Conforme se acerca la fecha de la jornada electoral, se van cerrando las campañas y aumentan las presiones, tensiones y pretenciones.
A la violencia política que generan los grupos de interés y el crimen organizado, hoy debemos sumar la censura a la libertad de expresión que se ejerce desde el poder; la inquietud que generan los apagones, que no solo afectan a la población, también inquietan a los actores políticos por la sospecha de intervención y manipulación del sistema eléctrico nacional; y la multiplicación de las malas prácticas, que busca inhibir la participación de los ciudadanos el próximo 2 de junio.
Se ha dicho reiteradamente que enfrentemos una elección de estado, es decir, un proceso electoral afectado por la intervención indebida y el abuso de poder a través de las instituciones del aparato gubernamental. La manipulación de los programas sociales, la cooptación de los medios de comunicación, las presiones y controles sobre el presupuesto, el debilitamiento de la autonomía del órgano electoral y, en especial, la utilización de las fiscalías, de los órganos tributarios y de inteligencia financiera se han convertido en el pan de cada día para inhibir a los adversarios políticos y opositores.
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Los señalamientos del presidente de la República en contra la activista María Amparo Casar han desatado un insólito mecanismo de represión, utilizando a las instituciones del estado para castigar la osadía de señalar las desviaciones de un gobierno que prometió no robar, no mentir, no traicionar y que ha hecho exactamente lo contrario. Lejos de reconocer el derecho a disentir, propio de todo sistema democrático, el gobierno ha dejado caer sobre María Amparo todo el peso del aparato del estado. Esto es inaceptable, hasta en la guerra se sanciona el uso desproporcionado de la fuerza.
En otro caso, obligar a la periodista y senadora Lilly Téllez, a retirarse del programa de radio en el que participa, con el argumento de sobre exposición mediática, es desconocer la trayectoria y el trabajo de una periodista que, por razones propias de su oficio, esta siempre expuesta a los medios de comunicación. Retirarle el micrófono de la radio a la senadora Téllez, aún sea solo durante el proceso electoral, es atentar contra del derecho a la libre expresión y contra el fuero constitucional que le confiere su condición de senadora de la República.
A estos dos hechos, que atentan contra los derechos humanos de dos mujeres que participan de manera notable en la actividad social y política del país, se suma la inquietud por los apagones eléctricos, que no solo evidencian el fracaso del gobierno en política energética, también incluyen la sospecha de apagones programados, en pleno proceso electoral, para generar tensiones y alteraciones con fines electorales. El pueblo no olvida la caída del sistema en tiempos de Bartlett, el hoy flamante director de la CFE.
Como se puede advertir, muchos son los obstáculos que se enfrentan para ejercer a plenitud los derechos humanos y políticos cuando la cancha no está pareja, cuando se abusa del poder para conservar el poder. Pese a todo, contra viento y marea, hay que defender el derecho a un voto informado, libre y secreto, hay que cambiar el rumbo el próximo 2 de junio.