Un par de noticias buenas podrían haber salido de la LXV Legislatura, pero han sido congeladas. La primera es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (comentaré de ella en otra ocasión) que no está bien vista por algunos legisladores que ya amagan con congelarla. La segunda es la reforma laboral que reduce de 48 a 40 horas semanales, que se iba a votar en estos días, pero quedó también “transferida” a los pendientes legislativos.
Esta última se agrega a la ampliación de 1 a 2 días de descanso por cada cinco de trabajo. Con esta reforma, que modifica los estándares laborales de jornadas y días semanales laborables, se suma a los doce días continuos de vacaciones en el primer año de trabajo, promovida por la Senadora Patricia Mercado en el Senado. De suerte que se aumentarán en dos días por cada año trabajado hasta llegar a 20, que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, marca un hito importante en los estándares laborales establecidos desde hace más de cinco décadas en la Ley Federal del Trabajo (Art.61º.)
Con estas disposiciones México podría abandonar el primer lugar en la lista de países de la OCDE con las jornadas laborales más extensas, en 2018 y 2019, con 2.128 horas de trabajo al año por empleado, frente al promedio de 1.716 de este grupo de países y, con el salario promedio más bajo en comparación de los demás países. El problema es que dado que en México, entre 90 al 98% de las empresas que aportan alrededor del 70% de los puestos de trabajo son pequeñas y medianas [PYMEs], las resistencias y dificultades para que estas medidas se apliquen son considerables. A estas dificultades abona la informalidad de los empleos que captura hoy a 32.4 millones de personas, que ya sea por cuenta propia, en empresas o en actividades agropecuarias carecen de derechos laborales como tener un contrato, acceder a la seguridad social y los servicios de salud y, disponer de créditos a las vivienda. Así en los hechos solo 26.1 millones de personas podrían beneficiarse de las reformas mencionadas.
Las condiciones sociales de las personas trabajadoras en México es, por muchas razones un problema apremiante, que requiere una solución gradual pero sostenida, si realmente el país se quiere poner en condiciones de aprovechar las oportunidades que le puede brindar el nearshoring, la subcontratación o deslocalización por cercanía con el destino final del producto, que es la gran ventaja del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Al respecto las predicciones económicas (https://mundi.io/exportacion/que-es-nearshoring/) señalan que las grandes importadoras americanas están dejando de ver a China como su principal proveedor de manufacturas, y buscarán diversificar sus abastecedores en los márgenes más cercanos para acortar los costos, tiempos y eventualidades de la logística de abastecimiento. México puede colocarse como un socio conveniente en la proveduría de partes, componentes y servicios hacia el mercado norteamericano.
Pero esta oportunidad puede perderse, como se ha estado perdiendo el bono demográfico, desde los noventas y las dos primeras décadas del siglo XXI, por falta de políticas de educación, formación técnica, capacitación para el trabajo y condiciones de bienestar, alimentación, salud, vivienda digna, descanso y esparcimiento para las y los trabajadores,
El bono demográfico ha sido definido por el World Economic Forum (https://es.weforum.org/agenda/2018/07/mexico-arriesga-su-bono-demografico/) como el potencial de crecimiento económico que resulta de una estructura de edad de la población, cuando las personas en edad de trabajar —entre 15 y 64 años— son más que las personas dependientes —menores de 15 años y mayores de 65— . Este bono se conforma también por la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y por la disminución de población dependiente por cada familia u hogar. Con menos hijos, las familias pueden destinar más recursos para la salud y la educación. Desde esta perspectiva, con más hijos en edad de trabajar o, menos dependientes que sostener, los ingresos de las familias rinden más, y pueden acceder a más satisfactores en alimentación para incrementar la esperanza de vida de sus integrantes.
Pero los beneficios marcoecnómicos y sociales del bono demográfico no se dan en automático; se requieren políticas públicas que logren elevar la calidad de la formación profesional o técnica, alimentación, salud, descanso, etc., que a su vez potencien la competitividad y productivas y todo esto supone el avance y mejora en las condiciones laborales de la población
De acuerdo a la pirámide de edad, el pico máximo de este bono lo alcanzamos en 2019 y a partir de este año, disminuirá paulatinamente hasta evaporarse alrededor del año 2040. Es decir, nos quedan escasos diecisiete años para dar el salto. Lo que significa que, si en los próximos siete u ocho años no tomamos en serio a nuestra población, que es el recurso más importante que tiene el país, habremos perdido toda esperanza de una mejoría sustantiva en términos de desarrollo y calidad de vida.
