Ganó Morena, y ahora, para empezar, sigue una larga espera; casi tres meses para el cambio en el congreso y un mes más para el cambio presidencial. Una espera en la que ya empiezan a aflorar dos estilos de gobernar no claramente contrapuestos, pero que si empiezan a desmarcarse.
Por una parte, los que celebran una victoria más contundente de lo esperado y para ello emplean el lenguaje de triunfadores intransigentes siguiendo la inercia del estilo de las mañaneras presidenciales. Para ellos es el momento apresurarse a dejar en claro que van por todo. Y ese todo es en principio las 20 reformas constitucionales que propuso el presidente López Obrador.
Recordemos que las cámaras de diputados y senadores se renuevan en septiembre y el cambio presidencial será en octubre. Es decir que durante un mes coexistirá la mayoría ganadora con el actual ejecutivo y es el lapso en el que, con apresuramiento, podría lanzarse la andanada de las 20 reformas.
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En otra posición se encuentra la ganadora de la presidencia, Claudia Sheimbaum. Ella declaró que no existe una ruta definida para aprobar el paquete de reformas constitucionales y pidió abrir un dialogo para revisarlas. Tiene, dijo, que evaluarse la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse a través de parlamento abierto; es decir, con transparencia, participación y colaboración. Con ello fija un tono distinto a su gobierno; no se trata del agandalle sino del dialogo.
Pero Claudia todavía no accede al poder formal de la presidencia. Es demasiado pronto para saber si la coalición triunfadora, los diputados y senadores de Morena, el PT y el PVE seguirán la inercia del actual estilo presidencial o las señales más moderadas que emanan de la futura presidente que, más tarde o más temprano sumará el poder real al meramente formal. Algo que posiblemente no sea sencillo de lograr.
Entre tanto conviene seguir el consejo de Sheimbaum: revisar las 20 propuestas constitucionales. Adelanto que fuera del importante papel que jugaron como parte de la propaganda electoral, hay de todo, como en botica. Son en general positivas, aunque efectistas y con un impacto inmediato sobrevalorado. Tal vez la mayoría son simplemente inviables por razones presupuestales. Sobre todo si la prioridad sigue siendo las finanzas públicas sanas, no endeudarse y no elevar los impuestos a los ultra ricos.
La mayoría de las propuestas no implican cambio alguno respecto a lo que ya existe y habría que pensar si realmente se requiere inscribirlas a nivel constitucional y al de leyes y reglamentos, como de hecho ya están. Con estos cambios se reafirmaría la Constitución como un documento de objetivos y buenos deseos a lograr en un futuro indeterminado. Pasemos lista a las propuestas:
Consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos cuando se realicen obras que los afecten ya está inscrito en la constitución. Reconocerlos como sujetos de derecho público y dotarlos de legitimidad para recibir presupuesto no es mala idea. Pero es una propuesta extraña si partimos del trato indiferente que recibió el ejido en este gobierno. Más que asignarle presupuesto se abre una posibilidad difícil de llevar a la práctica en un gobierno pobre, austero.
Agrupo las propuestas de mayor costo:
Pensión de adultos mayores y becas crecientes. Nuevas becas a todos los jóvenes desempleados para capacitarse en el sector privado. Atención médica “integral y gratuita a todos los mexicanos”. Que los trabajadores sean dueños de sus viviendas. Elevar el salario mínimo de maestros, policías, soldados, marinos, médicos y enfermeras. Pagar un jornal justo a “todos los campesinos”, ampliar los precios de garantía y entregar fertilizante gratuito a “todos los pequeños productores del país”. Que los trabajadores se jubilen con el 100 por ciento del salario. Garantizar el derecho del pueblo al internet. Que circulen trenes de pasajeros en los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados. Favorecer a los consumidores domésticos en el aprovisionamiento de electricidad.
Una lista de ensueño; pero sus implicaciones en el gasto público son explosivas. No cabe duda de que la siguiente administración tendrá que revisarlas desde la perspectiva presupuestal que deja un gobierno con vocación de pobreza; que agotó los ahorros públicos posibles; que no encontró en el combate a la corrupción la mina de oro esperada; que se comprometió con la salud financiera, el no endeudamiento y sobre todo su deseo de no hacer una reforma fiscal.
Otras propuestas atienden a grupos de interés puntuales. No por ello son negativas. Prohibir el maltrato a los animales, la minería a cielo abierto y el fracking, el uso de vapeadores, el fentanilo y otras drogas químicas, está bien, pero no parece necesario llevarlas a rango constitucional. De otro modo habría que llenar la constitución de normas que ya se encuentran en niveles reglamentarios de menor nivel.
Limitar los salarios en los tres poderes para que no sea superior al del presidente de la República es más un mensaje simbólico que un ahorro relevante. Aunque hay que decir que en muchos casos los requerimientos de conocimientos, experiencia o bien los lugares en donde se desarrollen ciertas actividades se requiere pagar de acuerdo al mercado de los trabajos profesionales.
Dejo para el final las propuestas más controvertidas:
Se propone, sin mayor aclaración, “prohibir el maíz transgénico en todo el territorio nacional”. Es una propuesta muy confusa. Hoy en día no se permite su siembra, pero si se permite su consumo excepto en la masa y tortillas. Es decir que lo consumimos en alimentos industrializados, sobre todo cereales para el desayuno (sobre todo los niños) y en todo tipo de frituras y botanas hechas de maíz. Prohibir su consumo llevaría a un conflicto más enconado con los Estados Unidos.
Eliminar a todos los organismos autónomos puede llevarnos a un estado excesivamente centralizado. Eliminar las candidaturas plurinominales dejaría sin representación a corrientes de opinión pública relevantes. La elección directa de jueces, magistrados y ministros del poder judicial favorecería el activismo político. Integrar a la guardia nacional al ejército “para evitar su corrupción” implica un exceso de fe que debiera estar acompañado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Las 20 reformas constitucionales propuestas fueron parte de la propaganda paralela y oficialmente no electoral dirigida desde la presidencia de la República. Pero ahora, tras el triunfo de la coalición Morena, PT, PVE, amenazan convertirse en una herencia envenenada para la triunfadora. Que puede empezar a permear en los próximos cuatro meses.
Un ejemplo. Convertir en derecho constitucional el pagar “un jornal justo a todos los campesinos del país” sería mera demagogia imposible de cumplir en las actuales condiciones de la economía nacional y las finanzas públicas. Y así otra docena de las reformas planteadas.
Claudia tiene razón. Habrá que revisar las propuestas en una reflexión abierta con todos los actores relevantes. La población exige, con razón, cambios de fondo, pero muchos de ellos requieren del fortalecimiento de las instituciones, las finanzas públicas y la operatividad de todo el estado. Es decir, replantear el rumbo de la transformación.