Mientras que ministros, magistrados, jueces e integrantes del poder judicial se parapetan en sus trincheras defendiendo el viejo modelo de justicia mexicano, el embajador de Estados Unidos se suma como aliado de estos justicieros para defender un modelo arcaico que no le toca ni siquiera opinar. El presidente de la república en un hecho inusitado anuncia pausar una relación con Canadá y Estados Unidos de Norteamérica que deja impactados a propios y extraños.
Ken Salazar dijo estar preocupado, tener incluso la intención de querer colaborar bajo un diálogo con el ánimo de intercambiar opiniones sobre nuestro sistema judicial, declaraciones lamentables que fueron respaldadas por el gobierno estadounidense, por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos y hasta el gobierno canadiense pretextando su intervención en temas internos alegando ser un país socio.
Ante estas declaraciones inusuales, el gobierno mexicano decidió “pausar” las relaciones diplomáticas con ambos países a partir de este 27 de agosto, tras considerar que hay intromisión e injerencia en la soberanía nacional.
Te podría interesar
La relación política entre México y Estados Unidos históricamente ha padecido tensión en al menos en dos ocasiones. La primera cuando el pueblo texano decidió anexarse a la comunidad americana teniendo el apoyo del gobierno de Washington, que originó la toma y presión por tropas estadounidenses de 18 puntos estratégicos del territorio nacional, donde la mañana del 16 de septiembre de 1847 fue izada la bandera norteamericana en Palacio Nacional.
La segunda ocasión, fue en la irrupción del gobierno norteamericano desde el 14 de marzo de 1916 hasta el 7 de febrero de 1917 con la entrada invasiva de cuatro mil soldados a territorio mexicano en la búsqueda y captura de Francisco Villa que no lograron, por su irrupción a Culumbus, Nuevo México.
Este deterioro en las relaciones que motivó la decisión presidencial de pausar la relación diplomática entre México y sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá, en cuatro ocasiones México ha roto sus relaciones diplomáticas con otros países.
En 1930 debido a diferencias ideológicas con la Unión Soviética, así como a los ataques a las embajadas y consulados de México en el extranjero, reanudándose hasta 1942; con España en 1939 por los actos cometidos por el régimen franquista, reanudándose en 1977; con el gobierno de Nicaragua en 1979 debido al régimen dictatorial somocista situación que sólo duró unos cuantos meses reanudándose la relación diplomática el mismo año y la más reciente cuando el presidente López Obrador anunció el fin de las relaciones diplomáticas con Ecuador debido a la irrupción en la embajada mexicana para la detención del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había solicitado asilo político, considerada como una clara violación a la Convención de Viena.
Aunque se requiere una reforma judicial, la forma que ha propuesto el presidente López Obrador para llevarla a cabo resulta una aberración por la forma de resolver la crisis que vive ésta.
Los jueces, ministros y magistrados no deben ser electos por votación popular sin cumplir con los requisitos mínimos indispensables de idoneidad para ocupar dichos cargos. Es de suma importancia que cuenten con experiencia judicial, capacidad para resolver problemas reales, no solo los de papel y especialización en la materia donde deban impartir justicia. No es lo mismo la impartición de justicia en materia penal, mercantil, administrativa o la laboral. Si los ciudadanos deben elegir por voto popular, deben poder hacerlo entre los más capaces, con experiencia y aptitud.
Este reclamo de una justicia que fortalezca la autonomía del poder judicial se empaña con la injerencia externa. Pareciera que cuestionar una justicia por medio de una tómbola o al azar, o elegir a inexpertos es un tema insensato cuando no lo es. Reclamar un poder judicial fuerte es también defender la soberanía nacional de nuestro país para evitar intromisiones de cualquier tipo en la resolución de cualquier caso que afecte derechos fundamentales.
La intromisión bajo el argumento de “opinión” con la intención de “proponer y dialogar” sobre asuntos que le competen solo a México y a los mexicanos resulta lamentable, ya que ningún tratado comercial puede estar por encima de la soberanía nacional, pero tampoco es válido reformar para retroceder un sistema de justicia que anule el equilibrio de poderes y lo vuelva a modo, a conveniencia, que lo denigre.