Con cuatro de cada siete sufragios a su favor, apenas un poco más de la mitad, Morena y sus aliados se hicieron con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mediante la aplicación de las reglas vigentes de conversión de votos en asientos, y alcanzando con prácticas aberrantes una mayoría calificada en el Senado de la República, de manera tal que pudo darse un ejercicio de fuerza que remeda al 18 de Brumario para permitir, mediante una reforma al Poder Judicial, la instauración de una suerte de cesarismo en México.
Falta por ver si, dadas las múltiples violaciones a aspectos procedimentales y el desacato de resoluciones judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad que pudiera derivar en la revocación de la reforma, entrando de lleno con ello a una crisis constitucional de pronóstico reservado. Eso, al margen de que hasta el momento de escribir estas líneas las actividades del personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentran detenidas por un paro indefinido de labores que retrasa los procesos en este ámbito.
EL PROCESO ELECTORAL JUDICIAL
Expedida la reforma, se inicia el proceso electoral judicial extraordinario 2024-2025, la primera de dos rondas para el reemplazo de la totalidad de los juzgadores del país mediante comicios, acorde luego con esa consideración de Borges de la democracia como un abuso de la estadística. En esta primera ocasión, se deberán elegir cinco ministras y cuatro ministros, la totalidad recortada de una nueva integración de la SCJN, dos magistradas pendientes del Tribunal Electoral y quince magistradas y magistrados de sus salas regionales, cinco integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 823 magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito y 627 magistrados y magistradas de tribunales estatales. Casi mil quinientos cargos jurisdiccionales por los que competirán más de diez mil candidaturas que se definirán al margen de los órganos electorales mediante procesos internos a cada poder federal constituido para su postulación, selección e insaculación.
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Para el proceso electoral judicial ordinario de 2026-2027, coincidente con elecciones de diputados federales y de muchísimos procesos para la elección de Ejecutivos y Legislativos locales, se completará la renovación del Poder Judicial con la elección de las cinco magistraturas adicionales del Tribunal Electoral del PJF, 824 magistradas y magistrados y casi cuatro mil cuatrocientos jueces y juezas de poderes judiciales de las entidades federativas, para un total de más de cinco mil cargos jurisdiccionales con más de treinta mil candidaturas de los alrededor de seis mil setecientos cargos a elegirse existentes en el Poder Judicial, para los que se tendrán más de cuarenta mil candidaturas.
Las campañas para lograr el respaldo popular serán de sesenta días en los que no se podrán emplear recursos públicos ni privados, sino solamente el acceso a debates y medios proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en las que no podrán participar los partidos políticos. Aunque esta restricción hace temer la intervención de poderes formales y fácticos muy diversos (gobernantes, partidos, empresarios, crimen organizado), la ausencia de motivos de gasto permitido hará difícil esta intervención, aunque habría que controlar de manera particular las redes sociales.
En la jornada electoral, el ciudadano que acuda a votar recibirá una boleta para cada órgano nacional a renovarse, una por magistrados y otra para juzgadores en cada una de las materias (civil, familiar, laboral, mercantil y penal) en que se divide la justicia federal, además de las boletas correspondientes a magistraturas y juzgadores en el ámbito local cuando toque, que pueden o no estar divididas por materia. Más de veinte boletas en algunas entidades federativas, menos en otras, cada una con decenas, sino cientos de nombres de aspirantes a los cargos a elegir. Los recursos saldrán supuestamente de los fondos de los fideicomisos del PJF que desaparecerán, algunos de los cuales debieran ser de los trabajadores a quienes se les están expropiando, y serán seguramente miles de millones de pesos en cada ronda.
ALGUNOS PROBLEMAS EN LAS ELECCIONES
Vale la pena tocar dos puntos sobre las elecciones judiciales: las casillas y las boletas.
Resulta sumamente complicado pensar que con las poco más de 170 mil casillas instaladas en un proceso electoral legislativo nacional y con los integrantes que convencionalmente tienen se podrá desahogar en tiempo y forma la votación de los ciudadanos, pensando en que tendrán que distribuirse, llenarse y depositarse muchísimas boletas por persona, por lo que la duración del acto de votación será más prolongada que lo que se estila cuando se cuenta con hasta seis boletas por persona. Pero en la medida en que la autoridad pretenda aumentar el tamaño o el número de las mesas de votación se enfrentará al problema de extender y hacer más complicado el reclutamiento del funcionariado de las casillas, con el consiguiente riesgo de incompletitud de las mesas.
Respecto a las boletas, aunque pudiera pensarse que el INE es libre para diseñarlas —dado que podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del procesos electoral extraordinario de 2025—, ya se encuentra constreñido por lo dispuesto en la reforma constitucional, que marca que las boletas contendrán el nombre completo numerado por orden alfabético de quienes compiten, el cargo por el que opta, la entidad federativa, el circuito judicial, la especialización por materia, la autoridad postulante y la titularidad previa en el encargo. Dado que cada elector podrá votar en la misma boleta por las distintas personas a elegirse para un mismo cargo, será una suerte de voto aprobatorio acotado, que se supondría más equitativo que sistemas de voto uninominal. Empero, la elección se hará sobre listas definidas por comisiones de evaluación de cada poder por separado, que habrán preseleccionado a quienes puedan competir.
La obligación de presentar listados ordenados alfabéticamente propiciará que se vote más por personas con las primeras, o en todo caso las últimas letras del alfabeto, creando un sesgo en la probabilidad de triunfo de quienes contiendan. Y el hecho de que todas las personas vayan en un único listado generará confusiones sobre el género de algunas, dada la ambigüedad de nombres que se empleen para ambos géneros, de nombres de origen extranjero o incluso inventado, que provocará equivocaciones al llenar los recuadros, sin que sea claro todavía cuando un sufragio se anulará o validará y si podrá hacerse sólo para una inclusión o para toda la boleta. Desde luego, el cómputo de las votaciones emitidas llevará un buen tiempo, aun y cuando pudiera pensarse que se dispondrá de un recuadro al lado de cada contendiente para registrar el voto aprobatorio hacia esa persona y que, con ello, se simplificará el escrutinio posterior a la votación.
Menuda tarea a resolver por la autoridad administrativa electoral nacional en el corto lapso para llegar a las elecciones extraordinarias. Y el problema se volverá mayor en las elecciones de 2027, no sólo por la mayor cantidad de cargos a disputar y candidaturas a enfrentar por la vía judicial, sino porque la concurrencia de las elecciones podrá entorpecer la salida de resultados de las elecciones legislativas y se complicará por el empalme de divisiones administrativas de ambos poderes y para la conformación de casillas comunes a ambos procesos.
Un comentario final: el exterminio de gorriones que afectaba los cultivos en la China de Mao propició plagas de insectos que derivaron en la Gran Hambruna. Esperemos que el exterminio de los actuales juzgadores en México no traiga consecuencias tan nefastas.