Me consterné cuando mis alumnos de la materia de Derecho Procesal Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana me expresaron su sorpresa al realizar una visita académica a las instalaciones de Río de la Loza, de la todavía existente, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde se percataron que, de cada 100 audiencias se lleva a cabo apenas el 10%.
Les informé a mis alumnos que sólo contaría su calificación si estaban presentes en una audiencia que se llevara a cabo (que no se difiriera), y entregaban una crónica jurídica y evidencia de su presencia en el lugar.
Me comentaron que mi petición académica parecía una tarea imposible, ya que en ocasiones tuvieron que esperar dos horas o más para que se celebrara una audiencia completa.
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Durante su estancia en la Junta Local, escuchaban decenas de llamados a patrones, sin que éstos aparecieran por ningún lado, y observaban que sólo el representante del trabajador se presentaba, al que le decían continuamente las autoridades:
“…su audiencia no está notificada, se va a diferir”.
Todos los días centenares de caras frustrantes se pueden encontrar en las instalaciones de la Junta Local, abandonada por el Gobierno de la Ciudad de México. Es un lugar donde la justicia laboral no importa y donde, para que camine un expediente, es obligatorio presentar amparos ante Jueces de Distrito para que le ordenen a la Junta Local notificar a una empresa. Los juzgados están atestados de este tipo de amparos que llaman “por omisión”.
Los actuarios sobrevivientes de esa malquerida Junta Local tienen la orden de notificar únicamente aquellos casos en que un Juez de Distrito así lo ordene. Los demás, que hasta el año pasado ascendían a más de 70 mil expedientes no notificados, se van pudriendo como si fueran un vil desperdicio.
Hace dos semanas les dieron la orden, “desde arriba”, a los funcionarios de la Junta Local que si en tres ocasiones un expediente no se notifica, se debe ir al archivo de manera definitiva, reclame quien reclame. Tienen la encomienda de mandar al menos 20 mil expedientes al cementerio, algo así como un homicidio laboral, como tirarlos al muladar.
Entre audiencia y audiencia llegan a pasar hasta seis meses para que se lleve a cabo la siguiente, pero los actuarios no reciben la orden de ocuparse de esos expedientes, parece que les dicen: que se pudran solitos como vil basura, al fin que es justicia para trabajadores, esa que tiene olvidada el gobierno de la Ciudad de México.
Parece que esta administración tiene como misión no aplicar la justicia laboral. En cada Junta Especial, una especie de juzgado, hay en promedio tres actuarios, quienes comparten un automóvil para trasladarse. Me dicen: Ojalá viera en qué condiciones están.
“Estos viejos vehículos los entregan sin gasolina, si los queremos echar a andar debemos poner de nuestra bolsa. Casi siempre están en el taller, y a veces tardan hasta un mes”.
Cada actuario sólo puede salir a notificar cada quince días en un horario de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, “… y las notificaciones que nos alcancen…”, dicen.
Hacen entre 5 y 10 notificaciones, cuando mucho, por el tráfico que hay en toda la ciudad. La mayoría de las veces no encuentran a la empresa demandada. Éstas se las ingenian para ocultarse “…y hasta nos amenazan con denuncias penales o golpes, de atrevernos a dejar una notificación”.
Cuando no tienen vehículo, los actuarios se las arreglan como pueden. Tienen que cumplir con su cuota, al menos 50 expedientes a la semana (solo cuando tengan sentencia de amparo), pero coincidentemente, la mayoría no se notifican porque dicen no haber encontrado el domicilio o la razón social de la empresa. Cuentan con fe pública, yo le digo fe laboral, lo que escriben en el expediente es casi incontrovertible.
Yo me pregunto: ¿habíamos conocido a alguna autoridad laboral que no le importara impartir justicia, que tratara a los expedientes como papeles malolientes, como si fueran estiércol, y que sólo exhibe su incompetencia olvidando que los demandantes son personas de carne y hueso?
A mis jóvenes alumnos de derecho de la UAM-Azcapotzalco ya les encargué visitar los nuevos juzgados laborales, esos que debían resolver en menos de cinco días, según la reforma laboral, y que me platiquen qué están observando. Tengo pruebas de decenas de expedientes que ya tardan más de siete meses sin resolver y el tiempo sigue corriendo. Espero con ansias qué me van a contar.
¿Qué mensaje les dan nuestras autoridades a nuestros jóvenes estudiantes? ¿A los trabajadores? ¿A los usuarios de esta Junta Local? El tamaño de la justicia laboral, tan miserable en la Ciudad de México, representa la de mayor rezago en el país. En el resto de la República no se quedan atrás.
¿Quién se atreve a responder?