Asociaciones y organizaciones que agrupan a más de 1,800 magistrados y jueces y a más de 52,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación solicitaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la iniciativa de reforma judicial.
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“La Medida Cautelar es un recurso que se presenta ante un organismo internacional ante situaciones graves y urgentes que producen daño irreparable. Este mecanismo fue activado para denunciar ante esa instancia el Proyecto de Reforma Constitucional (relativa al Poder Judicial) sobre la base de las interferencias arbitrarias e inconstitucionales a la independencia y autonomía del Poder Judicial”.
Ante las protestas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que los trabajadores "están en su derecho", pero sus propuestas ya fueron incluidas en el dictamen, y advirtió que hay "una composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces que son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores".
"Y por otro lado, la posibilidad de que, en condiciones de equidad y de transparencia, puedan aspirar todos los que tienen carrera judicial a que, sin que haya favoritismo, sin que se tuerza la decisión por encima de sus capacidad, puedan ser electos por el pueblo de México".
Las Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo de personas juzgadoras Guardianes de la Constitución y el colectivo Circuitos Unidos Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con el apoyo de Iniciativa Americana por la Justicia, presentaron un documento con un análisis de los antecedentes del Proyecto de Reforma Constitucional, incluida la intervención de la Relatora Especial sobre independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, describe los hechos y circunstancias actuales, así como las irreversibles consecuencias que acarrearía la entrada en vigor de la cuestionada propuesta legislativa.
El documento presentado ante la CIDH “sustenta el pedido formulado en los estándares aplicables a la materia emanados de organismos internacionales, se aboca a desarrollar las particulares afectaciones a la independencia judicial, la separación de poderes, el orden democrático y el Estado de Derecho, además de hacer especial hincapié en la importancia de la estabilidad en los cargos y las condiciones para la separación del mismo.
Finaliza el escrito con una revisión del deber de convencionalidad de la Constitución, el límite a las ‘mayorías’, el respeto del derecho de las ‘minorías’ y cierra con las medidas concretas allí solicitadas”.
Para las asociaciones firmantes, este esfuerzo colectivo debe ser interpretado como la intención abierta de entablar un diálogo productivo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que permita la revisión amplia de la propuesta y su adecuación a los derechos e intereses en juego, además de las exigencias internacionales vigentes.