Prácticamente, todas las agendas de riesgo en el mundo categorizan el cambio climático como uno de los mayores riesgos para la Seguridad Hemisférica. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en nuestro país el estrés hídrico y la sequía se han convertido hoy en día en asuntos tan cruciales como la delincuencia organizada y las relaciones con Estados Unidos, constituyendo una de las amenazas más importantes para la Seguridad Nacional.
La magnitud del problema es considerable y los discursos políticos por sí solos no son suficientes para resolverlo. Anteriormente, en nuestro país, veíamos el fenómeno de la migración forzada en algunas localidades como resultado del aumento en la inseguridad. Comunidades enteras abandonaban sus tierras y propiedades debido al asedio de la delincuencia. Hoy en día, la falta de agua se suma a estas preocupaciones. Pero, ¿cuál es la verdadera dimensión de esta amenaza? En primer lugar, para las autoridades, es un punto crítico, como lo señala el Banco Mundial en su informe "High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy" de 2018. La disponibilidad del agua no solo afecta la economía global, sino que también intensifica los conflictos violentos, sociales y, naturalmente, la estabilidad política.
Las infraestructuras críticas, como las centrales hidroeléctricas, las plantas de tratamiento de agua y los sistemas de riego, podrían tener repercusiones en la seguridad energética y en la prestación de servicios básicos a la población. Además, la escasez de agua puede reducir la producción agrícola, provocar pérdidas económicas, aumentar los costos de producción y los precios, y afectar la seguridad alimentaria del país. Estos impactos podrían, a su vez, conducir al desempleo, el empobrecimiento de las comunidades rurales y la dependencia externa.
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Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el "día cero" se define como la imposibilidad de abastecer agua a la población. Se estima que el 25 de julio, a las doce del día, será el momento en el que ya no tendremos suficiente agua, la interconexión entre los sistemas de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México significaría que la falta de lluvia tendría un impacto negativo en estas regiones. En consecuencia, las comisiones de agua tendrían que racionalizar el suministro y esperar a las lluvias para recuperar los niveles de agua necesarios a la capital, tal vez traerla de otras regiones.
Probablemente, estamos dibujando un escenario alarmante que podría o no materializarse. Mientras tanto, en este período de campañas políticas, se han escuchado todo tipo de discursos sobre este tema. Lamentablemente, en lugar de convertirse en propuestas concretas, los políticos llenan sus discursos de lugares comunes, careciendo de proyectos, ideas y conceptos para abordar los desafíos que enfrentamos en la gestión del agua y llegar a una gobernanza hídrica.
Podríamos ser testigos de una problemática en el desarrollo social, ya que la falta de acceso a los recursos hídricos podría aumentar el riesgo de disparidades socioeconómicas y de marginación de ciertos grupos, podremos ser testigos de impactos adversos severos, debido a una gestión ineficiente del cambio climático y a la sobreexplotación, afectarán definitivamente a la industria, a la sociedad, al gobierno y a la vida cotidiana.
Moneda en el aire
Hay candidatos que, a pesar de tener una larga trayectoria parlamentaria, parecen pensar que la gente es ignorante. Utilizan un lenguaje vacío, prometiendo "defender el agua de los hidalguenses, duranguenses o poblanos, etc.". Parece que no comprenden que en México los recursos hídricos pertenecen a la nación, que es un bien público, y que su gestión está a cargo del Estado, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional del Agua.
Esto implica que el gobierno federal tiene la autoridad para regular y administrar estos recursos. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la entidad encargada de coordinar esta gestión en colaboración con las autoridades estatales y locales. A pesar de que el agua es propiedad de la nación, los derechos de uso pueden otorgarse a individuos, empresas o comunidades bajo ciertas condiciones y regulaciones establecidas por CONAGUA y las autoridades locales.
En resumen, el Estado tiene la responsabilidad sobre el líquido, no es de los chiapanecos, tabasqueños, tlaxcaltecas o hidalguenses y la politización que han hecho sobre este tema es algo más que ignorante.