollo urbano. Los propietarios y desarrolladores deben estar atentos a cómo se implementarán estas disposiciones y cuáles serán las verdaderas implicaciones para la seguridad jurídica y la estabilidad económica en la Ciudad de México.