Entre los anuncios sobre el futuro gabinete que iniciará con la presidencia de Claudia Sheinbaum resaltaron varios nombramientos, uno de ellos, el de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres, una Secretaría de Estado aún pendiente de crear, que absorberá o sustituirá al actual Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres. Pero esto ¿qué significa?
Vamos por partes, el objetivo principal de una Secretaría de las Mujeres sería garantizar a todas las mujeres el ejercicio de sus derechos a través de la creación, implementación y evaluación de políticas y programas específicos para ello. Es decir, políticas transversales que erradiquen la violencia contra las niñas y las mujeres, que aseguren el reconocimiento y protección de todas las mujeres, y que promuevan la igualdad de género en todos los aspectos de la economía y la sociedad.
Esto no es una tarea menor, sobre todo si consideramos la amplísima diversidad del sujeto político “mujeres” y las necesidades específicas para alcanzar estos objetivos en una sociedad tan heterogénea como la nuestra. Las políticas que pueden ser efectivas en las zonas urbanas no necesariamente lo son en las rurales, ni lo que funciona para erradicar la violencia contra las mujeres trans funcionará para erradicar la violencia contra las mujeres afrodescendientes o indígenas. Porque aunque hay violencias que nos atraviesan a todas, no todas las violencias nos tocan a todas, y por supuesto, no de la misma manera.
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Entonces ¿funciona tener una Secretaría de las Mujeres?
México no es el único país que ha buscado que desde la rama del ejecutivo se fortalezcan las iniciativas para lograr la igualdad de género. Es más, la figura de la Secretaría de las Mujeres ya existe en México, en los gobiernos estatales, y algunas funcionan mejor que otras. En general, la creación de las secretarías no ha significado el logro de beneficios para la población y estos organismos tampoco reciben más recursos o atribuciones, como bien lo explica Marta Tagle en La Cadera de Eva.
Fuera de México hay muchos ejemplos. En España, existe el Ministerio de Igualdad, que no se ocupa únicamente de la igualdad de género sino atender tres ejes principales: la erradicación de violencias machistas, las políticas de redistribución de la riqueza, el tiempo y los cuidados; y políticas de “cuidado de la diversidad”, en las que se busca evitar la discriminación por origen étnico o por ser parte de la comunidad LGTBI+. En Argentina, antes de Milei, existía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con enfoque en la prevención y erradicación de las violencias de género, con enfoque en la asistencia a las víctimas y también en las políticas públicas destinadas a impulsar la autonomía de las mujeres y las personas LGTBI+.
De hecho, casi todos los países de la región cuentan con algo similar: en Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; en Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde también se vela por los derechos de infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y migrantes internos. Hacia el norte, en Canadá existe el Ministerio para las mujeres, la equidad de género y las juventudes; y en Reino Unido, el Ministerio para Mujeres e Igualdad.
Estos países han tenido avances distintos con respecto a la erradicación de la violencia machista y violencia de género, o frente a la discriminación por orígen étnico, o las violencias hacia la comunidad LGTBI+. Tener una Secretaría de Estado encargada del tema es importante, pero no es una receta mágica.
México es un país profundamente desigual hacia las mujeres, pero no sólo hacia las mujeres
De acuerdo al Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial el progreso que ha hecho nuestro país para erradicar la desigualdad de género es lento; además, no está cumpliendo con el convenio 100 de la OIT para la igualdad de salario, a pesar de que lo ratificó hace 50 años. Es más, desde marzo de 2021, hay 13 iniciativas sobre paridad salarial congeladas en la Cámara de Diputados. También ratificó el convenio 190, pero no ha creado el sustento legislativo para erradicar el acoso y la violencia laboral, problemáticas que aquejan particularmente a las mujeres.
Y es que las condiciones laborales a las que se enfrentan las mujeres son peores en casi todos los aspectos: mayor porcentaje tiene empleos mal remunerados, sufren mayor discriminación laboral y acceden a menos oportunidades profesionales. Más de 18 millones de mujeres en México viven en precariedad laboral, y además dedican el 67% de su tiempo a actividades domésticas y de cuidados no remunerados. Este tiempo se traduce en que si contáramos a todas las mujeres en México, cada semana, en 2021 dedicaron 2,181 horas al trabajo no remunerado de cuidados, de acuerdo al Inegi. Sólo 4 de cada 10 mujeres tienen a su nombre una cuenta de ahorro bancario. Este dato empeora si se observa en mujeres indígenas o en poblaciones rurales, o con discapacidad. Lo mismo sucede con la conectividad e infraestructura de telecomunicaciones.
Podríamos continuar con datos y datos de la desigualdad en México, y cómo cada aspecto empeora cuando se evalúa su impacto en las mujeres, y más si son mujeres empobrecidas, migrantes, indígenas, rurales, con discapacidad, de la comunidad LGTBI, o un sinfín de intersecciones que conllevan más violencias.
¿Una Secretaría de la Mujer cambiaría esto?
No lo sabemos, aún, pero pondría en claro la importancia de atender estos temas desde el Estado, con políticas y programas coordinados y transversales, con presupuesto y recursos que las hagan viables, y con compromiso político. Porque la violencia machista no es un problema de mujeres, sino un problema de Estado. Porque la brecha salarial no es un problema de mujeres, sino un problema de Estado. Porque la violencia obstétrica y médica no es un problema de mujeres, sino de Estado.
Así que hasta que se demuestre lo contrario, bienvenida la Secretaría de la Mujer, mi único pero por el momento, es que ojalá fuera de las Mujeres, así, en plural, en diversas, en distintas, y en muchas, como lo somos.