Actuar con autonomía es actuar con independencia de intereses políticos, económicos o privados. Desde su creación en septiembre de 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha tomado decisiones y emitido regulaciones bajo criterios estrictamente técnicos. Esa ha sido su virtud y también su talón de Aquiles.
Nos concentramos en cumplir las obligaciones constitucionales que se impusieron al Instituto; metas, plazos, términos que había que atacar, dado el rezago que existía de nuestra antecesora, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes); y consumimos también buena parte de nuestros esfuerzos en generar las condiciones de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Las decisiones técnicas adoptadas por el IFT aumentaron la competencia y permitieron que el grado de concentración (IHH)[1] en el mercado de banda ancha fija disminuyera 53% del primer trimestre del 2013 al primer trimestre de 2023; mientras que en el servicio móvil se redujo 34% en el mismo periodo. Esto significa que el operador preponderante redujo su porcentaje de clientes y sus competidores atrajeron nuevos usuarios.
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Las condiciones generadas, a partir de la creación de un regulador autónomo del Ejecutivo, permitieron una mayor oferta de servicios, mayor cobertura y en general un crecimiento exponencial del sector. Existen 51 millones de personas más que en 2013 con internet y el 71.7% de los hogares cuenta con este servicio.
Las y los mexicanos pagan 32.1% menos por los servicios de comunicaciones que reciben y se estima que la disminución de los precios asciende a 805 mil millones de pesos. Por cada peso de presupuesto federal asignado al IFT, se han generado 44 pesos de ahorro.
El Instituto rompió la inercia de décadas, en que las concesiones de radio y televisión se asignaban de manera discrecional por el gobierno federal, sin conocer los criterios bajo los cuales se otorgaban ni los montos que pagaron por el uso del espectro radioeléctrico. Tampoco se conocían los motivos por las que se revocaban diversas concesiones.
Por primera vez en la historia del país, a partir del nacimiento del IFT, se concesionaron frecuencias de radio, televisión y telecomunicaciones para uso comercial mediante procesos de licitación abiertos y transparentes, lo que propició la entrada de nuevos competidores y una mayor oferta de canales y estaciones. A la fecha, se han asignado 1,485 concesiones de radiodifusión sin fines de lucro, es decir, para uso de comunidades, asociaciones civiles e instituciones públicas.
Implementamos con éxito y antes que cualquier país en América Latina la transición a la Televisión Digital Terrestre, que permitió la multiplicación de canales para las audiencias. Actualmente se transmiten 1,335 canales de programación televisiva, esto es 551 canales más que en 2013. Basta encender el radio o la televisión para comprobar que hay mucho más estaciones y canales que hace 10 años, cuando el regulador funcionaba como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependiente del Ejecutivo Federal.
No podemos dejar de lado los esfuerzos institucionales para conocer el comportamiento y evolución de las audiencias mexicanas; para empoderar y alfabetizar a los usuarios; y para posicionar a México en el mundo, donde el Instituto ha asumido posiciones de liderazgo en organismos internacionales, y ha sido reconocido en la categoría más avanzada como regulador por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su organismo especializado en Telecomunicaciones (UIT), y premiado por las acciones realizadas en beneficio de los usuarios mexicanos. Todo ello ha convertido al IFT en referente para otros países, especialmente de nuestro continente que, desde hace varios años evolucionan y buscan acercarse a un modelo de regulador autónomo como el de nuestro Instituto.
El marco jurídico, institucional y regulatorio que dio origen al IFT, desde luego perfectible, ha abonado considerablemente para crear un entorno propicio a las inversiones nacionales y extranjeras en telecomunicaciones y radiodifusión en México. Esto no ocurrió con los modelos reguladores anteriores, ni cuando eran una oficina dentro de una Secretaría, ni cuando transitaron a un organismo desconcentrado en el entramado institucional del Ejecutivo Federal.
Así que, regresar a viejos esquemas institucionales, minaría la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas. No es lo mismo invertir en un sector arbitrado por un órgano autónomo, que en uno donde el gobierno que opera y es dueño de redes de telecomunicaciones, siendo a su vez juez y parte. De ahí que, en diversos tratados y acuerdos internacionales como el T-MEC se incluyan cláusulas específicas en este sentido.
Pensemos ¿qué pasaría si los operadores dejan de invertir o se retiran de nuestro país? Habría una menor oferta de servicios para los ciudadanos, menor calidad y muy probablemente subirían los precios ¿Qué pasaría si por razones empresariales o políticas se retiran canales de televisión o estaciones de radio? Habrá menos contenidos, menos pluralidad.
Por eso, vemos con preocupación el avance en la Cámara de Diputados del Dictamen en materia de simplificación orgánica que contempla la desaparición de organismos como el IFT.
El Dictamen parte de la idea de que este organismo es oneroso para el país; premisa que carece de sustento cuando se contrastan los datos. El total de los organismos constitucionales autónomos -incluido el IFT- apenas representan el 0.05% del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, el monto destinado a nuestra Institución de 2014 a 2023 sumó 17 mil 752 millones de pesos. En contraste con los casi 181 mil millones de pesos que recaudó por concepto de contraprestaciones y que han sido reintegrados a la Hacienda Pública.
Queda claro que el Instituto no solamente genera a los usuarios mayores ahorros, sino que gracias a sus funciones se ingresa a la Federación más de 10 veces lo que recibe.
Por todo lo anterior, el Instituto reitera su respetuosa y firme solicitud de diálogo efectivo y de mayor análisis de la reforma planteada, tanto a los legisladores como a los representantes del Ejecutivo actual y entrante.
Este es un tema que debe incumbir a los millones de ciudadanos usuarios de telefonía, internet y a las audiencias de radio y televisión. La evidencia lo muestra, la regulación autónoma del IFT sí impacta en los bolsillos, mejora el bienestar y calidad de vida de los mexicanos.
[1] Medida utilizada para calcular el grado de concentración en un mercado. Un índice alto indica un mercado muy concentrado y poco competitivo.