Un buen número de revoluciones que han tenido lugar en la historia ha estado condicionado por el binomio impuestos-representación de los contribuyentes. En esas historias de revuelta inconforme, los primeros son siempre realidades; la representación que aprobó desangrar el bolsillo fue o ficticia o inexistente. Por eso más enojo.
"No taxation without representation" ("No hay impuestos sin representación") fue la frase que expresó una de las principales causas de la independencia de los Estados Unidos, por los impuestos que Inglaterra ponía a las Trece Colonias sin pedirles parecer. Para resarcirse de gastos de guerra, a la corona inglesa se le ocurrió cobrar a los colonos un impuesto especial al azúcar y otro por un sello oficial para “legalizar” documentos, periódicos y hasta naipes. Aquello ya se sabe cómo acabó y la frase resume hoy en las democracias un básico de la relación derechos-deberes de los ciudadanos.
En México los términos de esa frase no aplican. Tenemos diputados que elegimos, sí, pero una vez en la curul lo que menos hacen es representar el interés colectivo de sus votantes. Algo así como: “Always taxation, fictitious representation”.
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Anunciado oficialmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que la prioridad presupuestal del gobierno de Claudia Sheinbaum es atender el abismo financiero que dejaron las obras “sello” de su antecesor. Desde el galerón laminero con aspiraciones de aeropuerto internacional a ese faraónico atentado ambiental que es el Tren Maya.
La jefa del Ejecutivo federal y su secretario de Hacienda han sugerido a las alcaldías que busquen de dónde recaudar para que no dependan de la asignación federal. Financiar ayuntamientos no será prioridad. Que se rasquen como puedan.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, criticó la propuesta de la alcaldía de San Luis Potosí para cobrar el alumbrado público.
Los municipios son responsables de proporcionar el servicio de alumbrado público. Más de mil cien ayuntamientos en el país cobran el Derecho al Alumbrado Público, con alcaldes del PRI, del PAN y de Morena. El cobro a los ciudadanos lo hace la CFE en el recibo de consumo y lo abona al pago anual que deben hacer los municipios por el consumo eléctrico de las luminarias. En el caso del ayuntamiento de San Luis Potosí, el cálculo fue superior a 150 millones de pesos anuales. Gallardo Cardona descalificó la propuesta y equiparó al alcalde Enrique Galindo Ceballos con… Porfirio Díaz (¿?). El mandatario, “dueño” en términos prácticos del Legislativo local, se llenó la boca contra todo lo que fuera más impuestos o derechos municipales.
Quizá para no quedar como un fanfarrón incongruente, el Ejecutivo estatal no presentó nuevas cargas fiscales en el presupuesto presentado al Congreso. O fue quizá que lo presentó antes de ver afearse el panorama financiero con el presupuesto federal de Sheinbaum. Si Gallardo no lo hizo, sí lo hizo una de sus diputadas, Patricia Aradillas, en una sesión para “analizar” la iniciativa de presupuesto estatal 2025.
En una sesión realizada en el Museo Laberinto, para evitar testigos, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó un impuesto estatal con tasa del 3% que, de acuerdo con el dictamen, podría llegar a significar una recaudación extra de más de 50 millones de pesos anuales. Para justificarlo, aseguran que lo recaudado iría a programas de salud y prevención de adicciones.
Además, avalaron aplicar un impuesto de 3% sobre la enajenación de bienes para recaudar unos 150 millones de pesos anuales. Lo recaudado, siempre benéfico para el contribuyente, irá “a programas de desarrollo social”, cualquier cosa que esto signifique en el estado de San Luis Potosí, desde despensas y uniformes escolares a conciertos gratuitos de Luis Miguel y populares berreadores de corridos tumbados.
Y una tercera novedad fiscal: aumento del impuesto sobre Servicios de Hospedaje que actualmente tiene una tasa del 3% y subirá al 4% para alcanzar una recaudación superior a los 15 millones de pesos adicionales. El anuncio causó el inmediato enojo de los hoteleros precisamente porque desde el inicio del gobierno gallardista no se sabe el destino de este impuesto, se supone que diseñado para la promoción turística. No hay política turística estatal, la Secretaría es una oficina de trueque político para aliados de segunda y el sector es uno de los más desatendidos por el gobierno actual.
Las propuestas fueron avaladas en la Comisión de Hacienda por diputados del PAN y del PRI, nada menos la presidenta estatal del tricolor, Sara Rocha Medina, en el caso del último.
Sí, es sano que los ayuntamientos mejoren su ingreso propio, pero no es fácil en un país donde cobrar derechos, impuestos y servicios públicos depende de congresos que funcionan como extensiones u oficinas legislativas de los gobiernos estatales. Y si los alcaldes no están alineados con el interés de gobernadores poderosos y diputados con vocación extorsiva, a frustrarse. Exprimir a la población para pagar guerras, obras faraónicas, derivas populistas y lujos ha sido recurrente y tan viejo como la humanidad. Se supone que la “representación” democrática de los ciudadanos le pondría freno.
Paradojas y lecciones de la historia: los norteamericanos tomaron inspiración de los ingleses para esa frase que inspiró su independencia. Los reyes ingleses dieron en cobrar un “impuesto naval” o “impuesto de los barcos” a las ciudades y condados costeros para la defensa naval en tiempos de guerra. A uno de sus reyes, el autoritario Carlos I, se le ocurrió la brillante idea de “extender” el impuesto naval a todas las poblaciones del territorio, tuvieran o no agua donde hacer flotar un barquito de papel. Odiado como era, el señor necesitaba más dinero para mantenerse en el poder. Su mandato despertó un mayor descontento popular y derivó en las guerras civiles inglesas. El impuesto fue abolido y el infame rey recaudador acabó ejecutado.
Con que la creatividad recaudatoria de nuestros diputados no derive en cobrar por astilleros que no tenemos.