Fueron como grandes rocas que se lanzaron a un despeñadero y que destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Las montaron desde la cima de la Constitución y allí rompieron toda resistencia inimaginable. El año 2024 significó un antes y un después en el sistema judicial con consecuencias impredecibles.
Sin duda la roca que tuvo la mayor resistencia fue la del poder judicial. Casi todos los empleados realizaron un paro de labores por más de ochenta días, pero con cartera completa. Al menos 450 mil expedientes quedaron inmovilizados provocando un daño muy grave a la ciudadanía permitiendo la impunidad de las autoridades que ellos mismos condenaban. Hasta la fecha esa afectación no se repara, miles de personas están en espera de ser atendidos.
Desde los empleados de ventanilla, secretarios, jueces, magistrados, y hasta algunos ministros hicieron lo que llamaron huelga judicial, pero eso sí, sin dejar de percibir sus salarios de manera íntegra. Eso se llama cinismo a conveniencia.
Te podría interesar
Algunos jueces rompieron completamente el principio de imparcialidad: se convirtieron en juez y parte. Hasta desconocieron sus resoluciones anteriores y contradijeron la norma que impide dar trámite a amparos contra reformas a la Constitución, al otorgar suspensiones en favor de sus pares, y de paso para ellos mismos.
Yo tuve la experiencia en decenas de casos, en mi carácter de profesional de derecho representando trabajadores y sindicatos, de sufrir en carne propia me fueran desechados, como relámpagos, amparos promovidos contra reformas constitucionales.
En menos de 24 horas llegué a recibir notificaciones de acuerdos firmados por un juez negando el trámite de mis amparos, argumentando que conforme a la fracción I del artículo 61 de la legislación eran improcedentes por alegar actos “Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Nunca se me ocurrió vestirme de toga y birrete para que me dieran trámite a los amparos contras adiciones o reformas a la Constitución como algunos jueces sí se atrevieron a solicitar, y otros a admitirles esos recursos aduciendo vicios en el procedimiento. Fue lamentable y bochornoso observar la conducta facciosa de esos que se llamaban así mismos juzgadores imparciales.
Esos actos de usar la ley a modo, de parar labores injustificadamente y no cerrar la tesorería en su beneficio fue lo que quitó todo tipo de solvencia moral a su movimiento, a pesar de tener razón en muchas de sus demandas, principalmente en la defensa de la autonomía judicial.
Lo cierto es que esa reforma judicial se politizó injustamente de tal manera que a todos llamaron corruptos y responsables de torcer la ley y obligó, al menos a medio millar de juzgadores, entre jueces y magistrados a pedir su retiro anticipado. Muchos de ellos de gran valía, con experiencia y honestidad probada están fuera del poder judicial, lo que lamentamos.
Esta situación de grandes ausencias, por la renuncia de juzgadores probados tiene al sistema de justicia federal en una grave crisis, la cual no terminará en el corto plazo a pesar de los nuevos jueces y magistrados que se lleguen a nombrar. Cuando tengan mediana experiencia otra vez estarán en nuevo proceso de elección.
Actualmente los jueces y magistrados que se retiraron por decisión personal son sustituidos por personal jurídico sin experiencia, que cubren una doble función, la propia y la de juzgadores (temporalmente), con salario disminuido y con grandes cargas de trabajo. Basta asomarse a esas oficinas de amparo y percatarse de la gravedad del problema de la que nadie se atreve a denunciar.
El proceso de elección de los nuevos jueces y magistrados es lo más delicado y cuestionable de la reforma judicial. Por ello deberá demostrarse que los elegidos, antes de someterlos a votación de la ciudadanía, sean los mejores calificados y no estén en la lista simplemente por preferencias o conveniencias políticas. Eso sería el peor retroceso, anular la independencia judicial y convertirla en sumisión política.
La independencia judicial es el valor más preciado que corre peligro se anule si el proceso de elección no es imparcial. Los juzgadores tienen la obligación de proteger a las personas contra actos arbitrarios de la autoridad, sea quien sea. Desde el funcionario del menor rango hasta quien ocupe la presidencia de la república cuando viole la Constitución, el juez en turno debe tener las agallas suficientes para otorgar un amparo sin temor a ser destituido.
En 2025 se concretarán los primeros pasos de la reforma judicial. El proceso de elección será el principal reto de quienes lo instrumenten; de fracasar estos en su operación, las consecuencias serán irreparables por muchos años.
Nuestro deseo es que los impulsores de la reforma judicial tengan el mayor de los éxitos, de lo contrario, entre rocas nos iremos todos al despeñadero.