Decía Rabindranath Tagore que no se puede amar lo que no se conoce. A esto, habría que sumarle que tampoco se puede pelear lo que no se conoce. Y esto aplica especialmente a nuestros derechos humanos, en especial el acceso a la justicia.
Buscando apuntalar esta lucha por derechos, precedida por la importancia de conocerlos desde una perspectiva de pedagogía política se llevó a cabo el pasado 27 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, el Taller de Acceso a la Justicia para Mujeres. En este espacio, convocado y organizado por Lunas A.C., Observatorio Ciudadano de Tabasco A.C., 25 Día Naranja A.C. y Lab Incide: y con el apoyo de México Evalúa a través del proyecto de Red de Justicia Tabasco, se discutieron las condiciones actuales del acceso a la justicia para mujeres en esta entidad federativa y se procuró la construcción colectiva de estrategias, entre autoridades y ciudadanía, para acceder a este derecho humano fundamental.
El panorama no es alentador. Para atenuarlo. El Observatorio Ciudadano de Tabasco, en voz de Julia Arrivillaga compartió que en Tabasco para 2023, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron 1509 delitos sexuales, entre los que destacan la violación simple o equiparada con 315 registros, el abuso sexual con 250 y el hostigamiento sexual con 236. Sin embargo, las complicaciones no terminan ahí. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 se registró una cifra negra superior al 90% pues de 745,650 delitos solo 64,126 fueron denunciados ante el Ministerio Público o la Fiscalía General del Estado de Tabasco. En Tabasco, la cifra negra en 2023 fue de 94.1% mientras que a nivel nacional fue de 92.9%. Es decir, rebasamos el promedio nacional.
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Tristemente, ahí no termina el problema. Pues de estas más de 60 mil denuncias, solamente 11 mil fueron clasificadas como casos con solución, siendo la más frecuente la puesta a disposición de un juez con 11.4% seguida por la reparación del daño con 4.4%.
Acceder a la justicia no es cosa sencilla, menos en Tabasco. Incluso llegando a la etapa de investigación el asunto no se vuelve más fácil. En el sondeo realizado por la Red de Justicia Tabasco encontró que el obstáculo más común para el acceso a la justicia por parte de las víctimas es la incompetencia de funcionarios y funcionarias seguido por carencia de recursos y dilación excesiva. Y sabemos que esta obstaculización no solo tiene un impacto en el proceso formal mismo de la denuncia, sino que también estos actos acentúan la frustración, el coraje, la impotencia y el desgano de continuar, lo que muchas veces lleva a desistirse en los procesos, aumentando con ello los niveles de impunidad. De acuerdo a Impunidad Cero, en México la probabilidad de que un delito sea resuelto es del 0.9 por ciento. Y para el caso de Tabasco, ubica a Tabasco entre los últimos cinco lugares respecto a su calidad en la impartición de justicia.
Así el problema. Pero cuando hablamos de problemas públicos, suele asomarse –paralelo a poner a examen a la autoridad en su innegociable responsabilidad política en el tema– la pregunta sobre ¿Cómo le hacemos desde abajo?
Pues bien, incluso para reaccionar desde abajo la ciudadanía en Tabasco enfrenta circunstancias particularmente adversas para la participación ciudadana. En esta entidad federativa no se cuenta con Ley de participación ciudadana. Esto explica porqué en México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, Tabasco sea de los que menos reporta conocer procesos o ejercicios participativos como presupuestos participativos. Por ejemplo, al hablar de presupuestos participativos, Tabasco es la cuarta entidad con el menor conocimiento de estos ejercicios, tan solo por detrás de Tamaulipas, Nayarit y Coahuila.
Por ello, la necesidad de pedagogía política para alentar nuestra lucha en el acceso a nuestros derechos humanos es imprescindible. Y para ello, el trabajo en colectivo es especialmente importante.
Así, llegamos a reconocer que el ejercicio de este tipo de procesos como el realizado en Tabasco recientemente son sumamente necesarios. Pero no pueden y no deben quedarse ahí. Deben desembocar en procesos colectivos, de participación política efectiva, donde las voces, testimonios, propuestas e ideas de la ciudadanía realmente incidan en el diseño de políticas públicas. En la transformación de la vida política. Necesitamos construir desde la mayor cantidad de frentes posibles –universidades, dependencias de gobierno e incluso en empresas– procesos de pedagogía política que a través de pensamiento crítico alienten el cuestionamiento de la realidad y con ello, la búsqueda de canales de incidencia para cambiarla, para mejorarla.
Y gobierno, especialmente gobierno, debe ser especialmente no sólo abierto, sino destacablemente interesado y abocado a construir estos procesos de pedagogía política, que a la postre signifique la construcción colectiva de formas de hacer frente a los problemas que nos aquejan a todas, todos y todes. Después de todo, es una conveniencia pública la construcción de estrategias con la mayor cantidad de ideas y experiencias vertidas en ellas. Es lo que más nos acerca a que realmente funcionen.
Y ya con eso en mente, ¿se imaginan un proceso de formación de pedagogía política en incidencia con perspectiva de género donde las diferentes de dependencias de gobierno colaboraran con mujeres para construir juntas políticas públicas que fortalezcan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, les cuento pronto cómo va este proyecto, porque parece que el ejercicio recién realizado encendió una chispa de voluntad en dependencias de gobierno en ese sentido. Crucemos dedos para que así sea.
Alejandro May Guillén*
Es activista en temas de participación ciudadana y pedagogía política. Candidato a Doctor en el Doctorado en Estudios del Desarrollo.- Problemas y Perspectivas Latinoamericanas en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha realizado estancias de investigación en países como Estados Unidos de América, Canadá, Alemania y Chile. Su investigación se orienta al estudio de la desigualdad política en juventudes.