Ha llamado la atención que ciertos jueces promovieron amparos por modificaciones a la Constitución para intentar detener la reforma judicial, a sabiendas que son improcedentes.
La ley de amparo señala de manera clara que será improcedente un juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución o contra actos del Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras. Sin embargo, tanto los juzgadores que solicitaron el amparo como los que lo aceptaron, incluso otorgando la suspensión provisional dejan en evidencia la bajeza del uso del derecho a conveniencia.
Personalmente presenté amparos ante jueces de distrito, reclamando violaciones a derechos humanos por modificaciones al artículo tercero constitucional por causar perjuicios a integrantes del magisterio nacional por la llamada Reforma Educativa y éstos eran desechados de inmediato.
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Eran los tiempos de las reformas estructurales desde la Constitución para permitir la privatización de los recursos energéticos de la Nación incluyendo la reforma educativa que destruía los derechos de los trabajadores del magisterio nacional.
Eran días en que legisladores de partidos políticos que ahora se quejan de la reforma judicial hacían lo necesario para proteger los intereses de los grandes capitales.
En tiempos recientes he presentado amparos por reformas a la Constitución y actos del Congreso de la Unión y en menos de 24 horas estos han sido desechados. Ahora me entero que jueces de distrito admiten los amparos de sus compañeros juzgadores, lo que me parece un acto fuera de lugar, de un cinismo inconcebible.
No es admisible que se conviertan en juez y parte, estos juzgadores que no están de acuerdo con la reforma constitucional que valida el voto para designar a ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular y lo hagan violentando la ley.
No es válido que usen la ley a modo, que lo hagan como si fuera de su propiedad, para beneficio de intereses personales.
El artículo 61 de la ley de amparo desde su modificación en abril de 2013 prohíbe cuestionar cualquier adición o reforma a la Constitución lo que he considerado bochornoso e insensato porque niega cualquier medio de defensa para los ciudadanos afectados.
No se puede justificar que cualquier modificación a la norma suprema por el solo hecho de que se encuentre en ese estatus no violente los derechos humanos, sin embargo, en aquellos tiempos que lidereaba Peña Nieto, justificaban atrincherar y amurallar toda protección a los capitales privados desde la Constitución.
Quienes nos quejábamos en esos tiempos del peñismo contra reformas a la Constitución que considerábamos violatorias a derechos humanos, los primeros que salían a oponerse eran los jueces de distrito. Al día siguiente que llegábamos al juzgado para obtener respuesta de nuestro amparo recibíamos el portazo con la respuesta fría: “desechado por improcedente”.
Ahora aparecen jueces de distrito que se otorgan amparos a sí mismos, a pesar de tener conflictos de interés. Acciones tan burdas e insolentes de estos juzgadores quitan fortaleza a cualquier protesta.
A mí me parece que la reforma que pretende reestructurar todo el aparato de justicia federal como el de las 32 entidades federativas debe asegurar que los elegidos cuenten con una preparación adecuada para ser juzgadores imparciales. No basta que haya recién egresados que aprendan de memoria las leyes.
Se requiere experiencia, conocimiento de la jurisprudencia, de las reglas de valoración de las pruebas y de la carga probatoria. Se exige pleno manejo de tratados internacionales y de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo juzgador debe saber redactar, expresar ideas con claridad, tener criterio jurídico y sentido de justicia. Se necesita forzosamente tener experiencia para ser un juzgador que pueda resolver conflictos y contar con una carrera judicial que los forme para estar debidamente capacitados.
El grupo de legisladores de Morena tiene la enorme responsabilidad de lograr un sistema de justicia que lo revolucione, no que lo aniquile, ni que lo involucione. El sistema de elección parece un acto irresponsable porque no han sido capaces de informar que ello no significa que se elija a cualquiera, como así se ha propalado por algunos.
Si se pretende tener un poder judicial incondicional, oportunista, impreparado, que solo actúe a conveniencia de los gobernantes en turno será un acto no solo reprobable, sino el peor acto de gobierno de toda la historia de nuestro país.