En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, la pobreza alimentaria y por ingresos en México ha aumentado, alcanzando en 2020 más del 52% de los hogares de México. Se esperaría además que este porcentaje haya aumentado aún más en los últimos dos años con los efectos de la pandemia de covid-19 y la elevada inflación, cuyos impactos en los hogares de menores ingresos son desproporcionadamente mayores.
De acuerdo con Máximo Jaramillo Molina, una de las raíces de este problema, no obstante que los presupuestos de programas sociales han incrementado, es que la política social del actual gobierno no se ha ocupado de realmente llegar a los hogares en mayor situación de pobreza. De acuerdo con sus estudios, solo 52% de los hogares con menores ingresos recibe al menos un programa social en comparación con el 68% del 2016. Mientras tanto, entre la población con mayores ingresos, la recepción de programas sociales se duplicó de 5% a 10%.
Si bien muchos economistas siguen insistiendo en el crecimiento económico como la única manera de combatir la pobreza, los teóricos del decrecimiento señalan que esa premisa es insostenible en el contexto de la crisis medioambiental que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones en mayor pobreza y marginación.
Frente a esta encrucijada, el más reciente reporte de Oxfam “la sobrevivencia de los más ricos”, parafrasea a Herbert Spencer y su idea de “la sobrevivencia del más apto” para hacer una crítica sobre la manera en la que las brechas de desigualdad se han ido ampliando y la forma en que particularmente lo hicieron en los últimos años de pandemia; permitiendo a quienes ya poseían una alta proporción de riqueza, multiplicarla. En el caso de México, según la organización, ésta aumentó 33%.
En ese sentido, dicho reporte apunta a que los modelos fiscales de la mayoría de los países juegan un papel central en las desigualdades imperantes: el padecimiento de hambre y desnutrición, la exclusión social de los sistemas de educación, salud y seguridad social públicos, pero también en el deterioro de las democracias y la cohesión social a partir de la polarización generada por intereses cada vez más claramente disímbolos entre las elites -locales y globales-y las mayorías.
Un ejemplo brutal que utiliza Oxfam para mostrar su punto es que mientras Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, ha pagado una tasa de impuesto real del 3% en 4 años, una mujer trabajadora agrícola en Uganda que gana 80 dólares al mes paga 40%. Al hablar sobre el impuesto a las herencias, Oxfam destaca que dos tercios de los países no lo tienen y más de la mitad de los billonarios viven en esos países. Por ello, señala el informe, en los próximos años veremos 5 billones de dólares pasar, sin impuestos, a la siguiente generación; creando una cada vez más poderosa aristocracia global.
La propuesta de Oxfam es la creación de un impuesto que se cobraría sobre la riqueza de ese 1% con más dinero. En el caso de México, Felipe Gascón señala que 1.2 millones de personas concentran el 47% de la riqueza. En ese sentido, la propuesta de Oxfam es que los milmillonarios paguen 5% y de ahí para abajo hasta el 2% para las personas con más de 20 millones de pesos (1 millón de dólares). Oxfam estima que con esta propuesta se podría aumentar significativamente la cobertura en salud pública y la inversión medio ambiental para mitigar los efectos de la emergencia climática, además de combatir el hambre.
No obstante que esta es una propuesta que debería estar al centro del debate público para quienes aspiran a cerrar brechas y mayor igualdad, es importante también voltear a ver el rol de los sistemas de justicia y su particular complicidad con los privilegios fiscales de las elites locales y mundiales.
En el caso de México ha sido un largo y tortuoso camino el de impulsar la justicia fiscal debido a que las grandes empresas y millonarios utilizan trampas fiscales y principios constitucionales para proteger sus ingresos. Recientemente, el debate sobre prisión preventiva oficiosa (PPO) llegó a la Suprema Corte de Justicia a raíz de un amparo por temas fiscales y no por las profundas injusticias que esa pena genera. Al final, la corte expulsó el delito fiscal de la PPO pero no la herramienta per se.
Por otro lado, es importante regresar al punto de la distribución y el uso de recursos públicos, ya que contar con más recursos sin una política de transparencia y rendición de cuentas atada a una visión clara del rumbo del país que realmente priorice, en los hechos y mediciones independientes, a las personas con mayor desventaja, puede simplemente reproducir los vicios actuales. Para lograrlo, se requieren instituciones sólidas y democráticas, con estrategias políticas astutas, que sean capaces de resistir la cooptación de intereses privados. Esto, a su vez, requiere fortaleza fiscal, siendo así un círculo vicioso que solo con mucho trabajo institucional puede convertirse en uno virtuoso.
La progresista y, como dice el propio reporte, ampliamente popular propuesta de Oxfam, es un camino deseable en el contexto nacional y global que enfrentamos. Su implementación requiere estrategias de construcción de voluntad pública y de implementación que puedan convertirla en un parteaguas de la justicia social.