Para nadie debe resultarle sorpresa que, en la conformación de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana del nuevo sexenio, exista la posibilidad de llevar a cabo diversas reformas legales, incluso constitucionales, que permitan al Gobierno centralizar los recursos materiales, humanos y financieros destinados a la seguridad pública.
Recordemos que una enorme aspiración en el gobierno calderonista, de su hoy defenestrado secretario Genaro García Luna, era el denominado “Mando Único”. Esto surgió ante el poco éxito y los magros resultados de las policías municipales y estatales. En aquellos tiempos, muchos estados presentaron un incremento muy importante en actos letales derivados de la confrontación delincuencial; los secuestros de alto impacto eran el común denominador. La respuesta propuesta fue absorber todas las entidades policiacas en una sola. La propuesta, acompañada de una feroz crítica, no tardó en llegar. Hubo enormes disputas en el Congreso, y al final no se lograron los votos necesarios, quedando todo en un simple deseo.
Hoy, el nuevo Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, podría tener opciones de hacerse de elementos que le tomarían mucho menos tiempo y serían más asequibles, dada la amplia victoria de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Harfuch podría incluso contar con el apoyo legislativo para revivir la propuesta calderonista, mejorada sin duda, y dotarla de elementos ante la inminente transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA.
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La nueva corporación podría integrar a los policías estatales y municipales, todos los que formen parte de una corporación policial, además de la Comisión Nacional Antisecuestros. Así, todas serían administrativamente dependientes de la nueva corporación, sin quitar el mando a los gobernadores o alcaldes. En este entendido, para que alguien pueda participar en tareas de seguridad, tendría que ser parte de la misma, es decir, un Cuerpo Nacional de Policía.
Los vastos recursos otorgados, y muchas veces mal ejercidos o dilapidados, se centralizarían para ser más eficientes. Los recursos humanos y financieros serían concentrados, y todas las capacitaciones y certificaciones, equipamientos, compras, contrataciones y licitaciones serían una sola.
Esto también permitiría una coordinación más estrecha, con mayor movilidad y rotación de elementos, e incluso actuar de manera supletoria en casos de afectación mayor a la seguridad pública, tal como sucede en países como Alemania. Contar con controles de confianza permitiría obtener resultados verdaderamente fiables, además de disponer de 32 entidades federativas que puedan optar por el mismo modelo de inteligencia criminal confiable, asequible y con directrices centrales claras para las necesidades de los estados y las regiones.
Así, para la seguridad pública, se podría contar con el Cuerpo Nacional de Policía, mientras que para la seguridad interior, el estado podría convocar a la Guardia Nacional en casos donde se rebasen las posibilidades de la Seguridad Ciudadana.
Esta corporación, si bien parece haber sellado su destino, incluso con el dictamen que advirtió su traslado a la SEDENA y filtrado hace unos días, tampoco logra determinar su quehacer, manteniéndose en un limbo en sus funciones. Hoy más que nunca, es necesario contar con una fuerza que permita atender eventos relacionados con la seguridad interior, una fuerza de seguridad intermedia, convocada cuando exista excepcionalidad.
Sería más que necesario, y probablemente le daría una dimensión nueva que hasta ahora ha resultado pérdida, manteniéndose un interminable debate sobre la seguridad pública, donde se aspira a que todo quepa. Aunque he manifestado mi rechazo a que la Guardia sea parte de la SEDENA, esto no está peleado con que puedan tener una instrucción militarizada, con capacidades que les permitan atender amenazas a la seguridad interior.
La otra cara de la moneda: En la minuta al Poder Judicial aprobada en comisiones apenas hace un par de días, vemos la figura de los “Jueces sin rostro”. En Italia, en la década de los ochenta, durante el período crítico en la lucha contra la mafia, especialmente contra la “Cosa Nostra” en Sicilia, el poderío de esta organización criminal era tan grande que se temía mucho por la vida de los juzgadores y fiscales que procesaban los asuntos relacionados con este grupo delincuencial. Italia decidió proteger la identidad de estos magistrados y fiscales que eran identificados, amenazados o asesinados por las organizaciones criminales.
“Los Jueces sin rostro” llevaban a cabo sus juicios con su identidad oculta, utilizando pseudónimos. Sus rostros no eran mostrados al público ni a los acusados. Incluso, los nombres de algunos tendían a formarse con un nombre dado por el ejecutivo y un apellido por el legislativo. Esto dio más confianza para generar sentencias y procesos más contundentes en contra del crimen organizado. Aunque fue una medida temporal, fue decisiva para la disputa que sostenía el estado italiano contra las organizaciones criminales. Acierto.