En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 se destinaron 93.7 millones de pesos (mdp) a Unidades Responsables (UR) que realizan acciones contra el trabajo infantil en México, lo cual es una disminución del 7.9% respecto a 2024, informó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En 2023, 36.2 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) de 0 a 17 años residían en México. De esa cantidad, se calcula que en 2022, 3.7 millones de NNA de 5 a 17 años realizaban trabajo infantil, según información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
La ocupación no permitida (ocupados en trabajos prohibidos debajo de la edad mínima o en trabajos peligrosos) fue realizada por 2.1 millones de NNA (7.5%) entre los 5 y los 17 años. Asimismo, 1.9 millones de NNA realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, el 6.7% de la población de 5 a 17 años.
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"El gasto público destinado a la erradicación del trabajo infantil constituye un elemento clave para la implementación efectiva de políticas orientadas a garantizar los derechos de NNA", resalta el informe del CIEP realizado por la investigadora Itzel Loredo Ramírez.
¿Qué ocurre con el presupuesto destinado este 2025?
En 2025, los 93.7 millones de pesos destinados a la prevención del trabajo infantil se encuentran asignados a las UR; sin embargo, "no se encuentran enmarcados dentro de programas presupuestarios específicos que atiendan de forma directa esta problemática", señala el centro de investigación.
Añade que es fundamental el diseño e implementación de "programas presupuestarios específicos que atiendan de manera directa el trabajo infantil".
El trabajo infantil en México
Contexto: Este 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y, para comprender más sobre los factores de riesgo que enfrentan NNA inician en el hogar, indica ChildFund, organización de la sociedad civil (OSC) sin fines de lucro, en donde sobresalen:
- La violencia intrafamiliar,
- El consumo y abuso de alcohol y drogas,
- La negligencia
- La limitada economía familiar.
Entre los factores de riesgo en el ámbito familiar, se reveló que "la línea divisoria entre tareas y trabajo infantil es sumamente fina y se reconoce que NNA son sometidos a trabajos pesados que exceden sus capacidades".
Las niñas, a partir de los seis años, se encargan de tareas domésticas o cuidan a hermanos pequeños; mientras que los niños, a sus ocho años, se incorporan a las actividades del campo o el pastoreo, principalmente.
"En este sentido, no solamente las capacidades físicas de NNA son superadas y abusadas, sino también sus derechos a la educación, recreación y esparcimiento", remarca la OSC.
El presupuesto y su ejercicio
Además de la contracción anual en el presupuesto, el centro de investigación menciona que "en 2024 se aprobaron 101.7 mdp, se ejerció el 58.6% de ese presupuesto, lo que evidencia una brecha entre la asignación de recursos y su ejecución efectiva".
En los últimos cinco años, en 2021 se registró el mayor monto ejercido con 84.1 mdp que se dirigió al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
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Para 2022, el presupuesto total se redujo a 52.2 mdp, marcando un importante descenso respecto al año anterior. Durante 2023 y 2024, los recursos ejercidos se mantuvieron relativamente estables.
Esto revela que el gasto público destinado para la prevención ha sido "inconsistente y, en algunos casos, subejercido", anota el CIEP.
La importancia de la política pública
El CIEP menciona que existe una persistencia en el trabajo infantil en México y, ante esto, hay una "necesidad de construir intervenciones integrales que combinen regulación laboral, protección social, acceso efectivo a la educación, fortalecimiento comunitario e institucional, y una asignación presupuestaria adecuada y consistente".
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Por ello, el papel del gasto público es central para garantizar los derechos de NNA en México y previene costos a futuro relacionados con la baja escolaridad, la informalidad laboral, la exclusión social y los ciclos de pobreza y desigualdad, concluye el centro de investigación.