El trabajo infantil en México sigue existiendo y uno de los lugares donde más se presenta es en los campos agrícolas de San Quintín, en Baja California. Aunque los jornaleros estén afiliados en sindicatos, no siempre los representantes sindicales están al pendiente de que los patrones no contraten a niños o adolescentes, explica la secretaria general de Sindicatos Unidos con México Moderno (Sucomm), Sol Merino, en entrevista con La Silla Rota.
Tampoco hay suficientes inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que verifiquen que se cumple la ley.
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Sucomm impulsó que las empresas con las que tienen 21 contratos colectivos de trabajo se incluyan cláusulas donde no sólo se prohíbe emplear a niños, niñas y adolescentes, sino que si lo hacen, es motivo de huelga, advierte Merino, quien fue diputada por el PRI en la LXIV Legislatura.
“Si se violan estas cláusulas, podemos hacer un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo y eso ya pasa a los tribunales laborales, podemos hasta parar la misma planta hasta que se llegue a una negociación con respecto al tema, de tener que quitar esto y evidentemente estamos empujando a que la autoridad también sancione”, continúa.
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Con esto también se busca combatir parte de la cultura que hay en San Quintín, donde es común que sean los propios padres de familia quienes ponen a trabajar a sus hijos, o casos más extremos, de que se llegue a cambiar a un niño por una vaca.
Incluso, el Sucomm ha encontrado la oposición de padres a que sus hijos no trabajen con ellos, porque no lo ven mal, pero los niños no deben estar trabajando sino disfrutando su niñez y estudiar, como dice la Organización Internacional del Trabajo y la ley mexicana, enfatiza.
En el caso del Sucomm, la organización revisa junto con los trabajadores que se cumpla la ley y abatir las cifras que reveló la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Inegi de 2022.
De acuerdo con los datos del instituto, en 2022 había 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizaban trabajo infantil, de los cuales 2.1 millones realizaron actividades económicas no permitidas, y 1.9 millones hacían quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, durante horarios prolongados o expuestos a riesgos.
“Entonces es ponerle nada más un tópico a nuestra labor que sería el ver que no estén contratando niños, que no estén dentro del campo. No nos afecta nada y al contrario beneficia mucho a toda la sociedad”, dice la activista laboral.
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Una puerta al trabajo administrativo
Sin embargo, también reconoce que hay otro contexto: el de la presencia de grupos de la delincuencia organizada en San Quintín, que se acercan a los adolescentes menores de edad para reclutarlos. Por ello se incluyó la cláusula de que en trabajos administrativos sí pueden trabajar en las edades que la propia ley permite y con la autorización de sus padres, de 15, 16 y 17 años.
“Se da mucho y aparte si los papás buscan que se les dé la oportunidad en un área administrativa como auxiliar o lo que sea, si la empresa quiere, no nos vamos a oponer a eso. Al final es también brindarles otra herramienta a los papás para que sus hijos no se encuentren inmiscuidos en un ambiente en el que no queremos nadie”, explica.
El reporte sobre trabajo infantil en 2023 dado a conocer por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos señala que México ha cumplido con la creación de reglas y leyes para eliminar o limitar las peores formas de trabajo infantil, sin embargo, la falta de inspectores a nivel federal y la supervisión intermitente de los estados en los centros de trabajo dificulta cumplir con el compromiso de eliminar el trabajo de los menores de edad.
Se le pregunta si hay permisividad de otras organizaciones laborales para que haya niños y adolescentes trabajadores, por encima de la ley. Su respuesta es que no vigilan adecuadamente.
“No recorren realmente todo el campo. Hay campos agrícolas aquí en San Quintín que son enormes, nos hemos topado con infinidad de situaciones, no solamente por temas de niños. Ahora sí que de violación a los derechos de los trabajadores mismos”.
Algo similar ocurre con los inspectores de la STyPS, pues en toda Baja California sólo hay 4 y en ocasiones sólo se dedican a la revisión de temas administrativos y no a revisar si hay niños trabajando, concluye.
“Yo sí he visto que ahorita las empresas les están llegando y pidiéndoles todas las nóminas, o sea, eso están haciendo los inspectores, en vez de ir a revisar a lo mejor otro tipo de cosas, no las nóminas que pueden revisarlo en el SAT si las están timbrando, puedes revisar en las mismas instituciones de gobierno. Pero bueno, se han aplicado mejor en hacer un tipo de persecución administrativa con las empresas.
“Cuando nosotros hemos pedido una inspección por cuestiones de seguridad de que no cuentan con algo X, Y o Z empresa, a veces no lo toman como prioritario. Me imagino que si les pedimos que vayan a San Quintín pues no van a ir, está re'lejos, a cuatro horas de Tijuana”, concluye Merino.
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VGB