Mañana se celebrarán los comicios electorales más grandes en la historia de México debido a que se elegirán más de 20 mil cargos de representación popular, entre ellos, la titularidad de la Presidencia de la República, todas las curules de la Cámara de Diputados y de Senadores, varias gubernaturas, miles de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías y algunos otros puestos. La logística y el arreglo de todos los pormenores para que esta jornada se lleve a cabo de manera exitosa ha requerido de muchos meses de trabajo a nivel municipal, estatal y federal.
Sin embargo, dicha sofisticación es relativamente reciente en la historia electoral del país, tomando en cuenta que apenas van 30 años de la creación de un organismo enfocado a la garantía de la legalidad de los procesos de votación y sus réplicas en cada una de las entidades federativas. El proceso para llegar a estas instancias ha sido largo.
Fue en noviembre de 1812 que ocurrieron las primeras elecciones en el país, organizadas por el entonces virrey Francisco Xavier Venegas, en cumplimiento con la Constitución de Cádiz, promulgada unos meses antes. En estas, se elegirían dos alcaldes, 16 regidores y dos síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ante los resultados, en los que resultaron elegidos simpatizantes de las causas criollas, a favor de una emancipación de la corona española, a pesar de su cambio a una monarquía constitucional, las elecciones fueron anuladas. Lo mismo ocurrió un año después.
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Tres años después, en la Constitución de 1824 se establecieron las primeras formas en las que deberían llevarse a cabo los procesos electorales en el país y los cargos a elegir mediante el sufragio, entre ellos el de presidente, los integrantes de cada una de las dos cámaras y los gobernadores. Definiéndose al país como una república representativa, popular y federal.
Es hasta 1830 que se elabora una ley específica para reglamentar los procesos electorales y establecer el requisito de una credencial o algún documento para poder emitir un voto, así como la conformación de un Registro de Electores. Después de un período de gobierno de corte centralista, se renovó el pacto federal con las Leyes Constitucionales de 1836 o las Siete Leyes, promulgándose la Ley del 30 de noviembre de 1836. En ella se establecía un mínimo de ingresos para poder tener derecho al voto y otorgaba a la Cámara de Diputados la facultad de organizar los comicios y conformar la lista de candidatos a los puestos de Presidente, Senador y Diputado, y al de presidente e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A diferencia de lo que ocurre hoy en día, en aquella época, más que partidos políticos, los candidatos se elegían conforme a su gremio profesional y su ideología, habiendo un determinado número de escaños por profesión.
Después de 1857, tras la promulgación de la Constitución Política, los procesos electorales estuvieron centrados en el Gran Partido Liberal, dando pie a la posibilidad de reelección presidencial debido a una serie de excepciones derivadas de ciertos conflictos sociales. Para aquel momento, podían emitir su voto, los hombres mayores de edad y que comprobaran un modo honesto de vivir.
Durante el Porfiriato se denunció la cooptación de las votaciones por parte de las autoridades, dando pie a una gran serie de acomodos. Posterior a la Revolución, hubo una gran serie de modificaciones a las leyes electorales en muy pocos años, pero en el mismo sentido. Los cambios más significativos ocurrieron años después.
A mitad de siglo XX, se promulgó la Ley Federal Electoral, que entre otros cambios, definió por primera vez lo que era un partido político y sus atribuciones, el establecimiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y la creación del Consejo de Padrón Electoral. En esos años, surgen los primeros partidos políticos alejados de la hegemonía partidaria y son registrados como tal.
A finales de los 70 se modifica dicha legislación para dar pie a la Ley Federal de Organización Política y Procesos Electorales con la finalidad de otorgar representación a las minorías políticas. En esos momentos, los comicios estaban a cargo de la Comisión Electoral de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Gobernación. Con ese cambio, se dio pie a la incorporación de las y los ciudadanos a los procesos políticos a través de su posibilidad de organización.
Con este cambio, se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, otorgándosele tiempo en los medios de comunicación; introduciendo la noción de plurinominalidad, para dar espacio a esas pequeñas fracciones políticas; se abre la posibilidad de la reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se incorpora el principio de proporcionalidad.
A partir de estos cambios, los partidos no hegemónicos comienzan a ganar presidencias municipales y diputaciones. Se crean más partidos políticos, ante el rechazo a las disposiciones del partido en el gobierno y surgen más opciones políticas para los comicios electorales. En medio de este cuestionamiento, se promulga el Código Federal Electoral, a unos meses de los comicios de 1988.
La polémica en la elección presidencial de 1988, donde se puso en duda el triunfo del partido oficial, y la victoria de un partido opositor en una elección estatal para gobernador provocaron cambios en el Código, el cual cambió de nombre y se denominó como Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo principal cambio fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), el establecimiento de un tribunal en la materia y el reconocimiento de los delitos electorales. Al tribunal se le dotó de facultades mediante un respaldo constitucional, y posteriormente, se le reconoció como organismo especializado, sólo por debajo de la SCJN.
Algunas de las prácticas introducidas por el IFE fue la celebración de debates entre candidatos, previo a las jornadas electorales, la implementación de una credencial para votar con fotografía y la visibilización del organismo a través de los medios de comunicación.
Por casi 20 años, el IFE se encargó de la organización de los procesos electorales, pero, en 2014, se decidió modificar su nombre al de Instituto Nacional Electoral (INE) para homologar los estándares con los que se organizaban los procesos electorales federales y locales y garantizar altos niveles de calidad. Además de abrir la posibilidad de la participación de las y los candidatos independientes y el desarrollo de consultas populares. Otros aspectos abordados por este novel instituto ha sido el de la garantía de la paridad de género en los organismos legislativos y ejecutivos, la protección de la violencia política por razones de género y acciones afirmativas a favor de las poblaciones vulnerables como los sectores indígenas y LGBTIQ+, garantizándoles espacios de representación.
Estos serán los terceros comicios electorales organizados por el INE. En este caso, en los que más cargos de elección popular se disputen. Sin embargo, no sólo serán recordados por su magnitud, sino también, por la escalada de violencia política registrada en los últimos meses, con centenas de casos y de víctimas. En definitiva, lo urgente es sacar la jornada electoral de este domingo, pero no puede dejarse de lado el plantear soluciones integrales ante los hechos violentos de estos últimos meses, relacionados directamente con los procesos políticos.
Sin duda, esta elección puede representar un punto de inflexión en la historia electoral del país, pero, puede serlo para un mejor porvenir de la cultura democrática o para entrar en una crisis sin precedentes en la materia a causa de la falta de seguridad y la garantía de integridad para las y los participantes en los procesos.