Una parte del bono demográfico ya se ha perdido por fugas de brazos y cerebros. En Estados Unidos hay aproximadamente 14 millones de mexicanos/as que salieron del país con la intención de trabajar, vivir o estudiar en el extranjero. La mayoría se ubica entre los 18 y 59 años. El flujo irregular de paisanos ha sido también enorme y difícil de cuantificar por las idas y vueltas regulares, pero también por la mezcla de población con las y los migrantes del resto de países que pasan por México. Bástenos saber que un censo realizado por el gobierno norteamericano en 2018, contó 38.5 millones de personas de origen mexicano viviendo en EU, de los cuales 12.3 millones habían nacido en México y otros 26.2 millones ya son nacidos en suelo estadounidenses pero con padres mexicanos.
Otra parte de nuestro bono demográfico se ha perdido entre los vericuetos de las drogas y la criminalidad. Recién se comienza a calcular el impacto de 423 mil 11 homicidios desde 2000 y casi 220 mil desapariciones. Cifras en las que las personas de 15 a 45 años son más del 80%. Las muertes por las drogas son también difíciles de cuantificar porque estos decesos por intoxicación generalmente son diagnosticadas muertes por paros cardiacos o respiratorios. Pero los demógrafos ya han detectado “la joroba” de la mortalidad juvenil (…) y han comenzado a estimar su impacto en la esperanza de vida en cinco años promedio para toda la población (Ordorica, M. y …)
La población joven sobreviviente a esta hecatombe, la ha pasado peleándola y sobreviviendo en medio de la precariedad y la mala vida, sin muchas oportunidades y sí mucho agobio. En el México de las últimas décadas, la población en edades laborables con posibilidades de insertarse al mercado laboral no encontró las oportunidades adecuadas. Más de la mitad de la población ocupada se ha insertado en empleos informales sin contrato, ni prestaciones. Recientemente el IMSS detectó al menos 2 millones de trabajadores que estaban inscritos en el Seguro Social por empleos temporales del outsourcing que perdieron su registro, aunque se sabe que hay 1.7 millones de trabajadores que siguen contratados por empresas de outsourcing, ahora proscritas por la ley.
El ingreso de estos jóvenes empleados no les alcanza para vivir bien con sus familias incluidas: alimentarse adecuadamente, descansar, capacitarse, formar educativamente a sus hijos/as. De acuerdo con datos de la OCDE, México mantiene una escolaridad promedio para toda la población de 9.8 años de escolaridad, todavía muy lejos de los 15 años promedio que considera la CEPAL (Panorama social, 2005) son necesarios para ponerse por encima de todas las líneas de pobreza y harto distantes de los 18 o 20 años de escolaridad promedio que tienen los países de la OCDE.
El 70% de las personas ocupadas en México ganan hasta dos salarios mínimos (ENOE 1erTmre 2023) y a sus condiciones precarias de ingreso se suma la sobre explotación, por exceso de trabajo o por una suerte de subutilización de la fuerza laboral, que contribuye a mantener los sueldos bajos y las condiciones de contratación muy por debajo de las líneas del Trabajo decente (OIT, 2019). Así mientras 52.9% de los 56 millones de la población ocupada trabajó las 48 horas semanales, alrededor de un cuarto (25.5%) laboró menos de 34 horas semanales, pero 27% (14.8 millones de personas) trabajó más de 48 horas semanales, es decir más horas de las establecidas en la jornada por el Art. 45 de la Ley Federal de 1970.
¿Obtienen estos mexicanxs más ingresos por más horas de trabajo? No, la mayoría de ellos pertenecen a los hogares con menores ingresos. 6 de cada 10 en conjunto, 66% pertenecen a hogares con ingresos de entre $3 mil 313 y $9 mil 186 pesos mensuales promedio, respectivamente). Pero 3% no recibe una remuneración económica. No tenemos todavía estimaciones de los costos en salud y años de vida saludables, que estarían detrás de estas cifras. Pero si sabemos que el 75% de les mexicanxs padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos.
En este contexto, celebrando la reforma de la jornada laboral y los días de vacaciones. Ojalá que se concreten para todas y todos los trabajadores del país. El bienestar y desarrollo humano de todes elles, deben estar en el centro de la agenda de los próximos años. De otra manera no tendremos futuro.