El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá cumplir el resto de su condena en el Reclusorio Norte, luego de que la jueza federal Ángela Zamorano Herrera le negó la solicitud de libertad anticipada.
La decisión fue emitida este viernes por la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal, quien concluyó que Duarte no satisfizo la totalidad de los requisitos legales estipulados en la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder al beneficio.
Duarte, sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, había solicitado el recurso el 6 de noviembre, argumentando que ya había cubierto el 95% de su pena (3,143 días). Su condena está programada para finalizar en abril de 2026.
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La denegación se basó principalmente en dos incumplimientos fundamentales.
Proceso penal vigente
Uno de los requisitos no cumplidos fue el de no contar con un proceso penal activo. La jueza Zamorano Herrera determinó que Duarte aún tiene vigente una acusación por el delito de desaparición forzada.
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Aunque la defensa del exmandatario logró que un juez decretara el sobreseimiento (cancelación) de este proceso, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz impugnó la resolución. Debido a que esta apelación se encuentra pendiente, el sobreseimiento no se considera firme. La juzgadora enfatizó que el delito de desaparición forzada amerita prisión preventiva oficiosa, lo cual es un impedimento para otorgar la libertad anticipada. El abogado de Duarte, Pablo Campuzano de la Mora, insistió en que su cliente no ha sido acusado como autor del delito de desaparición forzada, sino únicamente de haber obstaculizado la investigación, y que la acusación ya había sido cancelada.
Incumplimiento del plan de readaptación social
El segundo factor decisivo fue la insuficiencia probatoria presentada por la defensa para demostrar el cumplimiento del plan de reinserción social. La jueza indicó que Duarte de Ochoa no acreditó haber llevado a cabo, durante los más de ocho años que lleva internado, las actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas requeridas para su readaptación.
A pesar de que la jueza reconoció que Duarte había cumplido con el requisito de buena conducta, esta fue matizada por sanciones previas por haber introducido artículos no permitidos a su celda, como alcohol sólido, un módem con internet de banda ancha, un teléfono celular y una pluma con cámara de videograbación.
Tras conocer la resolución, Pablo Campuzano anunció que apelará la decisión de la jueza Zamorano Herrera, aunque la condena está a menos de seis meses de concluir
Jueza aplaza resolución sobre libertad anticipada
El miércoles, la Fiscalía General de la República reiteró su oposición a la libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La defensa planteó que el sentenciado completó gran parte de su pena y que reúne los requisitos legales. La jueza emitirá una resolución hasta el próximo viernes.
El exmandatario estatal recibió en 2018 una condena de nueve años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su defensa sostuvo que el cómputo comenzó en abril de 2017, cuando fue detenido en Guatemala.
El fiscal Manuel Granados expuso que la conducta del sentenciado dentro del penal impide el beneficio. Señaló que existen elementos disciplinarios y procesales que muestran incumplimientos.
El planteamiento de la Fiscalía se centró en el comportamiento sostenido de Duarte durante su internamiento y en la falta de cumplimiento del plan de actividades requerido por la ley.
Mala conducta disciplinaria
La FGR presentó registros de dos sanciones internas emitidas en 2019 y 2020. En esos expedientes, autoridades penitenciarias informaron que Duarte guardó artículos no permitidos.
Los objetos enlistados fueron cuatro latas con alcohol, un teléfono celular, un módem y una pluma con cámara. Las autoridades aplicaron restricciones de visita por 15 días en cada caso.
El fiscal señaló que estos episodios reflejan un incumplimiento a las reglas internas. Agregó que el beneficio de libertad anticipada exige una conducta continua que no muestre incidentes de este tipo.
La autoridad sostuvo que los reportes disciplinarios impiden el avance del proceso de preliberación.
Mala conducta procesal
La Fiscalía también incorporó un episodio ocurrido en 2022. Un testigo explicó que Duarte rechazó asistir a una audiencia y argumentó malestar físico.
El mismo testigo señaló que el exgobernador cuestionó la competencia del juez y no atendió la orden de presentarse. Custodios lo trasladaron en una silla para que la diligencia continuara.
El fiscal Granados afirmó que ese comportamiento demostró resistencia procesal. Añadió que la autoridad necesita colaboración del sentenciado para permitir el beneficio que la defensa solicita.
El Ministerio Público señaló que la secuencia de hechos procesales constituye una conducta incompatible con la liberación anticipada.
Plan de actividades y requisitos legales
La FGR indicó que el plan de actividades exigido para la preliberación no está cubierto con la periodicidad que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Expuso que este requisito forma parte del análisis integral del caso.
Además, la Fiscalía detalló que el sentenciado debe cumplir cada uno de los parámetros de la ley, entre ellos la conducta, el plan de actividades y las sanciones previas.
La autoridad sostuvo que, mientras existan pendientes o incumplimientos, la preliberación no puede proceder. El planteamiento fue presentado ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, responsable de resolver la solicitud.
Tras casi doce horas de audiencia, y tras escuchar a los testigos restantes de la FGR, la jueza Ángela Zamorano Herrera pospuso la decisión de si dar o no libertad anticipada al exgobernador hasta el próximo viernes.
La estrategia de la defensa y la respuesta fiscal
El abogado Pablo Campuzano afirmó que su representado alcanzó un porcentaje elevado de la condena y que la ley permite su solicitud. Durante la audiencia, pidió que Duarte recibiera el beneficio al considerar que cumplió el tiempo requerido.
El defensor acusó a la Fiscalía de recurrir a expedientes que la defensa cuestionó en procesos previos. Señaló que esos casos incluyen testimonios relacionados con actos de tortura.
Campuzano sostuvo que existe la posibilidad de que la FGR busque nuevas acciones penales. Indicó que esa situación podría impedir la salida de su cliente aun si la jueza acepta la petición.
El fiscal respondió que la oposición se basa exclusivamente en los parámetros legales para la preliberación.
VGB