Más de seis mil millones de pesos que se encuentran en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que debían ser entregados a la Tesorería aún están en poder de Nacional Financiera (Nafin), que se negó a entregarlos por las suspensiones concedidas a quienes impugnaron la reforma judicial impulsada por el gobierno y su mayoría en el Congreso.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó en diciembre que su presidenta, la ministra Norma Piña, dio la instrucción de enviar los recursos de los fideicomisos del PJF a la Tesorería de la Federación para cumplir con lo dispuesto en el décimo artículo transitorio de la reforma judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En Banobras, el banco del gobierno que financia obras de infraestructura, y en Nafin se guardan los recursos de los fideicomisos que la Corte ha creado para pagar las pensiones complementarias de sus mandos superiores, las pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, las prestaciones médicas, el producto de la venta de publicaciones CD´S y otros proyectos, los remanentes presupuestales y el Fondo nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de Justicia (Fondo Jurica).
En total, al 30 de septiembre, fecha del último reporte trimestral de los seis fideicomisos, había 7 mil 177 millones de pesos.
Banobras entregó los 853 millones de pesos del Fondo Jurica, pero los 6 mil 430 millones de los otros fideicomisos en poder de Nafin no se entregaron por la financiera encargada de financiar a empresas pequeñas y medianas, así como proyectos prioritarios de inversión.
Nafin acata lo que el gobierno pide no atender
De acuerdo con la Corte, Nafin reportó que no puede cumplir con la instrucción que giró por la ministra Piña porque hay varias suspensiones definitivas otorgadas en contra del decreto que declaró la entrada en vigor de la reforma judicial.
El decreto establece que los recursos, incluidos sus rendimientos, deberán entregarse, a más tardar, noventa días después de la entrada en vigor del decreto (15 de septiembre de 2024), por lo que el plazo se cumplió el 15 de diciembre.
El decreto establece también que “los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos (…) y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente y a los demás fines que esta determine”.
De acuerdo con diversos conteos, el gobierno y el Legislativo no han cumplido con más de 140 suspensiones otorgadas a trabajadores, partidos políticos y legisladores que se han inconformado contra la reforma.
Trabajadores del Poder Judicial, como la jueza Nancy Juárez, quien ordenó retirar su publicación del Diario Oficial, han señalado que el gobierno y su mayoría legislativa incurren en desacato al no suspender la discusión de la reforma, funcionarios de la administración y la propia presidenta han dicho que las suspensiones no proceden y no deben aplicarse.
El 17 de octubre, apenas dos semanas después de tomar posesión, Claudia Sheinbaum acusó a los jueces de no cumplir con la ley.
“Ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien, es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras; se está queriendo poner que la presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de derecho”.
La consejera jurídica Ernestina Godoy también afirmó que las suspensiones son improcedentes y que los jueces que las han emitido actúan contra la Constitución.
La jueza Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) ha informado que 10 funcionarios públicos, principalmente del Instituto Nacional Electoral, han sido multados por no respetar las suspensiones y que se podría dar vista al ministerio público por no acatarlas.
Las suspensiones concedidas
El lunes 23 de septiembre la Jufed solicitó al INE cumplir con al menos tres suspensiones judiciales que impedían el arranque del proceso electoral extraordinario 2024-2025, en el que se inicia el camino para que se elijan a jueces por la vía del voto popular.
La Jufed hizo un llamado a la titular del árbitro electoral Guadalupe Taddei a que se deje sin efecto la asamblea extraordinaria encaminada a discutir la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, derivado de la reforma judicial.
La asociación de jueces y magistrados expuso que el INE omite tomar en cuenta que en el juicio de amparo indirecto 1251/2024, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, se otorgó la suspensión contra la reforma judicial.
El 31 de agosto la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión que impedía la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial en el pleno de la Cámara de Diputados, programada para el inicio de la nueva legislatura el 1 de septiembre. Sin embargo, en el Poder Legislativo se continuó con el trámite, haciendo caso omiso a la resolución de la jueza.
El día 4 de septiembre, la jueza dio la suspensión definitiva a cuatro jueces que se ampararon en contra de la discusión de la reforma judicial que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados.
Hay otra suspensión derivada del juicio de amparo indirecto número 1190/2024, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que las Cámaras del Congreso Federal se abstuvieran de enviar a las legislaturas locales las reformas constitucionales respectivas, hasta que no se determine lo pertinente sobre el fondo del asunto.