El pasado fin de semana se difundió un video en el que se aprecia a pobladores del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, recibiendo a un convoy de alrededor de 20 camionetas con integrantes del Cártel de Sinaloa fuertemente armados, en medio de aplausos y exclamaciones de apoyo para quienes supuestamente llegaron a liberar ese tramo carretero que había sido bloqueado por el Cártel Jalisco Nueva Generación con quien se disputan el territorio.
Circulan distintas versiones respecto a que no se trató de un recibimiento espontáneo sino que los obligaron o acudieron a cambio de dinero, pero tampoco se puede descartar que, cuando menos en algunos casos, haya sido motivado por la desesperación ante la violencia ejercida por el cártel rival que tiene asolada a esta región la que, como tantas otras, ha sido abandonada por el Estado mexicano dejando a sus habitantes a merced de la delincuencia organizada que, además del narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, el secuestro o la extorsión, han llegado a controlar hasta la cosecha y distribución de productos agrícolas como el limón en algunas zonas del país como Michoacán e incluso, un reportaje de El País señala que en Tamaulipas también cobran derecho de piso a las cooperativas escolares.
Es gravísimo que la única opción para mucha gente sea elegir entre organizaciones criminales en busca de un poco de protección sobre todo para sus familias, aún a costa de su libertad. Sin embargo, para el presidente López Obrador las reacciones ante el citado video no son más que propaganda de sus opositores que lo usan para atacar a su gobierno desconociendo el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que precisamente hace referencia al control que detentan los grupos delincuenciales y la negligencia o complicidad de las autoridades, así como el duro comunicado de la Diócesis de San Cristóbal que de plano se refiere a un estado fallido.
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Probablemente también le moleste que se difunda la noticia sobre el levantamiento de siete jóvenes de entre 14 y 18 años en un municipio de Zacatecas -quizá se trate de reclutamiento forzado-, o el hallazgo de 12 cuerpos mutilados en varios puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Es un hecho que la presencia abierta de la delincuencia organizada cada vez se extiende más a lo largo del territorio nacional interviniendo en un mayor número de actividades, y empleando por tanto a una gran cantidad de personas.
Un estudio del investigador y matemático Rafael Prieto-Curiel junto con Gian María Campedelli y Alejandro Hope, que se publicó en la prestigiada revista científica Science, revela que “el narco” emplea entre 160 mil y 185 mil personas -muchas de ellas por la fuerza pero también por carecer de alternativas dado su contexto económico y social- siendo el quinto mayor empleador del país únicamente por debajo de Femsa (321 mil), Walmart (231 mil), Manpower (203 mil), y América Móvil (181 mil), superando por ejemplo a las tiendas Oxxo.
También señala que, si cada una de éstas persona mantiene al menos a otra, la economía que depende directamente del narco es similar a la población de ciudades como Iguala o Tonalá. Otro dato importante que arroja dicho estudio es que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen en conjunto alrededor de 10o mil elementos desplegados para combatir a los grupos criminales, es decir, apenas poco más de la mitad de las personas que estos tienen bajo sus órdenes. Se podrá cuestionar la metodología o las cifras que arrojan esta investigación, pero la realidad es que un gran número de personas están vinculadas y dependen directa o indirectamente de la delincuencia organizada.
Es claro que en estos tiempos todo tiene una connotación electoral -de hecho, desde que inició el sexenio-, pero es inadmisible que pretendan ocultar o minimizar los problemas del país mismos que, ante la falta de atención, serán heredados a la próxima administración independientemente de quien la encabece en condiciones aún más complicadas.