La libertad de expresión y el derecho a la información en Sinaloa volvieron al centro del debate luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara un artículo del Código Penal estatal que sancionaba a quien obtuviera información mediante medios tecnológicos sobre las acciones de instituciones de seguridad pública.
El máximo tribunal determinó que la norma era excesiva y podía criminalizar la labor periodística y el acceso a información de interés público.
El caso se resolvió a partir de la acción de inconstitucionalidad 61/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 293 Bis, fracción III, del Código Penal de Sinaloa.
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Dicho precepto establecía penas de hasta 15 años de prisión para quien obtuviera, mediante cualquier medio tecnológico, información sobre las acciones, actividades o ubicación de instituciones de seguridad pública.
De acuerdo con la Corte, la redacción de la norma era demasiado amplia y podía castigar incluso la obtención o difusión de información pública relacionada con operativos de seguridad.
El tribunal consideró que la medida no superaba un escrutinio estricto de constitucionalidad, ya que no era necesaria en una sociedad democrática y vulneraba los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.
La CNDH argumentó que el artículo permitía criminalizar la búsqueda y difusión de información sobre seguridad pública, un tipo de contenido que está protegido por el artículo 6º constitucional.
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Además, advirtió que la disposición no precisaba qué tipo de información estaba prohibida ni exigía que la obtención tuviera fines ilícitos, lo que abría la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades.
Durante el proceso, el Congreso de Sinaloa defendió la norma al señalar que su objetivo era combatir prácticas de “halconeo”, es decir, el espionaje de movimientos de fuerzas de seguridad por parte de grupos delictivos para evitar operativos o alertar sobre su presencia.
Sin embargo, la Corte consideró que la redacción del tipo penal era sobreinclusiva y podía afectar a periodistas, investigadores o ciudadanos que documentaran o reportaran actividades de seguridad.
ONG advirtieron sobre riesgos a libertad de expresión
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión también han alertado sobre el riesgo de legislar con definiciones ambiguas en el entorno digital.
La organización ARTICLE 19 y la organización civil Iniciativa Sinaloa han expresado preocupación por iniciativas en el Congreso estatal que, bajo el argumento de combatir la violencia digital o proteger a sectores vulnerables, terminan incorporando delitos con términos amplios como “difamar”, “exhibir” o “compartir”, lo que podría criminalizar expresiones críticas en internet.
Las organizaciones señalaron que las propuestas legislativas deben cumplir con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
También advirtieron que limitar la expresión en línea mediante sanciones penales puede derivar en censura y afectar investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción o debates de interés público.
Además, recordaron que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la libertad de expresión protege incluso discursos incómodos o críticos hacia funcionarios públicos, por lo que las restricciones deben ser excepcionales y claramente delimitadas.
En este contexto, ARTICLE 19 e Iniciativa Sinaloa llamaron a las legislaturas estatales a evitar reformas que utilicen conceptos ambiguos o mecanismos de censura anticipada, así como a promover procesos de parlamento abierto con participación de especialistas, periodistas y sociedad civil antes de aprobar regulaciones que afecten el espacio digital.
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