En septiembre llega al congreso la mayoría calificada ganada por la coalición Morena en las pasadas elecciones. En ese mes coexistirá el nuevo congreso con el actual presidente y se abre la posibilidad de llevar cabo las reformas constitucionales propuestas por AMLO. Claudia Sheinbaum ha adoptado una posición moderada; dijo que las propuestas deben evaluarse en parlamento abierto, con transparencia, participación y colaboración y, al parecer en tal sentido ha dialogado con el actual presidente.
Son reformas heterogéneas. Algunas no modifican la situación existente, otras no debieran considerarse de nivel constitucional, y las hay que requieren tal elevación del gasto público que las hace inviables.
Existe no obstante una propuesta de reforma constitucional que se ha convertido en eje de confrontación entre el presidente, que insiste en ella, y una oposición que fomenta la desconfianza y temor al autoritarismo. Se trata de la reforma judicial que, bien revisada, no parece justificar el grado de encono existente.
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Actualmente los jueces y magistrados son elegidos por el presidente de la república mediante el sistema de ternas en las que elige a quien le interesa. Pero puede rechazar la terna entera y esta se recompone hasta que elige a alguien o, finalmente, termina decidiendo sin terna. Nunca antes los presidentes han tenido dificultad para colocar a alguien de su agrado.
En el nuevo procedimiento los tres poderes constitucionales proponen candidatos y serán puestos a votación. Hay modificaciones adicionales pero el grueso del marco legal no se modifica. Además, falta muchos detalles por afinar que serán ampliamente discutidos y probablemente el resultado no sea tan malo como algunos vaticinan.
Puede sospecharse que el asunto es más de forma que de fondo. El presidente desea hacer una demostración de poder porque piensa que es el quien ganó en las urnas. La oposición le hace el juego planteando que es un ejercicio autoritario para descalificarlo y de paso afectar a la heredera de la presidencia.
Desde las elecciones hemos visto una más bien moderada devaluación del peso que los medios y la oposición atribuyen al “nerviosismo” generado por esa particular reforma constitucional del poder judicial. Ya nadie considera en serio que habrá una avalancha de reformas substanciales.
Llama la atención que el debilitamiento del peso se atribuya precisamente a una reforma que no altera la economía. No incide en la producción, el comercio o las finanzas. Así que cabe sospechar que son otros los factores reales, los económicos, los que están inquietando a los mercados.
México fue uno de los países más afectados por la pandemia; millones perdieron sus empleos y la economía sufrió un importante retroceso. Después de eso la recuperación económica ha sido lenta, muy rezagada respecto a los demás países. La austeridad ha anclado a la economía y esta evolución no puede explicar el fortalecimiento del peso.
En abril de 2020 el precio del dólar lindaba los 25 pesos; en el primer semestre del 2022 oscilaba en torno a los 20 pesos. Después de ello predominó la tendencia al fortalecimiento y a fines de mayo se encontraba por debajo de los 17 pesos. Una evolución muy celebrada por la actual administración como una especie de triunfo económico. Nada más lejos de la realidad.
El fortalecimiento del peso ocurrió por dos factores básicamente. Ante el confinamiento, la pérdida de empleos y el empobrecimiento masivo asociado a la pandemia el gobierno hizo muy poco; mantuvo la austeridad a toda costa. Pero los trabajadores mexicanos en Estados Unidos si se manifestaron solidarios y sus remesas se incrementaron aceleradamente. Durante el primer trimestre de 2022 el dinero enviado desde Estados Unidos equivalía al 70 por ciento de los ingresos laborales de todos los trabajadores en México.
El segundo factor, tal vez más relevante, de atracción de dólares son los rendimientos que el país ofrece al capital financiero. Banco de México determina una tasa de interés real (si se le resta la inflación), cercana al 7 por ciento anual en pesos. Somos el paraíso internacional de la ganancia financiera.
Abaratar el dólar, sumado a la eliminación de aranceles a las importaciones alimentarias, tiene un importante componente antiinflacionario. Es decir que beneficia a los consumidores; incluso los de menores ingresos dado que el deterioro agropecuario implica que hoy en día el grueso de la alimentación popular es importado.
Pero un dólar barato tiene una faceta muy negativa. Los que reciben remesas cambian esos dólares por menos pesos. Los que exportan reciben menos pesos. Los que producen para el mercado interno enfrentan importaciones artificiosamente abaratadas por la política monetaria; tienen menos rentabilidad y menos ahorro disponible para invertir y crecer.
Si a lo anterior le añadimos altas tasas de interés se configuran los factores que le impiden a la economía nacional tener el nivel de dinamismo que muestran otros países. No solo no crecemos; sino que se está destruyendo buena parte del aparato productivo. Así lo indican múltiples declaraciones del empresariado productivo, no el financiero. Quiebran sobre todo medianas y pequeñas empresas y la mayoría de las demás sobreviven sin crecer y con un alto riesgo de desaparecer.
Así que la atención se centra en el potencial del Nearshoring. Es decir que se espera que lleguen los capitales del exterior que inviertan en la producción y generen empleo y crecimiento. Con el riesgo de repetir la experiencia del salinismo de crear un nuevo aparato productivo de propiedad externa que substituya a la producción convencional existente sin realmente acrecentar la producción o las exportaciones. Con la excepción de los pocos rubros ya muy asociados a las exportaciones.
La debilidad del peso no es por una confrontación política en torno a una reforma que no tiene incidencia económica. Los problemas son de fondo. Sheinbaum tendrá que elegir entre favorecer a los consumidores con importaciones baratas mientras continua el estancamiento económico. O reorientar la estrategia en favor del crecimiento mediante medidas audaces de protección, de administración del mercado y fortalecimiento de las capacidades económicas del gobierno. Con un gobierno pobre las opciones son más transferencias sociales, o bien, más inversión en infraestructura hidráulica, eléctrica, de transporte y elevar la eficiencia operativa de todo el sector público. Abandonar la austeridad y elevar la captación fiscal son los verdaderos retos del futuro no muy lejano.
Banco de México anuncia que ante la actual volatilidad cambiaria podrá intervenir vendiendo hasta 30 mil millones de dólares. Pero el superpeso es insustentable. No debería gastar la pólvora en infiernitos; vendrán momentos más difíciles, para el baile vamos.