El Instituto Electoral de la Ciudad de México en sesión extraordinaria resolvió sobre los diputados de representación proporcional derivados de la elección del 2 de junio. Por mayoría de 5 votos contra 2, aprobó el proyecto que asigna 9 diputaciones a Morena, 9 al PAN, 4 al PVEM, 3 al PRI, 3 al PT, 3 a MC, y 1 al PRD.
Este acto fue calificado públicamente por los tradicionales interesados como un “atraco”, “golpe a la democracia”, “ganar a la mala lo que no les correspondió en las urnas”, entre otros.
Más allá de la tediosa y débil narrativa sobre la supuesta superioridad moral que en realidad implica una especie de inmadurez y frustración por haberse creído su propia mentira que eran competitivos electoralmente hablando en la CDMX en 2024, apoyados por los opinólogos tradicionales que desde hace años han asumido el concepto de democracia en crisis en el centro de su atención, es necesario que el asunto se tome con seriedad y oficio para situar la discusión en una que vaya más allá de la superficialidad, vaguedad y ambigüedad de las acusaciones.
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La realidad es que en la CDMX votaron más de 5.5 millones de personas y estos se distribuyeron en 33 distritos uninominales con ganadores siguientes: Morena 13, PVEM 8, PT 6, PAN 6, PRI 0, PRD 0, MC 0.
Los otros 33 diputados –de un total de 66 que integra el Congreso de la CDMX– se distribuyen 1 para la diputación migrantes, y los otros 32 aplicando el principio de representación proporcional, que la Ciudad de México prevé la lista “A” decidida por los partidos políticos, y la lista “B” con los diputados no ganadores en distritos de elección directa pero que tienen el mayor porcentaje de votación con respecto a los de su mismo partido, o mejor llamado primera minoría.
En la aplicación de la representación proporcional existen varios principios que establecen límites y fronteras que consiste en i) ningún partido puede contar con más de 40 diputaciones por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), ii) con el 3% de la votación se adquiere el derecho al reparto de diputaciones, iii) ningún partido podrá contar con un porcentaje de curules que exceda el 8% de la votación válida efectiva.
Así, el Consejo General del IECM determinó una fórmula matemática para la distribución que incluye el cociente natural –alrededor de 167 mil votos– que permiten la distribución de curules por números enteros y restos mayores, que dependió de la distribución de votos recibidos por los partidos: Morena recibió más de 1.5 millones de votos, el PAN 1.4 millones, el PVEM 600 mil, MC 500 mil, PT 500 mil, PRI 500 mil, y PRD 200 mil.
El resultado de dicha ecuación simple resultó en el número de diputados asignados por el principio de representación proporcional que la oposición califica de ilegal.
¿Cuál es el argumento?
En el convenio de candidatura común entre Morena, PVEM y PT los partidos incluyeron tres columnas al determinar cada distrito electoral, la primera (conocido como siglado) y propuesta de que partido emana la candidatura, la segunda a qué partido le corresponde la lista “B” en caso de ser primera minoría, y la propuesta de a qué grupo parlamentario pudiera adscribirse dicho candidato si resulta electo. Ellos afirman que esta última columna es la que debió haberse tomado en cuenta para la distribución de diputaciones RP.
Evidentemente, vivimos en tiempos de libertad y derechos humanos, sobre todo cuándo se tocan las libertades civiles y políticas. Esto implica que la columna dentro del convenio que señala un grupo parlamentario sólo pudiera considerarse como una propuesta, no definitiva, y menos determinada y obligatoria por el partido político, puesto que la propia ley de la materia –ley orgánica del congreso– le reconoce el derecho exclusivisimo a los legisladores de tomar la decisión de cómo y cuándo organizarse (artículo 23). Es decir, el argumento del PAN y MC no solamente es ridículo políticamente hablando, sino profundamente violatorio de toda democracia moderna, y específicamente los derechos inherentes a los momentos que vivimos y que son exigibles.
Revisemos la historia reciente y recordemos que en el año 2021 los diputados electos por el PVEM y MC no terminaron perteneciendo a la fracción parlamentaria del partido que lo postuló, por ejemplo, Royfid Torres debió utilizar su libertad y derecho para crear un grupo parlamentario con una integrante del PAN de nombre Daniela Álvarez, distinta a la de MC y del PAN, y Elizabeth Mateos electa por el PVEM como primera minoría creó una agrupación parlamentaria de mujeres distinta a su siglado original. Derivado de ello, no existieron juicios, reclamos o aspavientos al respecto, en cambio cuándo renunció a la bancada del PAN la entonces diputada Ana Villagrán existieron calificativos y vituperios altamente violentos sobre lealtad y una deuda de sangre.
Esto implica que más allá de la debilidad del argumento jurídico en realidad la acusación de ilegalidad de la asignación de representación proporcional es un tipo de frustración y desesperación política en la que se encuentran hundidos, y por la otra están profundamente dolidos por la decisión que tomó la ciudadanía en no comprar su narrativa política de crisis democrática.
Porque incluso en matemática pura y dura es notorio que 1.5 millones de votos para Morena representando 9 diputados RP, y 1.4 millones de votos para el PAN y representando los mismos 9 diputados de RP, así como 500 mil a MC representando 3 diputados de RP es casi una distribución perfecta, o en su traslado jurídico representación proporcional pura. Así que crear el pretexto y ventilarlo a diestra y siniestra suena a mal perdedor en lugar de a gran demócrata.